Un aumento «alarmante» en la cifras de casos de represión en Cuba durante el pasado mes de febrero denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH), organización que mencionó como lo “más destacado” el juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros tres miembros de la UNPACU, que quedó concluso para sentencia.
En un informe de 67 páginas correspondiente a ese periodo, la supervisora del CCDH, Martha Beatriz Roque, resaltó que el número de personas detenidas se elevó a 99, lo que implica un incremento del 39,4% con relación a enero, cuando se contabilizaron 71.
Entretanto, esa institución logró tener conocimiento de 79 tipos de hostigamiento, 20 más que en enero último, en hechos que ocurrieron en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
El informe destaca que se enumeró un total de 53 hombres y 26 mujeres hostigados por las fuerzas del régimen castrista, lo que significa que este tipo de violación de los derechos humanos se ejerció en dos hombres por cada mujer, según el estudio.
De igual forma, la CCDH pone de relieve un aumento en el número de “regulados” para viajar, y señala que acorde con una lista del Instituto Patmos, de 233 el mes anterior se pasó a 246 en febrero, dato que representa un incremento de un 5,6%.
En el “listado de regulados” aparecen los nombres de Oscar Elías Biscet, Yoel Bravo, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Agustín López, Lidier Hernández Sotolongo y Rolando Rodríguez Lobaina, entre otros también reconocidos por su actividad opositora.
En el caso de las multas por supuestas violaciones cometidas principalmente por personas que disienten de la dictadura, según el informe, en enero se tabularon 21 y en febrero sumaron 26, cinco más que el mes pasado.
También se hace alusión a la situación de las Damas de Blanco, que no han podido continuar su activismo los días domingo, “tratando de ir a misa para pedir por los presos políticos”, por el «hostigamiento de la policía política» a quienes pertenecen a ese movimiento.
La CCDH cuestionó la posibilidad de que Cuba vuelva a tener una silla en la ONU, como lo solicitó la isla el mes pasado, y se preguntó “¿cómo es posible que con tantas violaciones de derechos humanos en un período tan corto como 29 días, el régimen cubano quiera ocupar –otra vez- un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?”.
Sobre ese aspecto, dijo, “este organismo de la ONU ha tenido a Cuba durante dos períodos consecutivos desde 2014 hasta 2019, y en estos momentos está Venezuela, lo que implica que se les da asiento a regímenes acusados de usar la represión, la tortura y la violencia selectiva contra opositores y de llevar a sus pueblos a una grave crisis humanitaria”.
En cuanto a personas llevadas a prisión, el estudio apunta que se obtuvo información sobre “un nuevo caso de ingreso a la cárcel [un activista de la UNPACU] y 4 libertades, entre ellos uno que se encontraba en libertad condicional y ya cumplió su tiempo”.
Aspectos del informe
Respecto al caso del opositor José Daniel Ferrer, la CCDH subrayó que “solo se permitió la presencia de algunos familiares”, al tiempo que expuso que por las características que tuvo el juicio, este “ha sido un boomerang para la dictadura que fue la que quedó juzgada” por el activista, que dejó en claro, cuando pudo tener el uso de la palabra, que él era quien acusaba al régimen.
El juicio contra José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la UNPACU, que fue realizado el pasado 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, quedó concluido y a la espera de una sentencia el próximo 12 de marzo. La petición fiscal para Ferrer es de 9 años de prisión.
Además, el informe comenta que las autoridades cubanas impidieron el martes 4 de febrero la realización de un homenaje en el barrio Jesús María, en recordación de las tres niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón, hecho que tuvo lugar en el mes de enero y que conmovió a la comunidad internacional.
De acuerdo con el estudio, el parque donde estaba previsto el acto fue rodeado por “un despliegue de oficiales del Ministerio del Interior y cuando ya estaban en el lugar vecinos del barrio que decidieron participar del acto y autoridades del gobierno local, alegaron que la iniciativa no contaba con permiso para realizarse y dispusieron que se efectuara la semana próxima”.
Algunos de los asistentes dijeron -según el CCDH- que un capitán había advertido de la presencia de grupos opositores como las Damas de Blanco y, por tanto, se habría ordenado la suspensión de esa actividad.
El informe dedica un amplio espacio al caso de una mujer que identifica como la disidente Lázara Eumelia Ayllón Reyes, miembro de esa organización, quien habría sido víctima de constantes presiones por parte de la Seguridad del Estado cubano.
