Las enormes expectativas de los chilenos de obtener los cambios sociales que tanto esperaban están en la Constitución que el próximo año, y de manera inédita en el mundo, será escrita por igual número de mujeres y hombres.
La elite política quedó fuera de la redacción de la nueva Ley Fundamental luego de que un 78% de los chilenos que votaron en un plebiscito en octubre último decidiera marginarlos del proceso constituyente al optar porque sea escrita sólo por ciudadanos electos.
“Estamos en una fase de mucha expectativa y no puede ser de otra manera porque después de tanta acumulación (de desigualdad), no se puede pedir a la sociedad que tenga un realismo total”, dijo el historiador Claudio Salinas, director del Magíster en Comunicación Política del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
“La Constitución debe incluir el derecho a mejor salud, pensiones, educación, la defensa del medio ambiente y la protección animal”, dijo Valentina Drully, vendedora de 19 años en un centro comercial.
Valeria Paredes, ama de casa de 48 años, agregó que “la educación y la salud deben estar si o sí”.
Los chilenos se ganaron en la calle el derecho a reemplazar la Constitución heredada por la dictadura militar (1973-1990), luego que centenares de miles salieron a protestar tras el violento estallido social de octubre de 2019 para exigir mejoras sociales en pensiones, salud, educación, entre otras demandas, y el fin de la gran desigualdad que hay en Chile.
En una de las naciones más desarrolladas de la región, el estallido social desestabilizó al gobierno del centroderechista presidente Sebastián Piñera, quien se vio obligado a pactar un acuerdo con la oposición de centroizquierda que instaló el plebiscito en que dominó la opción de escribir otra Ley Fundamental.
La Constitución vigente fue impuesta por la dictadura militar en 1981 y a pesar de que ha tenido decenas de modificaciones, conserva la esencia de la original que instauró un modelo político, económico y social de libre mercado, un Estado subsidiario que incluyó al sector privado en la prestación de servicios de salud y educación para quienes pueden pagar, mientras más del 80% de la población debe atenderse en sistemas públicos, a menudo deficitarios. También consagra súper mayorías de 66 y 60% de los sufragios para cambiar las leyes más importantes, como las de salud y pensiones, porcentaje que no tienen ni el oficialismo ni la oposición.
Muchos chilenos aspiran a que las mejoras sociales -que deben ser impulsadas por políticas públicas de los gobiernos de turno- queden consagradas en la nueva Carta Magna.
Daniel Catalán, maestro de cocina cesante de 56 años, cree que la inclusión de un mayor bienestar social depende de las personas que redactarán la Constitución y opina que, si no se incluye, “la gente va a salir a protestar con mayor fuerza» y «habrá millones en las calles”.
Sin embargo, “estos son procesos de larga duración. No podemos caer en esta idea idealista y un tanto ingenua de que después de la nueva Constitución, al otro día el país va a cambiar”, señaló Salinas. Añadió que “como no hay mecanismos que obliguen a las autoridades a realizar lo que ellos comprometieron cada vez que hay elecciones, necesitas una sociedad movilizada”.
Las 155 personas que escribirán la nueva Constitución serán elegidas el 11 de abril. El mismo día los chilenos también sufragarán para escoger nuevos alcaldes, concejales y gobernadores. En noviembre volverán a las urnas para elegir senadores, diputados y al sucesor de Piñera. Es posible que deban votar en una segunda vuelta presidencial y de gobernadores.
Los constituyentes empezarán a trabajar en mayo próximo y tendrán entre nueve meses y un año para redactar la nueva Constitución, cuyo contenido será aprobado o rechazado en un segundo plebiscito a mediados de 2022.
La opción de que la Carta Magna fuera escrita por un grupo de 172 personas, la mitad electos y la otra por parlamentarios en ejercicio, fue apoyada sólo por el 21% de los 7,5 millones de personas que votaron en octubre.
Aunque se disminuyó el número de firmas que deben presentar los aspirantes independientes a integrar la convención constitucional, es generalizada la opinión de que la mayoría quedarán afuera por las dificultades de enfrentar en solitario a las maquinarias de los partidos de oposición y de gobierno.
Juan Santander, funcionario bancario de 35 años, aspira a que los constituyentes cambien el sistema de pensiones que se basa en un ahorro individual administrado por privados y que otorga muy bajas pensiones.
Edwin Gras, profesor de educación física de 56 años, coincidió en que los sistemas de salud, educación y de pensiones deben ser cambiados, y agregó que “deberíamos propiciar una ley para que ningún político se repita. No puede ser que estén 12, 20 y hasta 30 años en el poder”. No pocos parlamentarios están en el cargo desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990.
Muchos chilenos coinciden en que los constituyentes deben sesionar a puertas abiertas.
Frente a las grandes expectativas que despierta la Ley Fundamental que reemplazará a la impuesta por la dictadura, el protocolo que regirá el proceso constitucional aún está por escribirse. De momento no se sabe si las sesiones de los redactores serán cerradas o abiertas, vía remota a la ciudadanía; cuál será el quórum para aprobar los artículos de la nueva Constitución ni si habrá escaños reservados para la población indígena, que constituyen un 11% de los 19 millones de chilenos, porque el oficialismo y la oposición no han alcanzado un acuerdo sobre la materia.
