«Solicitamos a la Asamblea que el régimen de excepción continúe por 30 días más. El pueblo se siente más seguro y tranquilo, ya no será víctima de los pandilleros ni entregarán el fruto de su trabajo a esas estructuras». De esa forma, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, solicitó al Poder Legislativo extender por tercera vez —otros 30 días— el estado de excepción decretado por el presidente, Nayib Bukele, en marzo.
Para justificar la medida cuyo nuevo plazo comenzaría el 27 de junio, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Nacional, vociferó en el parlamento que «los gobiernos anteriores fueron cínicos y traicionaron al país por beneficiar a las pandillas, se reunían con ellos, los sacaban de los penales y les daban privilegios. Les dieron un espacio en nuestra sociedad»
Mauricio Arriaza, director de la Policía Nacional, lo secundó. El funcionario aseguró que las restricciones junto al Plan de Control Territorial fomentan “tranquilidad al pueblo”.
Sin embargo, los argumentos de ambos portavoces en el hemiciclo ocultan el colapso judicial que enfrenta la Procuraduría Nacional, por sólo contar con 263 defensores públicos para procesar el caudal de expedientes que derivan de las 4000 detenciones realizadas desde que comenzó el estado de excepción.
Tres áreas álgidas que merecen especial atención
Derechos humanos, transparencia y seguridad jurídica son las tres áreas críticas del estado de excepción que instauró Bukele, subraya en entrevista con PanAm Post, el director de Acción Ciudadana en El Salvador, Eduardo Escobar. A su vez, explica que “la guerra contra las pandillas sólo es parte de una narrativa del gobierno para construir un enemigo ya sea interno o externo, cierto o falso para justificar sus acciones y todo aquel que mencione alguna crítica contra esta guerra a las pandillas es señalado de ser afín, ser colaborador o financista de las pandillas”.
El impacto de esta maniobra es grave. Escobar indicó también que “se están violando las garantías mínimas del debido proceso, porque estamos teniendo detenciones legales contra ciudadanos a quienes no se les ha comprobado la participación en algún ilícito. El único parámetro del gobierno es la apariencia de la persona”.
Precisa que “la Fiscalía solo está acusando a partir de la pertenencia a las pandillas, no a partir del cometimiento de algún delito como homicidio, extorsiones o desapariciones forzadas”.
Manipulación con poder
La depuración del sistema judicial hecha por Bukele para nombrar magistrados instauró una “justicia parcializada”. Bajo este método los funcionarios, obviamente, afines al mandatario resuelven a su favor. En estos casos no importa que no haya la justificación suficiente para tener detenida a una persona. Mientras tanto, los funcionarios desvinculados del presidente siguen la línea, por temor a represalias. Así lo afirmó el también abogado.
Sin embargo, su mayor preocupación es la renuncia ciudadana a los derechos constitucionales. Insiste en “la gente está aceptando que sus derechos de libertad, presunción de inocencia, debido proceso e intimidad puedan ser violados por el gobierno cuando así lo decida bajo la excusa de quien nada debe nada teme. Poco a poco la gente está creyendo que el gobierno puede vejar, pero si no se es parte de las pandillas no importa, con tal de creer que tiene seguridad de parte de las autoridades estatales”.
Fuente: Panampost