El Ejército de Chile tomará durante los próximos tres meses las zonas fronterizas del note del país –especialmente las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta que colindan con Perú y Bolivia– ante el arribo diario de 400 migrantes por pasos no habilitados.
Los efectivos tomarán la «macrozona norte» que abarca 2000 kilómetros de frontera para implementar un control de identidad exhaustivo que permita comprobar los vínculos con delitos o grupos de quienes por ahí se movilizan. También estarán autorizados para registrar el equipaje por la Ley de Resguardo de Infraestructura Crítica, aprobada por el presidente Gabriel Boric. A través de su cuenta en Twitter, el Ejército de Chile, divulgó que también está utilizando drones.
«Las patrullas están dotadas con armamento militar, el equipo que usamos normalmente cuando salimos a terreno y las facultades que están en el decreto la función es disuadir a los migrantes que tratan de entrar al país, para que lo hagan por el paso habilitado y si no es así hacemos el procedimiento deteniéndolos y los entregamos a Carabineros que realizan la reconducción hasta las instalaciones de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile), y que hasta el momento llevamos cinco reconducidos», informó el general de brigada, Guillermo Altamirano Campos, jefe de Fuerza de la Región de Arica y Parinacota.
Una crisis en ascenso
Un año después de llegar al poder, Gabriel Boric mandó a militarizar la frontera en respuesta a las constantes denuncias de las autoridades locales sobre la ola migratoria incesante que presiona los servicios de salud, sociales, espacios públicos y seguridad.
La demora genera dudas sobre la efectividad de la militarización de la frontera. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, tiene las suyas. «Soy bastante cauto, sé que con esto no se va a solucionar todo el problema que tenemos de fronteras totalmente abandonadas por el Estado», dijo sin temor a cuestionamientos desde La Moneda.
En esa línea, consideró que el arribo del Ejército «tiene que venir de la mano con acciones que tiendan a mejorar la diplomacia y una mayor coordinación con los países vecinos, especialmente en materia de migración y cómo enfrentamos, no solo la crisis migratoria, sino que también este movimiento de los carteles internacionales que se están desplegando por toda Sudamérica».
Las acciones requieren una visión más amplía porque más allá de que Gabriel Boric militarice la frontera «esto no es solo crisis migratoria sino el ingreso de mafias, de carteles, de criminales, todo tipo de delitos transfronterizos como el contrabando, tráfico de armas, drogas, robo de vehículos, y por último quizás el más grave, el tráfico de personas», destaca el alcalde.
Además, la baja en las expulsiones durante la gestión de Boric acrecienta la desconfianza. Cifras del Servicio Nacional de Migraciones arrojan que las expulsiones administrativas pasaron de 246 en 2021 a tan solo 31 en 2022.
Aumento de la migración
Hasta ahora, Chile registra 1.482.390 extranjeras en su territorio, según estimaciones realizadas al 31 de diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
La cifra representa un alza de 1,5 % respecto a igual fecha de 2020, y un aumento de 14,1 % en comparación con 2018; considerando datos actualizadas para ambos años (1.460.047 personas en 2020 y 1.299.432 personas en 2018).
En su cuarta versión, este estudio demostró que la mayoría de los extranjeros residentes en el país al 31 de diciembre de 2021 proviene de Venezuela (30 %), Perú (16,6 %), Haití (12,2 %), Colombia (11,7 %) y Bolivia (8,9 %).