WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a combatir la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el país y exhortó al régimen de Nicolás Maduro a «reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos».
La CIDH señaló que si bien el régimen de Maduro anunció el 24 de abril de 2024 la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela y el regreso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se debe mostrar un mayor compromiso para que las tasa de impunidad bajen.
“La apertura del Estado a recibir ambas oficinas debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad”, agregó la CIDH.
El 15 de febrero de 2024, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de la oficina técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según un informe de marzo de 2024 del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de una cantidad de 183 presuntos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, solo hubo un total de 12 juicios, lo que se traduce en el 6 % de efectividad procesal.
El informe de la OEA añadió que «en el 52,5 % de estos casos el Estado (venezolano) no ha iniciado ningún proceso judicial”.
A juicio de la CIDH uno de los motivos por los cuales Venezuela continúa presentando altos niveles de impunidad es la “cooptación” del Poder Judicial y el Ministerio Público (MP) por parte del Ejecutivo.
“La CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de las personas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes (…) y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y transparencia sobre sus actuaciones”, destacó la CIDH.
Sostuvo la instancia de la OEA que el Estado venezolano debe garantizar las condiciones para que la impunidad ante presuntos casos de violaciones a los derechos humanos disminuya y se permita la libre participación de sectores de oposición en Venezuela.
“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, enfatizó la CIDH.
El 16 de mayo de 2024, Omar Mora Tosta, abogado de los dirigentes del partido opositor Vente Venezuela, Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, denunció que estos fueron llevados de forma obligatoria al Palacio de Justicia para que tuvieran una audiencia preliminar sin la presencia de sus defensores.
“De una manera absolutamente intolerable (…) fueron llevados escondidos de noche al Palacio de Justicia y los obligaron a tener la audiencia preliminar sin la presencia nuestra como sus abogados de confianza. (Esto) es un nuevo capítulo en la violación sistemática de los derechos humanos de estas personas”, dijo Mora Tosta, reseñó VivoPlay.