El gobierno de Nayib Bukele hará una purga judicial para expulsar a 156 jueces del órgano y designar a su discreción a los funcionarios mediante la reforma a la Ley de Carrera Judicial. Esta legislación se aprobó en la Asamblea Nacional, donde su partido Nueva Ideas es mayoría con 64 de 84 curules.
La medida —que ya es decreto— obliga a la separación inmediata de sus cargos a los jueces y fiscales que tienen más de 60 años de edad, así como de jueces que hayan cumplido 30 años de servicio. Según El Faro, la cantidad de funcionarios en estas condiciones asciende a 35 %. Si la cifra de juristas ejerciendo se mantiene en 690 desde el año pasado, la reforma afectaría a unos 240 miembros de la judicatura. Otros cálculos rondan los 400.
Uno de los afectados es Jorge Guzmán, encargado de investigar la masacre de El Mozote, al que el Ejército de El Salvador ha llegado a bloquear el acceso a los archivos relacionados con la matanza, a pesar de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que concluyó que la inspección de estos documentos es legal y no perjudica a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
“Se trata de un paso hacia el autoritarismo en el país centroamericano», apuntó La Gaceta de la Iberosfera que también firmó que este movimiento lo impulsó una camada de siete diputados de Nuevas Ideas, encabezados por Caleb Navarro y Jorge Castro.
Los 18 votos en contra de la bancada opositora quedaron estériles frente a los cambios que, además, incluyen una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para trasladar a los funcionarios por “razones justificadas de conveniencia del servicio; o por la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten”.
Excepciones a la medida
El decreto “no aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, lo que significa que Bukele mantendrá en sus puestos y no expulsará a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —la más alta instancia de justicia del país— recién nombrados por el hemiciclo y al nuevo fiscal general del Estado, Rodrigo Delgado, quien figura en entre los beneficiados de Alba Petróleos, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sancionada por Estados Unidos por corrupción.
“Creí que podría haber mesura en este tema pero lo que están haciendo es dándole el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador. Están queriendo controlar todo el Órgano Judicial”, aseveró el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo, cuando “cualquier reforma al sistema judicial tiene que venir desde el Órgano Judicial y no de un partido político”.
Bukele celebra la estocada. Tras las dos reformas a la ley expresó en Twitter sentirse “orgulloso” con sus diputados por “tener valentía de ir, paso a paso, cambiando lo que está mal en nuestro país”.
El mandatario centra la disposición en una lucha contra la corrupción, sin embargo, los considerandos de las leyes reformadas solo hacen alusión a que el Órgano Judicial debe «modernizarse» y a que la Fiscalía debe regular de manera adecuada «el ingreso, promoción, traslado y egreso de la carrera fiscal».
Una antesala
Lo ocurrido con el poder judicial es una antesala al próximo 15 de septiembre, fecha prevista para que el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, entregue a Bukele un anteproyecto con más de 200 reformas constitucionales elaboradas junto a un equipo ‘Ad Hoc’.
Ese es el “proyecto de nación con la visión del rumbo de país que queremos», segura Ulloa. El borrador está disponible en la página web de la Presidencia salvadoreña para su consulta y los puntos más controversiales están relacionados con la extensión del período y la reelección presidencial, la sustitución del Tribunal Supremo Electoral por otro organismo y la creación de un partido único.
Fuente: PanamPost