Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional de su país y uno de los políticos más cercanos a Nicolás Maduro, ha recibido del presidente en disputa el encargo de renovar la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Maduro firmó el miércoles un decreto presidencial para declarar “la emergencia energética” en la industria de hidrocarburos. Asignó “plenos poderes” a una comisión presidida por El Aissami e integrada por otros pesos pesados del chavismo, como los ministros de Defensa, Relaciones Interiores y Petróleo, a fin de reflotar la compañía.
La comisión podrá realizar las modificaciones que estime necesarias en PDVSA, considerada el pulmón económico de Venezuela -aporta el 96 por ciento de las ganancias del Estado- y cuya producción de crudo ha estado en caída libre en los últimos años.
Petróleos de Venezuela está empantanada en una profunda crisis desde hace seis años, saturada por denuncias de corrupción -admitidas el miércoles por Maduro-, la migración de su masa laboral y las sanciones financieras de Estados Unidos.Su producción de crudo en enero de 2020 fue de 733.000 barriles al día, según fuentes secundarias del mercado petrolero, mientras que, en diciembre de 1999, hacía lo propio con 3.329.000 barriles por jornada: 2.596.000 barriles menos que hace 21 años.
El objetivo, detalló Maduro, es recuperar la industria petrolera, petroquímica y las refinerías del país como parte de lo que llamó “un nuevo concepto” de la empresa.
Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, es abogado, experto en criminología, de ascendencia siria y libanesa. Nació en Mérida, uno de los tres estados andinos de Venezuela. Fue vicepresidente del poder ejecutivo de Maduro y, por ende, primero en la cadena de sucesión de su gobierno entre enero de 2017 y junio de 2018.
Es un político de verbo áspero, especialmente al referirse a la oposición o a presuntos “enemigos imperialistas”, entre los que incluye a Estados Unidos. Ha calificado a los detractores del chavismo como “derecha terrorista criminal” y “burguesía apátrida”.
Su expediente político también incluye su desempeño como diputado a la Asamblea Nacional, en 2005, y como gobernador del estado Aragua, en el centro occidente del país, entre 2012 y 2017; y fue ministro de Relaciones Interiores del fallecido presidente Hugo Chávez entre enero de 2007 y octubre de 2008.
Su carrera, sin embargo, se tiñó de presunta criminalidad en 2017 por denuncias internacionales en su contra. Estados Unidos colocó ese año su nombre en el tope de las carteleras de sus instituciones legales y de combate al narcotráfico mundial.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, designó a El Aissami dos años después, en febrero de 2017, como “un narcotraficante especialmente designado”, SDNT, por sus siglas en inglés.
La institución norteamericana publicó que el segundo al mando del gobierno madurista jugaba “un papel significativo en el narcotráfico internacional”.
Estados Unidos incluyó a El Aissami en su lista de capos del mercado de drogas, conocida como Lista Clinton, promulgada en 1999 para bloquear las actividades de empresas y personas acusadas de lavado de activos y de vínculos con esa rama criminal.
El Departamento del Tesoro denunció en 2017 que el hoy presidente de la comisión de reestructuración de PDVSA “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela”.
La OFAC lo acusó de usar sus cargos políticos para “supervisar o tener propiedad parcial” de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilos, “en múltiples ocasiones”, con México y Estados Unidos como destinos finales.
El Aissami desestimó las alegaciones. En un anuncio publicado en el diario The New York Times, dijo que el secretario del Tesoro había sido “engañado” por sectores interesados en boicotear las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Defendió, asimismo, los progresos de su gestión como ministro en la lucha antinarcóticos.
El chavismo, con Maduro a la cabeza, cerró filas para defenderle. “Es una mentira del imperio norteamericano para agredir a un venezolano decente y digno”, dijo el mandatario en febrero de 2017. Su despacho entregó una nota de protesta a Estados Unidos para demandar la retracción de las acusaciones.
En marzo de 2019, el Departamento de Justicia estadounidense acusó de cinco cargos a El Aissami por haber violado las restricciones que le impuso en 2017 al viajar en vuelo privado hacia y desde Rusia con el empresario Samark José López Bello.
El más reciente movimiento institucional de Estados Unidos contra El Aissami se conoció cinco meses luego. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, publicó en agosto su nombre en la lista de los 10 más buscados.
El ministro venezolano dijo entonces, desde la represa de El Guri, en el estado Bolívar, que la medida era “infame” y “una canallada del imperialismo”.
Reportes de prensa han vinculado también a El Aissami con supuestas operaciones del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbolá, considerada por la Casa Blanca como una organización terrorista.
«Elemento perturbador»
La preocupación sobre la nueva responsabilidad de El Aissami en la industria petrolera no se circunscribe solo a su persecución judicial de parte de Estados Unidos.
Analistas consultados por la Voz de América advierten que el ministro está lejos de ser una figura versada en el mercado petrolero y dudan de su capacidad para resucitar la capacidad productiva de PDVSA a la sombra de las acusaciones en su contra.
Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, valora el nombramiento de El Aissami como un gesto “inconveniente” y “contradictorio” a los ojos del mercado global.
“Maduro pone a asumir compromisos a nombre de la industria y del gobierno a una persona requerida por la justicia internacional. No envía ningún mensaje favorable al mercado de los hidrocarburos, sino que sirve de elemento perturbador”, manifiesta.
Quiroz, profesor de Petróleo en la Universidad Central de Venezuela, cree que Maduro no envía un mensaje favorable a sus socios de la OPEP con la designación.
Aldo Contreras, economista, critica que El Aissami y otros miembros del gobierno en disputa ocupen numerosos cargos en el ámbito financiero. Duda, a la vez, de si los socios actuales o venideros estarán dispuestos a pactar con figuras como El Aissami.
“No es la persona ideal para tranzar alianzas, no solo por las acusaciones en su contra. Tener cinco o seis cargos no genera eficiencia. Hace que una persona no pueda enfocarse en un objetivo y dedicar su tiempo e intelecto a una sola cosa”, comenta.
Cree que empresas y particulares extranjeros, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, verán a El Aissami como “una figura de mayor cuidado” en el tablero petrolero venezolano, de por sí minado por las sanciones de Washington.
Considera que la comisión de El Aissami no tendrá éxito en la reactivación de los taladros petroleros de cara a la meta del plan de desarrollo fijado por el madurismo, que involucra la producción de seis millones de barriles al día este año.
Ese propósito, considera, solo se cumplirá con la activación de un equipo multidisciplinario probo y versado en la industria petrolera venezolana.
Quiroz juzga, a su vez, que solo hay dos personas conocedoras de la industria petrolera en la comisión reestructuradora de Petróleos de Venezuela: Argenis Chávez, ingeniero, con experiencia de 38 años y hermano del expresidente Chávez; y Yurbis Gómez, de la filial de investigación y desarrollo de PDVSA, Intevep.
El nombramiento de El Aissami al frente de la nueva PDVSA, a su entender, “va a poner un poco más morado el caldo o el plato del mercado petrolero venezolano”.