El dilema es “apruebo” o “rechazo”. Una especie de “pollo” o “pasta” de un vuelo de 14 millones de chilenos en busca de un país que finalmente se desprenda del lastre de la dictadura pinochetista (1973-1990) y se convierta en uno más justo, con prosperidad para todos. Esta semana se reanudó el proceso para llegar al plebiscito del 25 de octubre que determinará si se aprueba o rechaza adoptar una nueva Constitución que reemplace a la impuesta por los militares en 1990. El coronavirus obligó a suspender la votación que estaba prevista para finales de abril. Después de más de 400.000 casos de Covid y 11.000 muertes, los partidarios de una y otra opción volvieron a la campaña. Una situación que retrotrae al país a octubre de 1988 cuando el general Pinochet llamó a un referéndum para quedarse en el poder por otros nueve años. El “No” ganó por casi el 56% de los votos contra el 44% de los que apoyaban la continuidad de la dictadura y se abrió el proceso para llegar a la democracia. Un dilema que se repite 32 años más tarde con casi los mismos factores en juego.
Las restricciones de la pandemia opacaron una campaña que se refugió en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Apenas un grupo de personas de “Apruebo Chile Digno”, formado por los partidos Comunista, Progresista y Verde Social, se animaron a un banderazo en la Plaza Baquedano, el epicentro de las protestas que se iniciaron en octubre del año pasado y cuya principal reivindicación fue la adopción de una nueva Constitución. Otros, se juntaron en la Plaza Ñuñoa del tradicional barrio de clase media santiaguino. De Las Condes para arriba, en los barrios exclusivos de los cerros donde se concentran los votantes del rechazo, sólo hubo silencio. Allí se expresan por otros medios más sutiles.
Y como viene ocurriendo desde 1988 con las franjas electorales de de propaganda política que son un clásico del mes anterior a las elecciones, la creatividad de los mensajes en todos los medios es fantástica. En las redes se pueden ver spots de los partidos y agrupaciones llamando a la aprobación o el rechazo con ingenio. Desde actores que se suceden con simples cuestionamientos del tipo “¿no nos debería dar gusto cambiar la constitución de Augusto?” hasta un argentino en formato Tik-Tok diciendo “no arruines tu país, no hagas esa puta reforma”. Y por supuesto no faltan el rap ni las orquestaciones épicas de final de película. Mensajes que se irán renovando y contestando uno a otro hasta unos días antes de la votación.
El 15 de noviembre de 2019 y tras una de las jornadas más violentas de la historia reciente de Chile, se produjo un histórico acuerdo político para dar respuesta al llamado que miles de manifestantes exigían desde semanas atrás: una nueva Constitución más flexible y con más derechos para los ciudadanos. Se aprobó la realización de un plebiscito en el que se decidirá si se modifica o no la Constitución heredada de la dictadura. En la consulta se pregunta a los chilenos si quieren “una nueva Constitución” y si, en el caso de ganar el “apruebo”, el órgano encargado de redactarla debería ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados. La elección de los constituyentes se realizará en abril y estos deberán redactar la nueva Constitución en el plazo máximo de un año.
Los defensores del “rechazo” son los herederos políticos del pinochetismo agrupados en la UDI (Unión Democrática Independiente), creada a la sombra de la dictadura, y la RN (Renovación Nacional), partido originario del presidente Sebastián Piñera, que representa desde siempre a los sectores más conservadores del país. Junto a estos partidos están también grupos evangelistas y católicos ultraconservadores. “No necesitamos una nueva Constitución para mejorar la vida de los chilenos, hemos demostrado que se puede hacer con buenas leyes en el Congreso”, asegura el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry.
Del otro lado, los que votan por “aprobar” son casi todos los otros partidos políticos que van desde el centro derecha hasta la izquierda. Los partidos y sectores de la sociedad que gobernaron en diferentes coaliciones desde la vuelta a la democracia. “Chile nunca ha tenido una Constitución escrita en democracia. Además, si gana la Convención Constituyente, habrá paridad de género, algo inédito en el mundo”, defiende Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile. Las encuestas marcan que apoyan la opción de “apruebo” más del 70% de los que dicen tener intención de votar (un 87% del total del electorado).
Y a pesar de que todo debía haber estado preparado para votar en abril, el gobierno y el Servicio Electoral todavía tiene temas pendientes de resolución. ¿Se limitará el gasto en las campañas? ¿Se regulará la propaganda electoral por internet? ¿Qué fórmula se aplicará para asegurar escaños reservados de pueblos originarios en el órgano constituyente? ¿Podrán votar los que estén contagiados de Covid-19? Desde el gobierno dicen que “los casos positivos, sospechosos y de contacto estrecho, no voten”. La polémica está servida. ¿Quién va a controlar y cómo a los millones de personas que podrían ir a votar?
En tanto, está la realidad. Los camioneros están realizando una medida de fuerza para “estrangular las carreteras”. Mantienen estacionados sus vehículos en las autopistas y rutas dejando un solo carril para transitar. Protestan por la falta de seguridad. El problema se centra, particularmente, en las regiónes de la Araucanía y Bío-Bío, donde grupos de mapuches organizan ataques contra los camiones, así como oficinas del gobierno, empresas y campos productivos. En lo que va del año, incendiaron 85 transportes de carga. Las protestas están lideradas por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), que exige la aprobación inmediata de una docena de leyes para combatir la inseguridad en las zonas donde desde hace décadas existe un enfrentamiento entre comunidades mapuches y empresas agrícolas que explotan tierras consideradas ancestrales.
Las huelgas de los camioneros siempre traen malos recuerdos en Chile. El 9 de octubre de 1972, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones convocó a un paro nacional que se extendió por 26 días y debilitó al primer gobierno socialista que llegaba al poder por la vía democrática encabezado por Salvador Allende. A la huelga se fueron sumando otros sectores empresarios provocando un grave desabastecimiento. Según documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, la CIA invirtió en ese momento ocho millones de dólares para proveer de fondos y logística a los dueños del transporte de carga. Los camioneros se enfrentaron, años más tarde, a otros gobernantes de origen socialista como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Precisamente, Bachelet, la actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se encuentra detrás del impulso del plebiscito por parte de los partidos de la ex Concertación y el ex Frente Amplio. Apenas se escucharon rumores de que algunos personajes del gobierno querían posponer la consulta, su persona más cercana y portavoz en Chile, salió a marcar la cancha. “Es inquietante que se use la pandemia para poner en entredicho el plebiscito, pero también otros temas en los que el gobierno tiene que rendir cuentas, como es el caso de las víctimas de las violaciones flagrantes a los derechos humanos durante las protestas”, dijo la abogada Paulina Vodanovic, presidenta de Horizonte Ciudadano, la fundación de la ex presidenta. Sectores socialdemócratas buscan tentar a Bachelet para que se presente a una tercera candidatura presidencial (gobernó entre 2006/2010 y 2014/2018) y quieren utilizar el referéndum constitucional para instalarla.
Se vienen dos meses álgidos en Chile. La campaña por la reforma constitucional promete sacar a la luz muchos otros temas postergados. Particularmente el de las protestas que dejaron 30 muertos y miles de heridos. Y la actitud de los Carabineros que, de acuerdo a un informe oficial divulgado por el sitio de investigación Ciper, en las dos primeras semanas de las revueltas dispararon 104.000 tiros de escopeta con cartuchos calibre 12 de perdigones que dejaron 126 personas con lesiones oculares irreversibles y muchos otros con heridas graves. Las acciones de los carabineros y el resto de las fuerzas armadas durante los últimos cincuenta años, también serán “juzgadas” en este referendum.