El pasado 22 de noviembre, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, realizó una rueda de prensa en la que expuso junto al ingeniero Carlos Rocha, del Instituto Voto Legal, y el abogado del PL, Marcelo Bessa, un informe en el que cuestionan 279.336 urnas electrónicas por inconsistencias en su funcionamiento. Estas urnas corresponden a los modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 que representan el 59,15 % de la totalidad de las máquinas usadas en la elección. El polémico informe concluye que el resultado se vería totalmente alterado si estas urnas fueran invalidadas, dando como ganador al presidente Jair Bolsonaro.
Según el vocero de la coalición de partidos llamada Pelo Bem Do Brasil, estas inconsistencias no permiten dar fe del resultado electoral, por lo que piden al Tribunal Superior Electoral (TSE) que realice una evaluación en conjunto con sus técnicos, para que de esta forma se pueda brindar mayor fortaleza al sistema electoral brasileño. En apenas 13 minutos, el magistrado Alexandre de Moraes les dio 24 horas para que incluyeran en su reporte la auditoría de la primera vuelta, bajo el argumento de que las mismas máquinas fueron usadas en esa oportunidad también, dejando la puerta abierta al cuestionamiento de la elección de los diputados federales, regionales, senadores y gobernadores ya electos.
Justo 24 horas después, el presidente del PL en otra rueda de prensa indica que al realizar la auditoria de la segunda vuelta se accede al histórico de las urnas de la primera vuelta, pero que recomienda comenzar por lo que han solicitado. Asimismo, fue enfático al decir que no están solicitando una nueva elección sino que se aplique la ley al juzgar la solicitud que se les ha realizado. La respuesta de Alexandre de Moraes no sorprendió a la opinión pública: rechaza la acción del PL, impone una multa de 22 millones de reales por litigación de mala fe y bloquea los fondos de los partidos de la coalición hasta que la multa sea pagada.
Según la decisión del magistrado de Moraes, considera el posible cumplimiento de crímenes comunes y electorales por lo que ordenó la apertura de un procedimiento administrativo basado en un desvío de la finalidad del uso de los fondos del partido. Y por si fuera poco, ordenó incluir al presidente del PL y al ingeniero Carlos Rocha en la investigación 4874/DF que está andando en el Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga supuestos actos antidemocráticos, con el cual se ha perseguido a empresarios por opinar en un chat privado de una red social.
La extrema izquierda brasileña denuncia que hubo persecución política en el régimen militar, pero ¿Acaso no es peor la ola de censura y persecución que se ha desatado contra presidentes de partidos políticos, diputados, periodistas y activistas por defender el sistema democrático de Brasil? La gran mayoría de los regímenes totalitarios han realizado sus actos siempre en el marco de la ley, siempre su interpretación de la ley: basta con recordar como Adolf Eichmann argumentó que solo seguía ordenes, es decir, cumplía con la ley del tercer Reich.
Vale la reflexión para Brasil: ¿Por qué se siguen las ordenes de un Poder Judicial que atenta contra la Constitución y las leyes? ¿De dónde proviene el poder de estos magistrados? ¿Cómo pueden ir a la cárcel los perpetradores de la mayor lesión que ha recibido el sistema político desde la llegada de la democracia?
El pueblo sigue en la calle y desde el Congreso surgen dos importantes iniciativas. El diputado Marcel Van Hatten ha solicitado una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) para investigar el abuso de poder de parte del STF, hasta el momento de escribir esta columna ya habían firmado 171 parlamentarios. Y el senador Eduardo Girão anunció que fue aprobada una audiencia pública sobre denuncias relacionadas con la elección de 2022, en donde serán convocados los ministros del STF y los que han cuestionado la elección.
El presidente Jair Bolsonaro, como jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de la Fuerza Armada, aún se reserva la última palabra en este proceso, en el marco de las cuatro líneas de la Constitución. El pueblo autoriza.