Es lugar común considerar al Partido Popular un gestor capaz de enmendar los desaguisados económicos producidos por los gobiernos socialistas. La propaganda que acompaña la alternancia partitocrática española sostiene que el PSOE, acaso por mantener incrustado entre sus siglas el sustantivo obrero, lleva a cabo avances, incluso conquistas, sociales, mientras el partido del charrán, acaso por alojar en su seno ingentes cantidades de egresados de las escuelas de negocios, que recuerdan vagamente a aquellos aparentemente desideologizados tecnócratas, despliega unas políticas neutras en lo ideológico.
Ocurre, no obstante, que esta división maniquea del panorama político español dista mucho de ajustarse a la realidad. Entre otros motivos, porque ambas formaciones no son las únicas con implantación, más o menos profunda, en todo el territorio nacional. A este respecto, al PP y al PSOE, han de sumarse VOX y lo que queda de Ciudadanos. También a Unidas Podemos, agrietada correa de transmisión de todo proyecto a caballo entre ciertas modulaciones globalistas y un aldeanismo rayano en un prefabricado indigenismo a la española. Los alternantes PP y PSOE no son, por lo tanto, los únicos en moverse por el tablero nacional, aunque en el caso de la formación tardofranquista liderada por Sánchez, no exista en Cataluña, donde opera un PSC que ha peseizado al propio pesoe.
La subasta impositiva territorial ha dado comienzo, y a ella se ha sumado el propio Gobierno al anunciar un impuesto dirigido «a los ricos» a los que tan bien conoce
En este contexto, las rebajas fiscales emprendidas por algunos gobiernos populares han hallado eco en aquellas tierras en las que gobiernan los así llamados –extraña denominación para un partido que se dice republicano y federalista- barones. Preocupados por los efectos que puedan tener en el electorado cautivo autonómicamente, algunos prebostes socialdemócratas se han mirado en el espejo popular y han anunciado rebajas en diversos tributos sujetos a su jurisdicción. La medida, dirigida a asegurarse el apoyo de quienes nutren las redes clientelares autonómicas, ha sido mal encajada en la Moncloa, cuyo cinematográfico inquilino ha mostrado una debilidad que la prensa afín no ha podido encubrir. Así pues, la subasta impositiva territorial ha dado comienzo, y a ella se ha sumado el propio Gobierno al anunciar un impuesto dirigido «a los ricos» a los que tan bien conoce, pues tanto el PSOE como el PP se sostienen gracias a poderes económicos que, andando el tiempo, se cobran su apoyo.
La pugna entre partidos, entre regiones y entre barones es una prueba más de las consecuencias del balcanizante (…) modelo autonómico que padece España
La pugna entre partidos, entre regiones y entre barones es una prueba más de las consecuencias del balcanizante, en este caso en términos impositivos, modelo autonómico que padece España. Una zaragata entre propios y extraños que deja en el ángulo muerto una realidad a la que ninguno de los partidos hegemónicos quiere atender: la excepcionalidad de las Vascongadas, bajo su fórmula autonómica y de Navarra, regiones sistemáticamente favorecidas por los gobiernos de Madrid, hasta ahora cautivos del chantaje –negociación, si se quiere- del PNV y, próximamente, de EHBildu.
Ni el PP ni el PSOE se atreven, siquiera, a cuestionar esta anomalía de raíces etnicistas, pues acabar con lo que en su día Mikel Buesa denominó «pufo vasco», pondría a los administradores de la actual democracia coronada, ante una posibilidad que, no por necesaria, deja de abismar a socialdemócratas y determinados sectores ultraliberales: la centralización.