Al presidente de Chile, Gabriel Boric, le molesta la prensa local. Dice que no lee los periódicos “a estas alturas” pero asegura que “es impresionante el afán por preferir las malas noticias”. Incluso, confiesa que no entiende a quienes siguen los diarios El Mercurio, La Tercera, La Segunda. “¿Cómo les queda el corazón a sus lectores después de revisar sus páginas?”, se pregunta desestimando que su gobierno es quien propicia los contenidos publicados.
Según el mandatario chileno, “hay muchas buenas noticias que dar”. Es la misma postura con la cual su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, intensificó la estigmatización de los medios de comunicación, lanzando cada 16 horas una agresión en contra de los periodistas en el país azteca, para un total de casi 3000 ataques en su mandato.
Boric quiere una línea complaciente en los medios chilenos. Sin embargo, su administración protagoniza el escándalo de corrupción más grande conocido en la nación austral debido al traspaso de fondos públicos de forma directa a 53 fundaciones aliadas del Ejecutivo por al menos 32.000 millones de pesos (34,5 millones de dólares). La cifra corresponde sólo a las primeras pesquisas de la Fiscalía y la Contraloría.
Guardar silencio frente a ello es imposible para cualquier medio responsable. Tampoco es posible que la prensa esconda el avance del crimen organizado, el aumento de las cifras de inseguridad, el récord de viajes y viáticos en el Ministerio de Energía, la paralización de las escuelas hace más de 50 días en la zona de Atacama cuando su cartera está a cargo del Nicolás Cataldo, el primer comunista en el puesto, así como el revés del ministro de Economía, Nicolás Grau, luego de ser desmentido por la empresa china Sinovac por sus declaraciones inconsistentes sobre el acuerdo para establecer en Chile una planta de vacunas.
Un asedio pronosticado
Esta tormenta contra los medios chilenos la pronosticó PanAm Post dos meses antes de la toma de posesión de Boric, cuando el entonces presidente electo le refutó al canal Meganoticias que se refiriera a su pareja, Irina Karamanos, como su “polola” –novia en la jerga local– en lugar de mencionarla por su nombre.
El medio en aquel momento asintió. Le respondió estar “totalmente de acuerdo”. La empresa evitó polemizar con quien sería el próximo inquilino de La Moneda.
Sin embargo, la hostilidad ya se asomaba. De hecho, la intimidación de Boric al periodista de Radio Bío Bío, Mario Vera, al terminar una rueda de prensa por haberle preguntado por las fechas de sus pruebas antidrogas contradijo su promesa de que escucharía más de lo que hablaría.
La visión de Gabriel Boric se radicalizó. Cree que los medios chilenos reseñan un “país infernal”, pero la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lo enfrenta. En un comunicado precisa que “las expresiones del presidente Gabriel Boric vulneran el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 donde se establece que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’”.
Presión a proveedores
El asedio de Boric a la prensa chilena, puntualizando incluso los nombres de las empresas, deja claro que presiona a los proveedores comunicacionales del Estado, considerando que el último informe del Consejo para la Transparencia revela que las contrataciones efectuadas vía Convenio Marco tienen a las Empresas El Mercurio S.A.P., la Sociedad Periodística Araucanía, Empresa Periodística El Norte S.A. y El Mercurio de Valparaíso concentrando órdenes que bordean los 8.000 millones de dólares entre 2019 y 2020.
El presidente sabe por donde acorralar a los medios con la pauta publicitaria. Y lo está haciendo, ya que el dinero destinado a difusión y publicidad en medios de comunicación gastado por la Presidencia y municipalidades no es posible rastrear por completo, así lo sostiene el Observatorio del Gasto Fiscal, después de intentar recopilar datos en 2018 sobre este tema a partir de cuatro fuentes públicas: el Congreso, la Contraloría General, la Dirección de Presupuesto y ChileCompra.
Según los resultados finales del informe de esta organización, los entes públicos gastan unos 28.000.000 de dólares de forma muy concentrada. Destacan los siguientes casos: en las arcas de El Mercurio quedan 9.000.000 repartidos entre sus empresas relacionadas, le siguen el grupo Copesa con cerca de 2.000.000, la Archi con 1.000.000, Radio Bío Bío con 400.000 dólares y Radio Cooperativa con 370.000 dólares.
Quedan unos 10.000 millones de pesos chilenos (11,5 millones de dólares) sobre los que no se ha podido precisar su asignación. Presumiblemente se trata del dinero que llega a las agencias de publicidad desde el Estado para la creación de campañas y difusión de estas –con planes de medios preparados por estas mismas agencias–. Así, parte de estos recursos llega a los medios en forma de avisos.