El gobierno de Chile informó, en un nuevo balance diario, que la cifra total de muertos por coronavirus en el país llegó a 3.841, tras reportarse 226 nuevos fallecimientos inscriptos en el Registro Civil (con la nueva metodología no necesariamente son decesos de las últimas 24 horas). Respecto a los contagios, se reportaron 4.475 casos nuevos y el país suma 225.103 infectados.
También se informó que los pacientes en terapia intensiva son 1.845, de los que 399 están en estado crítico.
El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó además que el gobierno busca sumar a las compañías de teléfono para realizar un monitoreo de la movilidad de las personas en las comunas que están en cuarentena en el país en medio de la pandemia.
“Vamos a tratar de que las compañías de teléfono, como se hizo en Corea por ejemplo, nos ayuden a controlar la movilidad mediante el testeo o el seguimiento de los teléfonos celulares”, afirmó Paris en una entrevista con radio Cooperativa.
En cuanto a la privacidad de los datos de los clientes de las empresas, el titular de la cartera aclaró que no se busca “identificar a las personas”, sino constatar en cuánto se redujo la movilidad al instaurar la cuarentena en una comuna. “Gracias al seguimiento que hacemos sin identificar a nadie. Esto no es una invasión de la privacidad”, acotó.
Por último, dijo que conocer ese dato “va a permitir también saber en qué momento se agota la capacidad de la cuarentena”. “No es que vamos a hacer el seguimiento de persona por persona, eso de ninguna manera”, concluyó.
La Cámara de Diputados despachó el proyecto, impulsado por parlamentarios oficialistas, con votación favorable y la normativa recalará ahora en el Gobierno para ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera y publicado en el Diario Oficial para ser efectivo.
Este cambio en la legislación penal se produce tras las críticas de las autoridades hacia parte de los ciudadanos que, sobre todo en Santiago de Chile, que se encuentran bajo cuarentena desde hace cuatro semanas, no cumplían con el confinamiento obligatorio.
En ese sentido, los cambios en el Código Penal aprobados por el Poder Legislativo estipulan tres situaciones sancionadas con penas de prisión.
En el grado más severo, el proyecto señala penas de hasta 5 años de presidio para quien “en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria”.