Inicia un nuevo año, y el Gobierno del presidente Boric recién lleva diez meses en el Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario chileno inició enero con 70% de desaprobación, la más alta que ha tenido un presidente en su primer año de gestión. Esto se explica por las políticas e iniciativas impulsadas por el mismo Gobierno: las reformas tributarias y de pensiones, el indulto a los mal llamados “presos políticos”, y un total abandono de deberes en materia de seguridad pública, mientras que Chile se embarca en un nuevo proceso constituyente. Con todo, estos lineamientos continuarán durante 2023, año que se teme que se caracterizará por una economía débil, al mismo tiempo que se abren escenarios de riesgos y de incertidumbre.
El último día hábil de 2022, el presidente Gabriel Boric anunció el indulto a trece condenados en el contexto de las revueltas del 18-O. Rápidamente se conoció el prontuario de dichos sujetos, de los cuales once de ellos ya contaban con condenas previas a las revueltas de 2019, y entre todos ellos suman 52 detenciones previas. Los casos más polémicos son los insurrectos Jorge Mateluna —quien fue miembro de la agrupación terrorista FPMR— y Luis Castillo Opazo —quien sostuvo tras su indulto que «los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa. Hay que mantenerse firme y luchar por la fuerza de la historia»—.
Si bien la polémica aún continúa, dado que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo la semana pasada que hubo que hubo “desprolijidades” en los indultos por parte de la presidencia, para las distintas autoridades esto era parte de su agenda, ya que tanto Vallejo, Boric y Giorgio Jackson han indicado que los indultos eran una meta, demostrando que la impronta de demócrata solo es un disfraz, y que el gobierno del Frente Amplio-Partido Comunista continuará validando la violencia, en especial en un año que se cumplen 50 años del Pronunciamiento Militar de 1973.
De hecho, el Gobierno ya alista cuál será el relato sobre la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 para el presente año: instalar memoria histórica. Esto es complejo, pues, la historiografía más que acercarse a los hechos concretos busca dar una interpretación a los sucesos históricos, abriendo la posibilidad de dudosas lecturas y, por tanto, de manipulación del pasado.
Asimismo, el Gobierno busca empujar seis puntos en el discurso sobre los cincuenta años del 11 de septiembre: “la democracia se profundiza con derechos humanos, la democracia se fortalece con el diálogo intergeneracional, la democracia reconoce y trabaja con la ciudadanía a escala territorial e internacional, la democracia se funda en un Estado garante de derechos económicos, sociales y culturales”. Todo lo anterior debe tener enfoque feminista y de género usando un lenguaje pluralista.
Pero lo curioso de ello es que se habla de “democracia” incesantemente, un eufemismo que si se lee en clave post-marxista se desnuda rápidamente. Tal como sostienen Ernesto Laclau y Chantall Mouffe en numerosos escritos, la estrategia de la nueva izquierda no debe ser la dictadura del proletariado, obsoleta para esta rama marxista, sino que el camino debe ser profundizar la democracia que, dicho de otro modo, significa lo que ellos denominan “Revolución Democrática” o “radicalización de la democracia”. Esto implica apelar a una democracia horizontalizada, de asambleas y consejos —como lo fue la Convención Constitucional—, que entiende a la política como el espacio donde hay negociaciones y tensiones agonistas, abriendo espacios de “pluralismo” para llegar a un “momento populista”.
Y aún hay un riesgo en ello, ya que el día miércoles, el Congreso chileno despachó la ley de reforma para impulsar el proceso constituyente 2.0. Así, se abre un nuevo momento constituyente. Si bien, hay un marco de doce bases constitucionales que —se supone— el nuevo órgano —llamado ‘Consejo Constitucional’— debe respetar, nada augura el éxito de este proceso el que considera paridad y escaños reservados para indígenas en sus miembros.
Con todo, ya se establecieron las fechas del proceso constituyente: el 6 de febrero se declaran las candidaturas a consejeros; el 6 de marzo se instala la Comisión Experta (24 miembros) y el Comité Técnico de Admisibilidad (12 personas); el 7 de mayo hay elecciones de los consejeros constitucionales (50 escaños); el 7 de junio se instala el Consejo Constitucional; para que, finalmente, el 17 de diciembre se realizará el plebiscito de salida en el que se le preguntará, nuevamente, a los chilenos si desean la propuesta de Constitución.
Por otro lado, el aspecto económico no augura buenas proyecciones. Según el Banco Mundial, la región latinoamericana crecerá en promedio 1,3% en 2023, en el marco de un año poco auspicioso debido al lento crecimiento de Estados Unidos y China. No obstante, Chile junto a Haití son los únicos países de la región que no solo no presentarán crecimiento, sino que decrecerán en 2023. Esto es una mala señal en especial porque el Gobierno chileno liderado por el frenteamplista Gabriel Boric está impulsando las reformas tributaria —que no busca el crecimiento económico ni el aumento de la riqueza, sino todo lo contrario— y la de pensiones, las cuales no ayudan a superar esta situación —que bajo eufemismos de un “sistema mixto” se instala en la práctica uno de reparto—.
Dicho de otro modo, las proyecciones económicas para Chile no son buenas. Si bien, en lo que va del año, el peso chileno ha sido la segunda moneda que más ha subido, el Banco Central de Chile prevé que la actividad económica se contraerá un 2,5% en el primer trimestre, y caería 1,5% a lo largo del 2023. De hecho, hay expertos que sostienen que la inflación aumentará a 5% en lugar del 3,6% que proyecta el Banco Central.
Como es evidente, se prevé que el año 2023 para Chile sea nuevamente movido en materia electoral, con elecciones de consejeros constitucionales y un plebiscito de salida. Asimismo, en materia política se están impulsando iniciativas que apuntan a desmantelar los pilares institucionales con las reformas tributarias y la de pensiones
Lo anterior, sin duda, abre escenarios de riesgo y de incertidumbre para los chilenos, mientras que los problemas de seguridad pública —la mayor preocupación de los chilenos en este momento según el sondeo de la encuesta CEP— no es una prioridad a solucionar para el Gobierno.
Además, con el cumplimiento de los cincuenta años del Pronunciamiento Militar que logró salvar a Chile de caer bajo el yugo marxista-leninista que impulsaba Salvador Allende, los discursos oficiales que emanaran desde el Gobierno apuntan a una disputa por la memoria histórica, por lo que es dable adelantar que la polarización en la sociedad chilena no disminuirá.
En suma, el 2023 está lejos de ser un año auspicioso para Chile. Es dable que aumenten los discursos polarizados, mientras que el decrecimiento económico ya afecta directamente la vida de los chilenos al igual que los problemas de seguridad pública. A su vez, las iniciativas del Gobierno profundizan aún más la inestabilidad e incertidumbre, lo que se intensifica con el proceso constituyente pues no hay nada seguro con este.