Pedro Castillo no sabe de economía y ante su falta de dominio en el área está dispuesto a adentrarse en ella con fórmulas fracasadas del chavismo. Su objetivo es predecible, considerando la narrativa que ha desarrollado desde sus tiempos como candidato a la presidencia de Perú: busca atacar a los “monopolios” que durante la campaña, su ignorancia abrumadora le impidió definir en una entrevista.
Ante el Congreso, el mandatario presentará un proyecto de ley que establecerá la prohibición de los monopolios, el acaparamiento, la especulación y la concertación de precios. Con la normativa intenta apaciguar a las calles que exigen su renuncia. Sin embargo, esta vez el populismo tendrá un alto costo y todo el país lo pagará.
Estas mismas restricciones que insiste en implementar Castillo en tierras incas fueron ejecutadas hace dos décadas por el chavismo en Venezuela. Su aplicación terminó hundiendo al país en escasez, colas insufribles, racionamiento e inflación. Este es un resultado obvio que se da al interferir en los mecanismos de asignación naturales de mercado, que a su vez propició un contrabando de extracción y una corrupción sin precedentes.
Rumbo al desastre
Castillo enrumbará a Perú a un precipicio si consigna su proyecto. La tribulación parece consumirlo en un momento cuando la inflación anual de Perú alcanzó en marzo su ritmo más rápido en 24 años. Los precios al consumidor acumularon un avance anual de 6,82 %, el nivel más alto desde agosto de 1998, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
En términos mensuales, los precios subieron un potente 1,48 % frente a febrero, por encima del pronóstico que esperaban un alza algo superior a 0,9 %. Todas las canastas de productos y servicios que monitorea el INEI aumentaron de precio el mes pasado: los alimentos se encarecieron un 3,42% y los costos de la educación se incrementaron 2,84 %, justo al inicio del nuevo año escolar evidenciando que los precios desafían la cifra objetivo del Banco Central de 2 %.
De hecho, el mes pasado, la entidad monetaria elevó su pronóstico de inflación para 2022 de 2,9 % a 3,6 %. Sin embargo, su presidente, Julio Velarde, ya no está seguro de que vaya a regresar al rango objetivo en el primer semestre de 2023, como se estimaba anteriormente.
La presión que inyectará Castillo con su normativa que controlará los precios será su verdugo. El chavismo es un espejo de cómo en un entorno inflacionario, los precios regulados conducen a problemas de sustentabilidad de la producción, porque dificulta el acceso al bien o servicio, al regular su precio y no dejar que el mercado (a través de la oferta y la demanda) sea quien dicte el valor del producto.
Esto ocurre, incluso, con empresas de propiedad pública. Hasta ellas tienen problemas para generar ingresos suficientes que les permita cubrir sus costos de operación, lo cual implica que deben esperar subsidios o resignarse a la quiebra. Las cifras en Venezuela, al respecto son abismales.
Una coyuntura estratégica
Las protestas contra Castillo lo incitan a instaurar restricciones. Así comenzó el chavismo. El régimen, en aquel entonces, invocó al control de precios en Venezuela a raíz de la huelga general de empresarios y trabajadores de diciembre que inició en 2002. Ahora, dos décadas más tarde, Castillo emula este comportamiento. En esta oportunidad, utilizó la huelga de transportistas para implementar esta medida que restringe la libertad económica y el derecho a la propiedad privada.
En el panorama no hay nada alentador. Venezuela tiene a cuestas cinco reformas a Ley de Protección al Consumidor y al Usuario —promulgada en 2004— que deja en manos del presidente la declaración de bienes y servicios como de primera necesidad, asimismo, existe la mutación de esta, que se conoce como Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y Ley de Costos y Precios Justos.
La saña del régimen instauró hasta un Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios. Hoy por hoy, nadie puede oponerse, porque es aplicable en todo el territorio nacional “a las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de servicios, determinen los precios que correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios”.
Resultado atroz
La normativa sepultó la diferenciación entre bienes y servicios de primera necesidad, que había sido determinante en el ordenamiento jurídico venezolano. Por lo tanto, todas las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que con desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, que producen, importan o comercializan bienes, o presten servicios, por los que reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio tienen que acatarla.
¿El resultado? Una “guerra Económica” donde la inflación estuvo rondando en 3000 %, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela, situación que impulsó fiscalizaciones y ajustes de precios en decenas de supermercados cuyos estantes exhiben ahora su “precio máximo de venta” después de haber estado vacíos por sólo permitirse una ganancia de 30 %.
Dispuesto al fracaso
Hasta la fecha, Castillo sólo ha logrado la aprobación de cuatro iniciativas en el Congreso cuando Alan García en un mismo periodo ya sumaba 32 y Alejandro Toledo 43. En entrevista con PanAm Post, el politólogo peruano de El Comercio, Alejandro Boyco afirma que “el gobierno no goza de alta aprobación ciudadana ni de suficiente control sobre los legisladores, a quienes necesitaría para aprobar nuevas leyes”.
Apunta que “ya existe una ley antimonopolios esta no se ha traducido en cambios reales en la economía o en la percepción ciudadana y Castillo apela a movilizar el descontento justificado de la ciudadanía”, pero se equivoca con una “serie de mensajes y discursos simbólicos sin especificar políticas públicas concretas”.
Según Boyco, a pesar de la incertidumbre por la tendencia y radicalidad de Perú Libre —partido de Castillo— el problema es la incapacidad de gestión antes que una posibilidad real de intervención excesiva y peligrosa en la economía, o de un giro autoritario.
Un contraste
En los países más desarrollados, las políticas de control de precios se abandonaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprobó que la fijación de precios máximos tiene como consecuencia directa la escasez. Entendieron que cuando se fija un precio artificialmente bajo, la demanda del bien se acelera hasta que la oferta resulta insuficiente.
Cuba es, posiblemente, el ejemplo más extremo de las consecuencias de las regulaciones estatales, al punto de haber llegado a la famosa libreta de racionamiento aún vigente desde hace más de 50 años, que convirtió a la isla en el país con menor consumo de carne del mundo.
Argentina, Bolivia, Ecuador también forman parte del podio de naciones con estas políticas que fomentan el alza a los precios en los mercados negros. Sus gobiernos, por medio de políticas populistas, desincentivan la oferta primaria creando brechas entre oferta y demanda al precio regulado.
Juntos son la prueba de que cuando se establecen sin fundamento resultan arbitrarios y confiscatorios. Es por ello que incentivar estas restricciones suele fortalecer una de las barreras contra cualquier recuperación económica y como el regulador por naturaleza es imperfecto en la determinación de precios, el bienestar social desaparece.
Fuente: PanamPost