El gobernante ha sido duramente criticado por presuntamente haber fracasado en el manejo de la pandemia y haber pedido unos 3.500 millones de dólares en deuda al Congreso, cuyo manejo es cuestionado por su opacidad.
Hasta el miércoles, según datos del ministerio de Salud, Guatemala registraba 6.164 muertos y 168.880 contagiados por COVID-19.
El país espera recibir a finales de febrero uno de sus primeros lotes a través de Covax, un mecanismo de la OMS que agrupa a 150 naciones -60 ricas y 90 en vías de desarrollo- para garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19.
En la protesta, los campesinos también pidieron la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien acusan de entorpecer la lucha contra la corrupción estatal.
Asimismo, los manifestantes rechazaron la criminalización de su lucha y condenaron la muerte de varios líderes de esa organización.
Ante ello, pidieron a la Fiscalía investigar y enjuiciar a los responsables de esos crímenes, así como las muertes contra niños y mujeres que se han dado en las últimas semanas.
Los manifestantes también piden a los diputados del Congreso la nacionalización del servicio de energía eléctrica, privatizada a finales de 2000.
Mauro Vay, coordinador del Codeca, declaró a periodistas que presentarán una iniciativa de ley para la «nacionalización de los servicios privatizados», principalmente la energía eléctrica.
«El camino que consideramos que nos puede sacar de la debacle en la que estamos es la asamblea nacional constituyente popular y plurinacional, por lo que se presentará un proyecto de ley al Congreso para la recuperación de los bienes del estado», afirmó a su vez Percy Stormont, integrante de Codeca Urbana.
Fuente: Diario las Américas