La “izquierdización” de la Organización de Estados Américanos (OEA) cuyos embajadores en su mayoría son favorables al Foro de Sao Paulo -luego de los triunfos electorales en Honduras, Chile, Colombia y Perú- está en avance.
¿En qué nos basamos para hacer tal afirmación? cuando la OEA acogió “por aclamación” el pedido del gobierno peruano de enviar una delegación a la nación Inca para propiciar un diálogo entre las presuntas partes en conflicto.
¿Cuál es el presunto “conflicto” que se ha presentado en Perú? Ninguno. Lo que existe es una investigación de la Fiscalía de la Nación a Pedro Castillo, por una serie de delitos, entre ellos, liderar una organización criminal, tráfico de influencias agravado y ser cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Según la fiscal general del Perú, Patricia Benavides, lo que se viene produciendo es «una feroz obstrucción a la justicia» desde esa red supuestamente «enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas».
Por tanto, no hay razones para que la OEA intervenga. Lo que realmente interesa a los aliados de Castillo -dentro y fuera de Perú-, es usar al organismo multilateral para salvar a uno de sus aliados. Y es que si la nueva OEA estuviese de verdad interesada en defender la democracia, la justicia y las libertades, entonces estaría apuntando todas sus baterías contra las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde se cometen delitos de lesa humanidad permanentemente, a plena luz del día. Eso, en lugar de apuntalar a los corruptos del Foro de Sao Paulo.
En tal sentido nos parece esclarecedor el comunicado del Foro Madrid que condena “la intención de Pedro Castillo de blindarse instrumentalizando a la OEA para activar la Carta Democrática argumentando que está en riesgo la institucionalidad del país” y recuerda que “a Pedro Castillo no le están enjuiciando por razones políticas, sino por siete casos de delitos cometidos por él y por sus familiares”. “Este es, por tanto, un asunto de los tribunales peruanos competentes, no de la OEA”, subraya.
El comunicado es claro: ¡No se dejen intimidar por la OEA! ¡Que sus declaraciones y amenazas no impidan a la justicia peruana seguir su curso!
Lamentablemente, la OEA solo tiene mecanismos para denunciar, muchas veces en el desierto, y carece de capacidad para garantizar la vigencia de la Carta Democrática. De lo contrario, Díaz-Canel, Ortega y Maduro no estarían gobernando impunemente.
Justo es reconocer la labor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su denuncia constante contra Nicolás Maduro por su reiterada violación a los derechos humanos. Eso se lo agradecemos todos los venezolanos; pero la organización no ha podido ir más allá de la denuncia.
En resumen, hay que hacer caso omiso del perro que ladra pero que no muerde. A los peruanos les recomiendo que sigan defendiendo su democracia, para que no terminen como nosotros los venezolanos.