Chile celebrará el próximo fin de semana una de las elecciones más importantes de las últimas décadas. En medio de una crisis política, social e institucional que se suma a la sanitaria y la económica, los chilenos elegirán a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Ley Fundamental, la primera nacida en democracia y que sustituirá a la de Augusto Pinochet. El órgano será paritario entre hombres y mujeres y habrá 17 escaños reservados para los pueblos originarios.
Las revueltas de octubre de 2019 empujaron al Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), y a prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, a ofrecer un itinerario para elaborar una nueva Constitución. Fueron días de marchas pacíficas y protestas violentas en los que la democracia chilena estuvo en peligro. Aunque las fechas de las elecciones han debido modificarse en dos ocasiones a causa de la pandemia, en octubre pasado se celebró el plebiscito, donde ocho de cada 10 chilenos respaldaron el cambio de la Constitución. La actual fue redactada en 1980 por el régimen militar de Pinochet, pero ha sufrido una cincuentena de modificaciones, tanto al final de la dictadura (1989), como en el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), cuya firma está estampada en la actual Constitución. Pero en sus cuatro décadas de vida, el texto no ha logrado ni legitimidad ni convertirse en un elemento de unión entre los chilenos.
“Se han generado expectativas muy altas respecto del cambio que pueda significar la Constitución. Fue una gran salida política en 2019, pero los problemas seguirán, simplemente porque no es posible que se resuelvan con una nueva redacción”, opina el académico Iván Jaksic, premio nacional de Historia 2020. “Temas que pueden importarle a la gente, como la equidad, la dignidad o la empatía son difíciles de constitucionalizar, o cuando lo hacen, como en otros países, generan nuevos problemas”, asegura Jaksic. Para el historiador, “esto nos remite a un viejo problema: la Constitución escrita y el país real”, aunque asegura que las elecciones del fin de semana son “un buen ejercicio cívico”.
Los 155 redactores comenzarán a trabajar desde una hoja en blanco y, de acuerdo con las reglas fijadas, se necesitará del respaldo de dos tercios de la convención para aprobar las normas que se incluyan en el nuevo texto. “Para bajar los temores de los diferentes sectores se acordaron algunos marcos de trabajo que el órgano constituyente debe respetar: el régimen democrático, republicano, los tratados internacionales vigentes y las sentencias judiciales ejecutoriadas”, explica Tomás Jordán, del Observatorio Nueva Constitución, plataforma de seguimiento del proceso.
Redefinición de país
De la correlación de fuerzas que salga elegida en la votación de este fin de semana dependerá, en buena medida, el pulso de la nueva etapa que inaugura Chile, 31 años después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
Pese a las cautelas de algunos expertos, Chile se redefinirá en asuntos fundamentales. La convención discutirá su régimen político y sistema de Gobierno, porque existe algún consenso en que el presidencialismo a la chilena mostró deficiencias con las revueltas de octubre de 2019. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente centralizado en la capital como el chileno.
Los 155 constituyentes deberán acordar, asimismo, asuntos relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad. Un tema central, dados los históricos problemas de relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado —los derechos económicos y sociales son debates calientes— y asuntos especialmente sensibles para los mercados como la autonomía del Banco Central.
De los 1.268 candidatos a integrar la convención, un 68% no milita en ningún partido. La participación es una gran incógnita, en un país con alta abstención y voto voluntario. El plebiscito de octubre pasado concitó al 51% de los electores, levemente por encima de las últimas elecciones.
Un texto cerrado para junio de 2022
El presidente Sebastián Piñera deberá convocar la sesión inaugural de la convención en junio, como tarde. La convención arrancará en los 15 días siguientes y elegirá, en su primera sesión, la presidencia y vicepresidencia. “Desde la fecha de su instalación empieza a correr el plazo de nueve meses para redactar y aprobar el texto constitucional que será objeto del plebiscito de salida. Este plazo puede ser prorrogado, por una sola vez, por tres meses”, explica Lucas Sierra, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), en su texto El reglamento de la convención y el riesgo de la hoja en blanco. Eso significa que el nuevo texto constitucional debe estar terminado, a más tardar, en junio de 2022.