La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a las autoridades de Nicaragua «la pronta liberación» de las personas presas por «cargos infundados» que fueron detenidas en el marco de la crisis política de 2018.
«La CIDH llama al Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso –especialmente, garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia– y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de Derechos Humanos», ha dicho vía Twitter.
El organismo regional ha denunciado que «las detenciones arbitrarias, la criminalización con cargos desproporcionados y sin garantías procesales para opositores» son «una práctica estatal permanente en Nicaragua».
El organismo regional ha denunciado que «las detenciones arbitrarias, la criminalización con cargos desproporcionados y sin garantías procesales para opositores» son «una práctica estatal permanente en Nicaragua».
En concreto, se ha referido al caso del líder estudiantil Kevin Solís, familiar de un miembro de la plataforma opositora Alianza Cívica que fue detenido el pasado 6 de febrero en el marco de una protesta universitaria y que, según denuncia su familia, habría sido torturado física y psicológicamente.
La CIDH también ha recordado el caso de María Esperanza Sánchez, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, detenida el pasado 26 de enero acusada de un delito de narcotráfico que estaría siendo igualmente torturada, de acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa.
«Todas estas prácticas muestran la persistencia de las detenciones y condiciones penitenciarias en Nicaragua contra líderes y manifestantes antigubernamentales, que irrespetan los estándares interamericanos de Derechos Humanos», ha enfatizado.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega que se produjeron en abril de 2018. Otras cientos fueron detenidas y, aunque el Ejecutivo y la oposición llegaron a un primer acuerdo por el que fueron liberados varios presos políticos, la Alianza Cívica reclama la liberación de todos.
Indígenas en peligro
Por otro lado, se ha referido a la situación de los pueblos indígenas. La CIDH ha informado de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha ampliado las medidas cautelares a favor de los indígenas miskitu de Santa Clara, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte.
La CIDH solicitó medidas cautelares a favor de los miskitu el pasado mes de septiembre argumentando que estaban en «una situación de extremo riesgo ante la presencia de terceros armados en el marco de procesos de reivindicación territorial»
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada los reiterados ataques que se han producido en los últimos años contra pueblos indígenas en Nicaragua para expulsarlos de sus tierras.
Desde 2015 unos 40 indígenas han sido asesinados y otros 47 han resultado heridos, mientras que 44 han sido secuestrados y otros cuatro han desaparecido, todos «en casos relacionados con invasiones de tierras«, de acuerdo con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
Fuente: Diario las Américas
La CIDH también ha recordado el caso de María Esperanza Sánchez, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, detenida el pasado 26 de enero acusada de un delito de narcotráfico que estaría siendo igualmente torturada, de acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa.
«Todas estas prácticas muestran la persistencia de las detenciones y condiciones penitenciarias en Nicaragua contra líderes y manifestantes antigubernamentales, que irrespetan los estándares interamericanos de Derechos Humanos», ha enfatizado.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega que se produjeron en abril de 2018. Otras cientos fueron detenidas y, aunque el Ejecutivo y la oposición llegaron a un primer acuerdo por el que fueron liberados varios presos políticos, la Alianza Cívica reclama la liberación de todos.
Indígenas en peligro
Por otro lado, se ha referido a la situación de los pueblos indígenas. La CIDH ha informado de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha ampliado las medidas cautelares a favor de los indígenas miskitu de Santa Clara, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte.
La CIDH solicitó medidas cautelares a favor de los miskitu el pasado mes de septiembre argumentando que estaban en «una situación de extremo riesgo ante la presencia de terceros armados en el marco de procesos de reivindicación territorial»
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada los reiterados ataques que se han producido en los últimos años contra pueblos indígenas en Nicaragua para expulsarlos de sus tierras.
Desde 2015 unos 40 indígenas han sido asesinados y otros 47 han resultado heridos, mientras que 44 han sido secuestrados y otros cuatro han desaparecido, todos «en casos relacionados con invasiones de tierras«, de acuerdo con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
Fuente: Diario las Américas