Fernando García Ramírez,
Hace unos días, en una comparecencia ante el Senado norteamericano, el secretario de Estado, Antony Blinken, al ser interrogado acerca de si son los cárteles, y no el gobierno mexicano, quienes tienen el control de partes del país, respondió: “Pienso que es justo decir que sí”. El presidente negó al día siguiente la afirmación, pero el presidente miente.
No se trata de algo nuevo. Hace dos años, en marzo de 2021, el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el General Glen Van Herck, sostuvo que los cárteles operan en el 35 por ciento del territorio mexicano “en áreas que son con frecuencia ingobernables”.
Dieciséis cárteles se disputan el control del país. El Cártel de Sinaloa domina el noroeste, el Cártel del Golfo el noreste, el Cártel Jalisco NG domina el bajío, el Cártel Jalisco y la Unión Tepito se disputan el control de la Ciudad de México. Los cárteles mencionados tienen presencia en los 32 estados de la República. El gobierno federal lo sabe y lo tolera. Con el pretexto de que deben solucionarse “las causas”, los ha dejado operar sin grandes contratiempos. Cuando Estados Unidos aprieta, aprehenden a un capo (como Ovidio Guzmán) un día antes de la llegada de Biden a nuestro país. Cuando la DEA es la que presiona, la Guardia Nacional asegura un gran cargamento de fentanilo a pesar de las afirmaciones del presidente de que esa droga no se produce en México. Pese a la verborrea inflamada del presidente, que sólo es para consumo de su público base, cuando el gobierno de EU aprieta, el gobierno de México se dobla, como cuando Ebrard-López Obrador se doblaron ante Trump.
En junio de 2021 se celebraron elecciones en varios estados de la República. En Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, el narco jugó electoralmente a favor de Morena, secuestrando candidatos y operadores electorales de la oposición. Los sacaron de sus casas y los retuvieron secuestrados hasta que terminaron los comicios. Los gobiernos emanados de esas elecciones no responden a la ciudadanía, responden a los cárteles que los impusieron. Lo mismo puede decirse de Tamaulipas. Hay fuertes indicios de que dinero del narco proveniente de esa entidad está nutriendo económicamente la campaña de Delfina en el Estado de México.
El narco no sólo tiene el dominio de vastas zonas del país, es también aliado político del partido del presidente. Su objetivo es la permanencia del grupo compacto de López Obrador en el poder.
El punto es que hay extensos territorios de la República controlados por el narco, que el presidente lo sabe y que miente al negarlo. Tomemos sólo un caso. Su famosa visita a Badiraguato, en marzo de 2020, en la que saludó a la mamá del Chapo. Ha dicho López Obrador que fue un encuentro casual. No fue así. En ese mismo viaje convivió con los abogados de Guzmán Loera en una comida al aire libre. Nos enteramos, con videos que se pueden ver en YouTube, de esa convivencia no por obra de la prensa, a la que le impidieron el paso: los videos fueron difundidos por el mismo cártel. En esos videos, a pesar de que se encontraba en una zona de alto riesgo, no se advierte presencia ni del Ejército ni de la Guardia Nacional. El narco se encargó de cuidar al presidente. Un par de días después del encuentro en Badiraguato (el primero de cinco), los abogados del Chapo agradecieron la visita, elogiaron al “presidente humanista”, y aclararon que López Obrador siempre había estado a salvo porque ellos se encargaron de su seguridad. “Desde el momento en que el presidente llegó a Culiacán en el avión –afirmó José Luis González Meza, abogado del narcotraficante, a Azucena Uresti–, no hubo ningún problema. No había ningún riesgo. Él llegó a la tierra del Chapo. La orden fue no dañar al presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido”. Para que quede claro: en sus visitas a Sinaloa el presidente va a ser protegido por el Cártel de Sinaloa. Esta es la triste realidad de México. Un presidente que pacta con el narco para asegurar la continuidad del grupo político que él encabeza.
Una mañana de 1946 entró a la oficina de Jorge Luis Borges un joven larguirucho con cara de niño llamado Julio Cortázar. Le dejó un cuento que Borges publicaría con el título de “Casa tomada”. Una pareja de hermanos vive acosada por una presencia misteriosa que se va apoderando habitación por habitación de la casa que habitan. La presencia de estos intrusos intangibles acaba por tomar toda la casa obligando a los hermanos a irse, no sin antes tirar las llaves a la alcantarilla.
México está siendo tomado, estado por estado, con la complacencia del gobierno, por los cárteles del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos presiona. López Obrador manotea, calumnia, reclama pero termina cediendo. En este juego tirante de toma y daca, los ciudadanos nos encontramos indefensos. Nos negamos a ceder una casa que es nuestra. Nos negamos a abandonarla y a entregar las llaves a la alcantarilla en que se ha convertido Morena.