LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía para declarar en una investigación que involucra presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en los últimos tres meses. Según el abogado de la mandataria, Joseph Campos, Boluarte deberá comparecer ante la fiscal general Patricia Benavides el próximo 31 de mayo.
Esta no es la primera vez que Boluarte es citada para declarar en el marco de esta investigación. En enero, febrero y marzo, recibió citaciones anteriores, pero no ha prestado declaración hasta el momento. En el mes de marzo, la procuraduría solicitó participar en las diligencias, lo que llevó a que el interrogatorio fuera pospuesto.
Hasta el momento, la presidenta no ha realizado comentarios públicos sobre la citación de la fiscalía. La Associated Press buscó una respuesta de la fiscalía respecto a este caso, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.
Cabe destacar que el primer ministro, Alberto Otárola, ya fue interrogado en enero y febrero en el marco de la misma investigación. Las protestas que se llevaron a cabo dejaron un saldo trágico de más de 60 muertos y más de 1.300 heridos, según informes de la Defensoría del Pueblo. La gran mayoría de las víctimas mortales eran civiles, quienes fueron alcanzados por proyectiles de armas de fuego, y algunos recibieron disparos en la cabeza.
Dada la gravedad de los delitos investigados y el rango de las personas implicadas, la fiscal general está a cargo de la indagación. El genocidio, uno de los delitos que se imputan, está penado con una pena mínima de 20 años de prisión. Además de la presidenta Boluarte, la investigación también incluye al exprimer ministro Pedro Angulo y a otros exfuncionarios.
Cabe recordar que Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre luego de que su predecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentara disolver el Parlamento y fuera destituido. Castillo actualmente cumple una detención preventiva de 18 meses en una cárcel para presidentes en Lima, acusado del presunto delito de rebelión.
Estas protestas, que comenzaron en las zonas rurales del sur de los Andes, exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Con el paso del tiempo, las manifestaciones se extendieron hasta llegar a la capital, Lima, aunque desde mediados de febrero se han calmado.
Sin embargo, hasta el momento, el Congreso no ha tomado una decisión sobre adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro propuestas para acortar el mandato de Boluarte y los legisladores fueron archivadas debido a la falta de los votos necesarios para su aprobación.
Una encuesta reciente realizada por la firma Ipsos Perú revela que el 75% de los encuestados desaprueba la gestión de Boluarte, mientras que solo el 16% la apoya.