WASHINGTON.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas de protección al abogado Joel García Hernández, debido a que es objeto de amenazas y agresiones por su trabajo en defensa de presos políticos en Venezuela, entre los cuales se encuentra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel con cargos de “terrorismo”.
La información fue dada a conocer por la CIDH en un comunicado, tras dictar la Resolución 31/2024 en el que señala que el abogado García “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
El Estado venezolano, por su parte, no proporcionó información alguna que permita determinar que el riesgo a la integridad del García, quien es también defensor de derechos humanos, se haya mitigado debidamente, y que le fue requerida.
Amenazas contra defensor de San Miguel
La solicitud de medidas cautelares hecha a favor de García, vicepresidente de Fundación Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, argumenta que el defensor de presos políticos ha estado sufriendo amenazas y agresiones relacionadas con su trabajo.
En particular, ha sido objeto de persecuciones e incidentes en la sede del Palacio de Justicia donde funcionan los tribunales penales de todas las instancias, ubicado en el centro de Caracas.
Alegó, además, que hasta la fecha no habría recibido ninguna medida por parte de las autoridades judiciales para prevenir “nuevos ataques”, a pesar de haber presentado denuncias y solicitudes de protección a las autoridades internas. Y tampoco habría avances en la investigación sobre los riesgos a su vida reportados.
CIDH pide a Venezuela proteger vida de abogado
Ante la gravedad de los hechos reportados que ponen en peligro la vida de García, la CIDH pide a Venezuela medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del defensor, “de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables, incluidos los actos de riesgo atribuibles a terceros”.
También solicita para García garantías para desarrollar sus labores de abogado defensor “sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”.
Además, la CIDH requiere de Venezuela que informe sobre las acciones para investigar los hechos denunciados por García para evitar así su repetición.