El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó este domingo a la Policía y al Ejército a utilizar “fuerza letal” para defender a la población y combatir a las maras (las famosas pandillas) del país, coincidiendo con uno de los fines de semana con más asesinatos desde que llegó al poder hace casi 10 meses. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”, dijo a través de su cuenta de Twitter. Además, el mandatario confirmó que el Gobierno se hará cargo de la defensa legal de aquellas personas que “sean injustamente acusadas por defender la vida de la gente honrada”.
A pesar del confinamiento manu militari impuesto en El Salvador para frenar el coronavirus, el pequeño país centroamericano vivió el viernes 24 de abril su día más sangriento desde que, hace diez meses, Nayib Bukele llegó al poder a los 37 años. La sangría de las pandillas, en forma de pulso al nuevo mandatario, se repitió el sábado y el domingo hasta llegar a los 40 homicidios en menos de 72 horas.
El repunte de la violencia enfureció al mandatario que anunció un paquete de medidas si apartarse de su particular estilo: a través de una cascada de tuits la noche del domingo en los que mezclaba instrucciones a sus funcionarios, órdenes a los soldados, llamativas fotos de las cárceles, algo de coronavirus y ataques a la oposición. “Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, escribió al anunciar que desde ahora, permitirá a la policía matar pandilleros si cree que alguna vida está en riesgo.
Bukele tomó la decisión sin mucha posibilidad de llevarle la contraria, con el país confinado y una oposición descompuesta a la que desprecia. Desde que hace diez meses llegó al poder, el presidente con mayor apoyo popular del continente ha impuesto un tono autoritario y teatrero que le llevó a tomar en febrero la Asamblea rodeado de soldados. Bukele tiene minoría en la Asamblea y no ha podido sacar adelante algunos de sus proyectos de “mano dura”. Aunque dentro de diez meses habrá elecciones legislativas, el telegénico mandatario ha elegido la estrategia de la tensión permanente que le garantiza la popularidad necesaria para arrasar en febrero.
Uno de sus programas estrella, el ‘Plan de control territorial’ con el que ha desplegado miles de soldados y ha logrado bajar la violencia a niveles inimaginables hace una década, cuando El Salvador era el país más homicida del mundo, sufrió un duro golpe el fin de semana. Las pandillas, con casi 70.000 miembros, decidieron echar un pulso al mandatario poniendo 40 muertos en la mesa y evidenciando el poder de fuego que mantienen, con capacidad para pisar a su antojo el acelerador de la violencia.
Bukele respondió golpeando donde más duele, en las cárceles. “Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todas las cárceles de El Salvador”, anunció el domingo su Jefe de prisiones. El equipo de Bukele apunta a los cabecillas que están en prisión como los responsables de ordenar a los pandilleros del exterior aumentar los homicidios, aprovechando que el Ejército y la policía están desplegados tratando de obligar a la población, que vive o trabaja mayoritariamente en la calle, a estar en casa.
Para los expertos, la matanza responde a una decisión unilateral de la Mara Salvatrucha (MS-13) por volver a matar y disparar las cifras de asesinatos a escala nacional. No hay evidencias de que las otras dos pandillas (18-Revolucionarios y 18-Sureños) se hayan sumado a los ataques, escribió el periodista Roberto Valencia en Twitter.
La decisión sobre las cárceles podría alterar el equilibrio actual de la violencia, ya que supondría un intento del Estado por recuperar el control de las cárceles, donde hay casi 13.000 pandilleros, desde que hace dos décadas se decidió entregar el control a las maras en busca de la pacificación.
Un nuevo abuso de poder
Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, se trata de un “nuevo abuso de poder de Bukele”, decidido a “convertirse en un verdadero autócrata”, dijo a EL PAÍS. Con esta decisión, dice Vivanco, da “carta blanca” a la policía para matar pandilleros. Para Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América, las políticas de “mano dura” de gobiernos anteriores solo ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias”, señaló a este diario. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América, ha afirmado que la decisión de Bukele puede generar que las fuerzas de seguridad salvadoreñas comentan graves violaciones a los derechos humanos, en un país consumido por la violencia.