Según una encuesta reciente, la mayoría de los ciudadanos prefiere que los constituyentes no militen en ningún partido político, sino que sean expertos o académicos. Otros pocos optarían porque personas sin experiencia alguna redacten el texto.
Fuente: Diario las Américas
“La Constitución debe incluir el derecho a mejor salud, pensiones, educación, la defensa del medio ambiente y la protección animal”, dijo Valentina Drully, vendedora de 19 años en un centro comercial.
Valeria Paredes, ama de casa de 48 años, agregó que “la educación y la salud deben estar si o sí”.
Los chilenos se ganaron en la calle el derecho a reemplazar la Constitución heredada por la dictadura militar (1973-1990), luego que centenares de miles salieron a protestar tras el violento estallido social de octubre de 2019 para exigir mejoras sociales en pensiones, salud, educación, entre otras demandas, y el fin de la gran desigualdad que hay en Chile.
En una de las naciones más desarrolladas de la región, el estallido social desestabilizó al gobierno del centroderechista presidente Sebastián Piñera, quien se vio obligado a pactar un acuerdo con la oposición de centroizquierda que instaló el plebiscito en que dominó la opción de escribir otra Ley Fundamental.
La Constitución vigente fue impuesta por la dictadura militar en 1981 y a pesar de que ha tenido decenas de modificaciones, conserva la esencia de la original que instauró un modelo político, económico y social de libre mercado, un Estado subsidiario que incluyó al sector privado en la prestación de servicios de salud y educación para quienes pueden pagar, mientras más del 80% de la población debe atenderse en sistemas públicos, a menudo deficitarios. También consagra súper mayorías de 66 y 60% de los sufragios para cambiar las leyes más importantes, como las de salud y pensiones, porcentaje que no tienen ni el oficialismo ni la oposición.
Muchos chilenos aspiran a que las mejoras sociales -que deben ser impulsadas por políticas públicas de los gobiernos de turno- queden consagradas en la nueva Carta Magna.
Daniel Catalán, maestro de cocina cesante de 56 años, cree que la inclusión de un mayor bienestar social depende de las personas que redactarán la Constitución y opina que, si no se incluye, “la gente va a salir a protestar con mayor fuerza» y «habrá millones en las calles”.
Sin embargo, “estos son procesos de larga duración. No podemos caer en esta idea idealista y un tanto ingenua de que después de la nueva Constitución, al otro día el país va a cambiar”, señaló Salinas. Añadió que “como no hay mecanismos que obliguen a las autoridades a realizar lo que ellos comprometieron cada vez que hay elecciones, necesitas una sociedad movilizada”.
Las 155 personas que escribirán la nueva Constitución serán elegidas el 11 de abril. El mismo día los chilenos también sufragarán para escoger nuevos alcaldes, concejales y gobernadores. En noviembre volverán a las urnas para elegir senadores, diputados y al sucesor de Piñera. Es posible que deban votar en una segunda vuelta presidencial y de gobernadores.
Los constituyentes empezarán a trabajar en mayo próximo y tendrán entre nueve meses y un año para redactar la nueva Constitución, cuyo contenido será aprobado o rechazado en un segundo plebiscito a mediados de 2022.
La opción de que la Carta Magna fuera escrita por un grupo de 172 personas, la mitad electos y la otra por parlamentarios en ejercicio, fue apoyada sólo por el 21% de los 7,5 millones de personas que votaron en octubre.
Aunque se disminuyó el número de firmas que deben presentar los aspirantes independientes a integrar la convención constitucional, es generalizada la opinión de que la mayoría quedarán afuera por las dificultades de enfrentar en solitario a las maquinarias de los partidos de oposición y de gobierno.
Juan Santander, funcionario bancario de 35 años, aspira a que los constituyentes cambien el sistema de pensiones que se basa en un ahorro individual administrado por privados y que otorga muy bajas pensiones.
Edwin Gras, profesor de educación física de 56 años, coincidió en que los sistemas de salud, educación y de pensiones deben ser cambiados, y agregó que “deberíamos propiciar una ley para que ningún político se repita. No puede ser que estén 12, 20 y hasta 30 años en el poder”. No pocos parlamentarios están en el cargo desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990.
Muchos chilenos coinciden en que los constituyentes deben sesionar a puertas abiertas.
Frente a las grandes expectativas que despierta la Ley Fundamental que reemplazará a la impuesta por la dictadura, el protocolo que regirá el proceso constitucional aún está por escribirse. De momento no se sabe si las sesiones de los redactores serán cerradas o abiertas, vía remota a la ciudadanía; cuál será el quórum para aprobar los artículos de la nueva Constitución ni si habrá escaños reservados para la población indígena, que constituyen un 11% de los 19 millones de chilenos, porque el oficialismo y la oposición no han alcanzado un acuerdo sobre la materia.
Según una encuesta reciente, la mayoría de los ciudadanos prefiere que los constituyentes no militen en ningún partido político, sino que sean expertos o académicos. Otros pocos optarían porque personas sin experiencia alguna redacten el texto.
Fuente: Diario las Américas