El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este viernes en una conferencia de prensa que vetará la polémica ley de reconciliación que aprobó el miércoles la Asamblea Legislativa de ese país, un reglamento que es rechazado por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), que lo consideran como una puerta a la impunidad para los crímenes de guerra y lesa humanidad. El mandatario justificó su decisión afirmando que el reglamento viola los convenidos internacionales relacionados con los derechos humanos que su país ha firmado, además de considerarlo como una “ley de amnistía” que beneficia a los perpetradores de crímenes atroces. “Es una burla e infamia contra los salvadoreños”, ha afirmado Bukele.
El polémico presidente salvadoreño vuelve a enfrentarse al Parlamento de su país, después de que hace dos semanas desafió a los diputados irrumpiendo en la sede del Legislativo arropado por militares, para obligarlos a aprobar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia. Bukele ha criticado con dureza a los legisladores y ha dicho que “hay diputados involucrados en crímenes de lesa humanidad y temen por ellos mismos”. La denominada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con votos de 44 diputados de derecha en una sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente parlamentario, Mario Ponce. Los diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrillera que combatió al régimen militar, se abstuvieron durante la votación, en lo que Bukele llamó “un silencio cómplice”.
“Estamos ante una ley que ni siquiera cumple con parámetros internacionales. No solo es inconstitucional y viola convenios internacionales de derechos humanos, sino que es una burla e infamia contra los salvadoreños”, ha explicado el presidente de El Salvador. “Llevamos 40 años de estar esperando justicia. Es demasiado tiempo y ya es hora de que los criminales paguen, que comiencen los juicios por crímenes de guerra”. La primera decisión que Bukele tomó tras asumir la presidencia en junio pasado fue ordenar retirar de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil, que dejó más de 75.000 muertos) ha señalado de ser el responsable de la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.
Integrantes de Vidas, asociación de víctimas de la guerra civil, lamentan que hasta ahora no hay ninguna condena por los crímenes cometidos durante la guerra. Lo que hay, desde hace dos años, es un juicio por la masacre de El Mozote. Están siendo juzgados el exministro de Defensa, Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y el exjefe del Batallón Atlácatl, Natividad Cáceres, que fue el comandante que dirigió la operación.
Crítica internacional
La ley de reconciliación ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos. Antonia Urrejola, experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha explicado a EL PAÍS en entrevista desde Santiago de Chile que los legisladores no han escuchado a las víctimas a la hora de preparar el reglamento. “En una ley de reconciliación, las víctimas son centrales. Por eso es importante establecer una metodología clara para su participación. Y eso no ha sucedido”, ha dicho.
Urrejola ha explicado que esta ley no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de guerra. Menciona entre los fallos que la ley deja en manos de las víctimas impulsar el proceso penal por este tipo de crímenes, “cuando es el Estado el que tiene la obligación, de oficio, de investigar y sancionar”. “Lo que hace esta ley es que pone la carga en las propias víctimas. Son miles las víctimas, muchos de ellos son campesinos, no viven en las ciudades, no tienen acceso a abogados. No se está garantizando acceso real a la justicia estableciendo la carga en las víctimas de abrir un proceso penal cuando esa carga es obligación del Estado”, ha afirmado. La experta también ha señalado que la ley da discrecionalidad a la Fiscalía para determinar qué denuncias sí pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad y a los jueces al permitirles reducir las condenas debido a problemas de salud o edad de los acusados.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también ha criticado la ley, de la que ha dicho “que adolece de graves deficiencias, permite que todas las penas se conmuten sin establecer ningún requisito, lo que es una forma clara de impunidad”. “Es una afrenta al derecho interno y al derecho internacional. Para que haya justicia y verdad debe haber juicios contra todos los responsables de los crímenes, la cúpula militar, los presidentes. Si estos juicios no llegan, si se quedan en la impunidad, lo que existe es un inmenso riesgo de que los crímenes se repitan”, ha afirmado.
Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDHUCA de la Universidad Centroamericana, en San Salvador, considera que la legislación promueve que ninguno de los delitos cometidos durante la guerra civil prescriba, lo que considera un avance importante para lograr justicia en ese país centroamericano. Si bien considera que el proceso de aprobación de la ley “no ha sido el mejor” y que “hay algún artículo que ha quedado incompleto por la precipitación y las prisas”, para este experto este nuevo reglamento “ha mejorado mucho” en comparación a una ley de amnistía aprobada en 1993, declarada inconstitucional por la justicia salvadoreña en 2016, al ser considerada como una traba para investigar las atrocidades de la sangrienta guerra salvadoreña.
Fuente: El País