Los 20 asesinatos ocurridos en la noche del pasado miércoles 10 de noviembre fueron el detonante para que Nayib Bukele sacara a las Fuerzas Armadas a las calles de El Salvador. El número ascendió a 32 si se tomaban en cuenta las últimas 48 horas. Por ende el Ejército junto a la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron en las zonas donde se cometieron los crímenes para ir “tras la pista de las personas y sectores que quieren mantener en zozobra a la población”.
Es un episodio alarmante, sumado a que a mediados de septiembre desaparecieron dos hermanos de 18 y 20 años. Por el caso hay dos detenidos con posibles nexos con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). La madre de los jóvenes desmintió que las víctimas tengan alguna relación con el grupo criminal como lo insinuó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Adicionalmente el funcionario desmintió que estén aumentando los desaparecidos. Dijo que es «una campaña en contra de las autoridades de seguridad, por intereses políticos (por quienes) no tuvieron nunca el interés de resolver los problemas de seguridad (en el país)».
De manera que la serie de acontecimientos plantea dudas sobre lo que está ocurriendo en el país centroamericano ¿Perdió Bukele control frente la inseguridad o se le acabó la posible cuota de negociación con las pandillas? Según el mandatario, conocido por aplicar un despreocupado autoritarismo, el alza en los asesinatos en El Salvador se debe a «fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado».
Solo en la mañana del 11 de noviembre la PNC informó otros seis asesinatos. Una de las víctimas yacía en el interior de un vehículo con lesiones por arma de fuego, informó el medio salvadoreño La Prensa Gráfica. Con todo esto, resulta imposible ignorar la escalada de violencia.
El controvertido Plan de Control Territorial
Algunos defendieron que se debió al Plan de Control Territorial lanzado en junio de 2019 con un valor que superó los 500 millones de dólares. Otros a «un posible plan de las pandillas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad», señaló un reportaje de la BBC publicado el año pasado.
La tercera hipótesis es de un gesto «de buena voluntad» de las pandillas hacia el nuevo Ejecutivo. Estas tienen el poder de aumentar o disminuir los homicidios. Por lo tanto, «el día que quieran mandar el mensaje contrario a Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como hemos visto en el pasado», declaró a dicho medio Sofía Martínez, experta en seguridad en Centroamérica. «La bajada de homicidios en El Salvador es un poco como un espejismo».
Los recientes asesinatos en El Salvador provocaron la reacción de parlamentarios. Los afines a Bukele repiten el mismo discurso, de que los causantes son poderes “poderes oscuros”. No obstante, otros evidencian lo que probablemente sea un secreto a voces, como la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso.
“No existe un plan. El denominado Plan de Control Territorial es solo eso, un plan meramente comunicacional, de publicidad, para hacer ver una realidad que dista mucho de lo que la población en sus comunidades viven en el día a día”.1
Las supuestas conversaciones con las pandillas
Y no hay que dejar de hacer mención al posible pacto con pandillas. La olla se destapó en septiembre de 2020 cuando el portal El Faro publicó que el Gobierno de Bukele tenía un año reuniéndose con la MS-13, de modo que se pudieran reducir asesinatos en El Salvador y ganar apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas en 2021, a cambio habrían beneficios carcelarios.
Las exigencias iban desde lo más banal como permitir la venta de pizzas y golosinas en las cárceles hasta la promesa del Ejecutivo de flexibilizar el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros “beneficios” en caso de que el Gobierno lograra controlar la Asamblea tras las votaciones de febrero de 2021. Meta electoral que efectivamente Bukele alcanzó.
La Fiscalía General de la República inició una investigación llamada «Catedral» a la que posteriormente accedió el medio salvadoreño. Allí se confirmaba que las reuniones habían sido con las tres principales pandillas del país Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Pero el fiscal a cargo, Raúl Melara, fue removido por la nueva Asamblea y su reemplazo habría desmantelado la unidad que consiguió los hallazgos.
Es necesario considerar todo el contexto que envuelve a El Salvador para sopesar las probabilidades en torno al repentino aumento de asesinatos. Si realmente fracasó el plan estrella contra la inseguridad, o pasó algo más en el medio en relación a los presuntos nexos con grupos violentos.
Fuente: PanamPost