El asesinato de dos Carabineros en Chile en las últimas dos semanas tiene al gobierno del presidente, Gabriel Boric, lidiando con las contradicciones de su discurso sobre la institución policial. A ello, se le suma 95 % de retraso del plan de seguridad para combatir la delincuencia que prometió cuando asumió el poder hace un año.
Solo dos de las 24 medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó el mandatario en junio de 2022 están en ejecución. Esto representa tan solo el 8% del grueso de iniciativas. Mientras tanto, 15 de esas mismas disposiciones, equivalentes al 63% del programa, ni siquiera se han iniciado. El resto, que corresponden a tres iniciativas, están en proceso de ejecución.
Al balance poco alentador se suma la demora del plan de política nacional contra el Crimen Organizado lanzado en diciembre. Esta estrategia paralela al proyecto anterior arroja un ínfimo 2,8 % de avance, tras alcanzar la concreción de solo dos de las 70 medidas iniciadas, según un estudio de IdeaPaís.
Un fracaso en ejecución
En resumen, estos datos sobre la ejecución del plan de seguridad de Boric se suman a las medidas que no han terminado de despegar durante su gestión, las cuales forman parte de sus 755 compromisos gubernamentales adiquiridos. Al desmenuzar el avance de cada uno de los planes a implementar, el estudio muestra también que 45,2 % de lo planificado —es decir, 343 medidas— no ha siquiera iniciado, mientras 38 % está en proceso. Solo un escaso 7,8 % ha sido el total global de objetivos alcanzados por el mandatario, mientras 12 % de estos proyectos están aún en trámites.
El agua está en el cuello de Boric, él lo percibe y también quienes examinan su proceder lo visibilizan. Por ejemplo, el exministro de la Secretaría General de la Presidencial chilena, Jaime Bellolio, en entrevista con PanAm Post, aseveró que el déficit de su gestión es «brutal».
Para matizar Boric decidió reabrir una cárcel unidad penal para reos de mayor peligrosidad, con capacidad para 296 detenidos. Quienes ingresen a esta instalación serán clasificados en dos subsecciones, una de «máxima seguridad», que albergará a imputados o condenados con sospechas de que seguirán delinquiendo desde y al interior del establecimiento penitenciario, y otra de «alta seguridad» donde estarán los condenados que hubieren egresado de la sección de «máxima seguridad» y aquellas que disponga la Administración Penitenciaria por razones debidamente fundamentadas.
Desespero parlamentario
“A la policía nosotros la veíamos que sólo reprimía a los estudiantes, pero la policía es mucho más que eso” admite ahora Boric en público. Es un giro en su relato sobre la institución. No tiene otro camino cuando las cifras de funcionarios caídos durante su gestión casi triplican en promedio anual del país de las últimas dos décadas al pasar de dos uniformados asesinados en labores de servicios a cinco en los últimos 11 meses.
Su desesperación es obvia. Los gritos y abucheos por el panorama son una constante en sus actos. Quizá ello lo motivó a anunciar que participará en los operativos policiales para demostrar el apoyo a la institución. Impensable cuando en febrero de 2021 en su rol de legislador, Boric pedía una refundación inmediata al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tras el asesinato en Panguipulli de Francisco Martínez, un manifestante.
Ahora, su cantar es otro. Hasta las bancadas aliadas del gobierno se alinearon en la Cámara para aprobar tres nuevos proyectos en materia de seguridad para castigar el “sicario“, otro que otorgará más facultades a Gendarmería y una más para ampliar las potestades de las policías en el control migratorio. Los proyectos pasaron al Senado con la urgencia que antes le negó el Ejecutivo, al priorizar iniciativas ideológicas como la visibilización lésbica.
Una votación crucial para la seguridad de Carabineros
Boric intenta ir más allá en medio de sus precarios resultados en materia de seguridad, al ofrecer respaldo a la Ley Naim, redactada después del homicidio del Carabinero Eugenio Naín en octubre de 2020 en la Región de La Araucanía. El funcionario recibió un impacto de bala durante una emboscada realizada por encapuchados, en la comuna de Padre las Casas.
Esta iniciativa busca endurecer las penas por delitos cometidos contra funcionarios policiales, así como evitar que los imputados por esta ley no accedan a beneficios carcelarios y penas sustantivas ante condenas por estos delitos. Sin embargo, hay dudas sobre cómo votará el oficialismo en su conjunto. De hecho, el Partido Comunista (PC) y los partidos del Frente Amplio (FA) no confirman si lo harán a favor mientras que el Partido Socialista (PS) ya aseguró su respaldo.
Fuente: Panam Post