El año 2023 fue una montaña rusa política y social en Brasil. Mientras la izquierda, liderada por Lula da Silva, retomaba el poder, la nación enfrentaba una serie de desafíos y controversias que moldearon el escenario político. Desde la turbulenta invasión en la Plaza de los Tres Poderes hasta las decisiones económicas que resonaron en todo el país, el Gobierno de Lula navegó en aguas turbulentas de críticas y polémicas.
La retrospectiva del año revela un periodo marcado por acciones gubernamentales cuestionables, disputas judiciales y políticas exteriores controvertidas, delineando un panorama donde la democracia y la economía brasileña enfrentaron desafíos sin precedentes.
La ocupación de la Plaza de los Tres Poderes el día 8 de enero se destacó como el episodio más comentado del año. Según la narrativa oficial de la izquierda y de los medios hegemónicos, estos actos fueron clasificados como terroristas, orquestados directamente por Jair Bolsonaro, y representaron una amenaza concreta al entramado institucional de Brasil. Esta visión sostiene que los actos tuvieron el potencial de derribar todo el sistema democrático establecido antes de esa fecha, caracterizándolos como un golpe inminente y peligroso.
Contrastando con esta interpretación, otras perspectivas señalan que los eventos del «8 de enero» fungieron más como actos de vandalismo que como una amenaza real a la democracia. Hay presunciones de que incluso hubo infiltrados allí y que los eventos podrían haber sido una operación de «false flag« para justificar una escalada de represión a posteriori. Las acciones del ministro de Justicia, Flavio Dino, que borró varias imágenes de seguridad de las áreas atacadas, y el vídeo del General Goncalves Dias, instruyendo a vándalos, refuerzan esta teoría alternativa.
La mayor amenaza a la democracia y al Estado de Derecho fueron las acciones posteriores a los actos reprobables, con medidas como prisiones cuestionables sin el debido proceso legal, la intervención que retiró los poderes del gobernador electo del Distrito Federal, o la prisión del exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que estaba de vacaciones en los Estados Unidos en el momento de los acontecimientos. Miles de ciudadanos sin fuero privilegiado fueron juzgados directamente por el Supremo Tribunal Federal, algo incompatible con el ordenamiento jurídico brasileño.
Sin embargo, si hubo un ataque a la democracia, este vino de quien debería ser el guardián de la Constitución: el Supremo Tribunal Federal (STF). Una actuación activista e intrusiva en temas legislativos del Congreso, como el aborto, las drogas y la demarcación indígena, evidenció una peligrosa invasión de competencias. La alianza entre el Gobierno de Lula da Silva y el STF se hizo cada vez más evidente. Este contubernio no solo atropelló al Congreso, sino también la propia esencia de la democracia y del Estado de Derecho.
El nombramiento de Cristiano Zanin, abogado personal de Lula que lo sacó de prisión, y Flávio Dino, un notorio comunista y admirador de Mao Tse Tung, como magistrados del STF, solo reforzó esta tendencia autoritaria del Gobierno brasileño. Las declaraciones de Flávio Dino sobre «libertad de expresión» no sonaron como defensas de la democracia, sino como ecos de un régimen totalitario. Durante el año afirmó: «el tiempo de libertad de expresión se acabó en Brasil, fue sepultado», además de amenazar a las Big Techs con «medios coercitivos» en caso de que no se adecuaran a su voluntad, según informó la Gazeta do Povo.
La CPI de las ONGs, según lo relatado por Brasil Sem Medo, desveló una red compleja de desvíos de fondos por ONGs en la Amazonía, retrasando el desarrollo de la región con esquemas de financiamiento que beneficiaban a directores de ONGs en lugar de las comunidades locales. Paralelamente, la CPI del MST, en reportaje de la Revista Oeste, reveló prácticas abusivas y crímenes del movimiento, incluyendo invasiones de propiedades, condiciones degradantes en los campamentos, adoctrinamiento ideológico y extorsión. Ambas CPIs apuntaron a una acción coordinada y políticamente motivada, desafiando los intereses nacionales y locales.
