Este miércoles arranca en Chile la campaña electoral que definirá la suerte de la Constitución vigente, redactada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. El plebiscito del 25 de octubre es la elección más relevante del país sudamericano de las últimas décadas, que definirá sus bases en el próximo medio siglo. Y es inédito en el mundo. Por primera vez, un referéndum consultará a sus ciudadanos simultáneamente si quieren o no reemplazar la Carta Fundamental –si aprueba o rechaza esa idea– y quienes la redactarán. Si una convención constitucional cuyos 155 asambleístas serán especialmente elegidos para ese propósito o si una convención mixta, compuesta también por parlamentarios. Es la apuesta de la institucionalidad para conducir la molestia ciudadana que explotó en octubre pasado en forma de protesta y de violencia.
Serán 14,8 millones de personas las que están convocadas a las urnas en una elección de participación voluntaria. De reemplazarse finalmente la Constitución de Pinochet –una Carta Fundamental dogmática que no une a los chilenos y que ha sufrido decenas de modificaciones–, se discutirán asuntos fundamentales como el régimen político: si mantener el presidencialismo o variar hacia un sistema semi presidencial o parlamentario. Una nueva Constitución, a su vez, definirá el nivel de descentralización y regionalización que tendrá el país, como también asuntos relativos a la inclusión institucional de los pueblos originarios.
En el debate constituyente chileno se debatirá sobre el modelo de desarrollo económico y las características del propio Estado, donde una de las principales tensiones será la cantidad de derechos sociales que se incorporen como garantías en una nueva Carta Fundamental. La existencia de organismos como el Tribunal Constitucional –que en Chile actúa como una tercera cámara, de acuerdo a los críticos– también será un asunto que se deberá resolver.
Los distintos partidos políticos han comenzado a desplegar este miércoles sus campañas en distintas plataformas. El partido Republicano, de extrema derecha, señala en uno de sus afiches: “El plebiscito destruirá Chile. Chile no necesita cambiar la Constitución, necesita cambiar a los políticos”. Los socialistas, junto con el PPD y los radicales –que conformaron en el pasado la Concertación de centroizquierda– apuntan a las razones del cambio: “Para un país más igualitario, inclusivo y sin discriminación…nueva Constitución y convención constitucional”. En paralelo, las radios comenzarán a emitir propaganda con información electoral de interés ciudadano. La franja televisiva, en tanto, arrancará el 25 de septiembre, siempre y cuando el plebiscito no se suspenda nuevamente por la crisis sanitaria de la covid-19, como ya sucedió una vez (estaba programado originalmente para el 26 de abril).
El cambio tiene mayoría
A dos meses del referéndum, el resultado parece evidente, al menos de acuerdo a los sondeos de opinión. Según la última encuesta de la empresa Activa de la primera quincena de agosto, la opción de los que aprueban cambiar la Constitución alcanza un 68% y la de los que la rechazan un 10,3%, mientras que la convención constitucional obtiene un 49% contra el 25,8% de una convención mixta. La tendencia del resultado se ha repetido en todas las encuestas de 2020.
Los que no quieren cambiar la Constitución se encuentran en la derecha doctrinaria, de partidos como la UDI. Pero entre los partidarios de reemplazarla, hay ciudadanos de izquierda y de derecha. De hecho, el dirigente con más probabilidades de asumir una candidatura en el oficialismo el próximo año, el alcalde Joaquín Lavín –Opus Dei, excolaborador del régimen de Pinochet y militante de la UDI– ha declarado abiertamente su voto por una nueva Carta Fundamental. La derecha, por lo tanto, está dividida con miras al plebiscito.
Con el inicio hoy de la campaña por el referéndum, comienza una maratón de comicios en Chile. De ganar la opción de quienes quieren cambiar la Constitución, habrá otras siete elecciones entre 2021 y 2022. La elección de constituyentes para la convención –que estará constituida al menos por un 50% de mujeres, una gran novedad en la política chilena–, se realizaría el 11 de abril próximo. Desde la fecha de su instalación comenzará a correr el plazo de nueve meses para redactar y aprobar el texto constitucional, que puede ser aplazado por otros tres meses. El trabajo de la convención, por lo tanto, debe estar terminado a más tardar en mayo de 2022 y ser ratificado por un nuevo plebiscito, esta vez con el voto obligatorio de todos los ciudadanos.
Alta abstención
La participación electoral el 25 de octubre es una incógnita. En primer lugar, porque Chile tiene una de las tasas de abstención más altas de la región. En las municipales de 2016 votó el 36% de los ciudadanos, en la primera vuelta presidencial de 2017 un 46% y en el balotaje un 49%. Es una tendencia marcada desde la década del noventa que se hizo todavía más evidente en 2012, con el voto voluntario.
Pero un segundo asunto pone en duda la asistencia: la pandemia que ha dejado al menos 11.000 muertos, cuya primera ola todavía no está controlada. Sin voto electrónico ni otras formas alternativas de ejercer el derecho a sufragio, el Servicio Electoral trabaja a contrarreloj para presentar normas que garanticen un plebiscito seguro, incluso para los grupos de riesgo que podrían restarse por miedo a los contagios. En Chile, la gente de entre 60 y 74 años es la que más acude a votar.
Las encuestas, sin embargo, muestran mucho interés ciudadano por este plebiscito, que tuvo su origen justamente en las protestas sociales del año pasado. Cuando parecía que no había salida a una crisis social y política sin precedentes, las fuerzas más importantes con representación en el Parlamento ofrecieron una nueva Constitución, una solución que la derecha doctrinaria del país –que es parte de la coalición de Gobierno de Sebastián Piñera– aceptó a regañadientes.
De acuerdo a la última encuesta Cadem, un 69% de las personas tienen “totalmente” decidido votar en el plebiscito y un 63% de los encuestados manifiesta tener interés en el referéndum. Pero la gente en Chile, sin embargo, se resiste al proceso de desescalada de las cuarentenas por la covid-19 y aumenta la preocupación por los contagios (un 65% se declara bastante preocupado, de acuerdo al mismo sondeo de opinión del pasado domingo). De hecho, las autoridades de Gobierno ya han comenzado a descartar que los contagiados puedan ejercer su derecho a sufragio.
El presidente Piñera ha pedido prescindencia en el proceso plebiscitario, porque tanto su bloque político como su propio gabinete están divididos. Es una posición que los partidarios de que se cambie la Constitución no comprenden, porque fue el mismo mandatario el que abrió la puerta a un camino constituyente y podría haber asumido un papel protagónico con miras a un proceso político fundamental. En una entrevista el fin de semana, Piñera optó por desdramatizar el resultado de la elección y enfocarse, sobre todo, en los contenidos de una probable Carta Magna. El Ejecutivo, a dos meses del plebiscito, busca no asumir como propia la probable derrota de los que no quieren cambiarla.
Fuente: El País
Chile inicia la carrera electoral hacia la reforma de la Constitución de Pinochet
