MIAMI.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, este miércoles, las “prácticas de terrorismo de Estado” perpetradas por el reégimen de Nicolás Maduro en Venezuela, durante las protestas que se desataron en el país suramericano, en rechazo al fraude electoral de las eleciones presienciales del 28 de julio.
En un comunicado conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), los organismos rechazaron las “prácticas de violencia institucional” en el marco de los comicios venezolanos, que incluyen «la represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.
A su vez, afirmaron que el oficialismo, que se niega a aceptar su derrota y otorgó la victoria al oficialista Nicolás Maduro sin mostrar los resultados detallados por centro de votación, “está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”.
La CIDH y la RELE evaluaron el contexto político venezolano desde octubre de 2023 hasta la fecha y destacaron que “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política, mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes”.
Cinco patrones de represión
La CIDH destacó cinco patrones de prácticas de represión empleadas por la dictadura chavista para intimidar, perseguir, hostigar y censurar cualquier tipo de voz disidente en las últimas semanas, un modelo ya observado durante las protestas registradas en los años 2014 y 2017 en esa nación.
La primera maniobra es “el uso arbitrario de la fuerza”, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, hacia los ciudadanos que salieron a las calles de todo el país a defender su voluntad soberana expresada el 28 de julio. Un escenario de criminalización de la protesta que ha resultado en la pérdida de al menos 23 personas muertas y más de un centenar de personas heridas en estas manifestaciones, “todas ellas consecuencia de disparos de arma de fuego, ya sea en la espalda o en la cabeza”.
De acuerdo con los datos de del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), instalado en octubre de 2019 por la CIDH, 10 de estos asesinatos se atribuyen a los llamados “colectivos”, un grupo armado que actúan bajo el consentimiento del chavismo, y otras dos “serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales”.
En tal sentido, el organismo advirtió a las autoridades venezolanas que estas muertes “podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado”.
Detenciones arbitrarias
En segundo lugar, los expertos de la CIDH señalaron que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas contra quienes cuestionan los resultados electorales anunciados por el CNE es otra de las graves características perpetradas por el régimen venezolano. Desde el 28 de julio, se han reportado más de 1.393 personas arrestadas, incluyendo mujeres, adolescentes, periodistas y dirigentes opositores.
En el escrito, el organismo resalta el caso del dirigente opositor del partido Voluntad Popular (VP) Freddy Superlano, secuestrado el 30 de julio; y el dirigente de Acción Democrática (AD) Williams Dávila, quien cuenta con una medida cautelar emitida por la CIDH.
Asimismo, hicieron referencia a la detención de la coordinadora del comando de Campaña de la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado y el abanderado opositor Edmundo González Urrutia, María Oropeza, quien difundió en redes sociales el momento en el que fue arrestada por la fuerzas de seguridad del régimen.
Percusión judicial
Además, como tercer patrón, alertaron sobre la persecución judicial y hostigamiento en Venezuela, que se traducen en las acusaciones por cargos como delitos de incitación a odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes. Indicaron que este patrón viene acompañado de procesos penales ambiguos, la violación de garantías judiciales y la falta de representación privada, derivan en “penas excesivamente altas”.
“En el contexto actual, la CIDH expresa preocupación por las severas limitaciones a las garantías judiciales denunciadas, con enfoque en los impactos diferenciados contra adolescentes, personas indígenas y personas con discapacidad”, reza el documento.
El cuarto aspecto es la censura y las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, “que ha ido en aumento desde la celebración de los comicios, con cerca de 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, tanto contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación”.
Otras de las inquietudes de la CIDH también contemplan las anulaciones de pasaportes, el cierre de plataformas, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional. Además, también resaltan el uso de aplicaciones que incitan a los vecinos a denunciarse entre sí, el uso de drones de patrullaje, videovigilancia, la inspección de dispositivos móviles en la calle y el bloqueo de sitios web, como el habilitado por la oposición venezolana para publicar más del 80% de las actas electorales, que respaldan la victoria de Edmundo González Urrutia.
Leyes controladoras
En quinto lugar, indicaron los obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos como la aprobación de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines”, que restringe varios derechos de los civiles y demuestra la desconfianza del chavismo sobre quienes intentan velar por el bienestar de la sociedad.
En este contexto la CIDH y la RELE exigieron el cese inmediato de “las prácticas violatorias de derechos humanos” y abogaron por un esfuerzo urgente por “restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”, tanto de las partes venezolanas como de la comunidad internacional.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situación, “mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protección tanto de la información electoral disponible como de la ciudadanía que la ha salvaguardado”.