La destitución del diputado Deltan Dallagnol (y exfiscal de la Operación Lava Jato) por el TSE, que ocurrió en un juicio de apenas un minuto, y la inelegibilidad de Jair Bolsonaro, decidida por cinco votos a dos, son ejemplos claros de la politización de los tribunales en Brasil. El caso de Bolsonaro, condenado por abuso de poder en una reunión con embajadores, fue marcado por la participación de ministros del TSE con relaciones amistosas con el Partido de los Trabajadores. La inelegibilidad de Bolsonaro en Brasil ocurrió en el mismo día que la justicia de Venezuela impidió la opositora Maria Corina Machado de competir en elecciones. Estos episodios reflejan un patrón de uso del poder judicial para persecución política, similar al observado en regímenes autoritarios.
El episodio que involucra amenazas al senador Sergio Moro por el PCC y la reacción de Lula da Silva, grabado diciendo que quería «joder a Sergio Moro», evidenció una realidad donde la ley parece ser aplicada de forma selectiva y la justicia, un instrumento político.
La política exterior
La diplomacia brasileña durante el Gobierno de Lula se ha caracterizado por un alineamiento con regímenes autoritarios. La cálida bienvenida a Nicolás Maduro, tratado como un estadista respetable, y la defensa de una «democracia relativa», han sido ampliamente criticadas. Lula también se ha alineado con los BRICS y China, criticando el dólar como moneda de transacciones internacionales, mientras utilizaba recursos del BNDES para apoyar a Sergio Massa en Argentina, interfiriendo en la política interna de un país vecino. La postura brasileña de abandonar acuerdos contra el aborto ilustra la contradicción entre el discurso electoral y la práctica gubernamental.
En el contexto de la política exterior, además de los alineamientos ya criticados, el año 2023 también estuvo marcado por la celebración del 26º encuentro del Foro de São Paulo en Brasilia, donde Lula destacó la lucha contra el discurso de costumbre, familia y patriotismo, reafirmando su orgullo de ser llamado comunista.
Este evento refleja la continuidad de la influencia de organizaciones transnacionales de extrema izquierda en la política exterior brasileña. Paralelamente, los costos de los viajes internacionales de Lula y Janja da Silva, como el viaje al Reino Unido que costó cerca de 3 millones de reales a las arcas públicas, generaron controversias, especialmente por la magnitud de los gastos en actividades como el alquiler de coches particulares, que solo costó 1,3 millones de reales.
La política interna
El intento de controlar las redes sociales a través del «PL de la Censura» evidenció un paralelo con prácticas autoritarias de países como Cuba, Venezuela y China. Además, el uso de «enmiendas parlamentarias» para supuestamente «comprar parlamentarios» fue criticado de forma contundente por Lula da Silva durante el periodo electoral. Y en 2023, esta práctica de usar enmiendas parlamentarias para la votación de proyectos favorables al gobierno fue ampliamente utilizada.
La economía
El tira y afloja entre Lula y el presidente del Banco Central, Roberto Campos, fue un punto crítico durante el año. Mientras Campos buscaba mantener intereses de mercado para controlar la inflación, el Gobierno presionaba por una reducción de los intereses, contrariando recomendaciones económicas básicas. A pesar de la presión gubernamental, Campos logró, hasta cierto punto, mantener su política de intereses, controlando la inflación.
Los récords de déficits gubernamentales y de las empresas estatales fueron alarmantes. En la práctica, ocurrió el fin del trípode macroeconómico en favor del «marco fiscal», que permitía mayores gastos gubernamentales, fue visto como una decisión irresponsable en las cuentas públicas. La reforma tributaria aprobada, buscando aumentar la recaudación y restringir la movilización de patrimonios fuera de Brasil, y la previsión de un IVA elevado, solo dificultarán la situación económica del gigante sudamericano.
En resumen, 2023 fue un año de decisiones controvertidas y políticas cuestionables, marcado por un Gobierno que, en vez de fortalecer las estructuras democráticas y económicas del país, optó por caminos similares a los aplicados por la izquierda latinoamericana alineada al Foro de São Paulo.