“A todo ello se debe agregar que cada vez que se le ha puesto una multa [a Ayllón Reyes], ha tenido contacto con algún oficial de la policía política en diferentes lugares, en particular con uno que se hace llamar Walter y que exige de ella que trabaje para la policía política en contra de la disidente Martha Beatriz Roque Cabello”, se puede leer en el estudio.
Por otro lado, los hechos acaecidos durante el mes de febrero en Cuba no solo apuntan a un incremento en las violaciones con respecto a los disidentes, sino también hacia la población en general, y en particular a los trabajadores por cuenta propia, agregó el informe.
Otro aspecto que aborda la CCDH guarda relación con la crisis de alimentos y productos de aseo en la isla.
Sobre ese particular, la institución manifestó que la actual crisis en Cuba no solo es en las gasolineras, “haciendo largas colas para el combustible, también se aprecia en las estanterías vacías de comercios céntricos y de capital mixto como Agua y Jabón en la esquina de 23 y P, en el Vedado”.
Fuente: Diario las Américas
Entretanto, esa institución logró tener conocimiento de 79 tipos de hostigamiento, 20 más que en enero último, en hechos que ocurrieron en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
El informe destaca que se enumeró un total de 53 hombres y 26 mujeres hostigados por las fuerzas del régimen castrista, lo que significa que este tipo de violación de los derechos humanos se ejerció en dos hombres por cada mujer, según el estudio.
De igual forma, la CCDH pone de relieve un aumento en el número de “regulados” para viajar, y señala que acorde con una lista del Instituto Patmos, de 233 el mes anterior se pasó a 246 en febrero, dato que representa un incremento de un 5,6%.
En el “listado de regulados” aparecen los nombres de Oscar Elías Biscet, Yoel Bravo, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Agustín López, Lidier Hernández Sotolongo y Rolando Rodríguez Lobaina, entre otros también reconocidos por su actividad opositora.
En el caso de las multas por supuestas violaciones cometidas principalmente por personas que disienten de la dictadura, según el informe, en enero se tabularon 21 y en febrero sumaron 26, cinco más que el mes pasado.
También se hace alusión a la situación de las Damas de Blanco, que no han podido continuar su activismo los días domingo, “tratando de ir a misa para pedir por los presos políticos”, por el «hostigamiento de la policía política» a quienes pertenecen a ese movimiento.
La CCDH cuestionó la posibilidad de que Cuba vuelva a tener una silla en la ONU, como lo solicitó la isla el mes pasado, y se preguntó “¿cómo es posible que con tantas violaciones de derechos humanos en un período tan corto como 29 días, el régimen cubano quiera ocupar –otra vez- un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?”.
Sobre ese aspecto, dijo, “este organismo de la ONU ha tenido a Cuba durante dos períodos consecutivos desde 2014 hasta 2019, y en estos momentos está Venezuela, lo que implica que se les da asiento a regímenes acusados de usar la represión, la tortura y la violencia selectiva contra opositores y de llevar a sus pueblos a una grave crisis humanitaria”.
En cuanto a personas llevadas a prisión, el estudio apunta que se obtuvo información sobre “un nuevo caso de ingreso a la cárcel [un activista de la UNPACU] y 4 libertades, entre ellos uno que se encontraba en libertad condicional y ya cumplió su tiempo”.
Aspectos del informe
Respecto al caso del opositor José Daniel Ferrer, la CCDH subrayó que “solo se permitió la presencia de algunos familiares”, al tiempo que expuso que por las características que tuvo el juicio, este “ha sido un boomerang para la dictadura que fue la que quedó juzgada” por el activista, que dejó en claro, cuando pudo tener el uso de la palabra, que él era quien acusaba al régimen.
El juicio contra José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la UNPACU, que fue realizado el pasado 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, quedó concluido y a la espera de una sentencia el próximo 12 de marzo. La petición fiscal para Ferrer es de 9 años de prisión.
Además, el informe comenta que las autoridades cubanas impidieron el martes 4 de febrero la realización de un homenaje en el barrio Jesús María, en recordación de las tres niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón, hecho que tuvo lugar en el mes de enero y que conmovió a la comunidad internacional.
De acuerdo con el estudio, el parque donde estaba previsto el acto fue rodeado por “un despliegue de oficiales del Ministerio del Interior y cuando ya estaban en el lugar vecinos del barrio que decidieron participar del acto y autoridades del gobierno local, alegaron que la iniciativa no contaba con permiso para realizarse y dispusieron que se efectuara la semana próxima”.
Algunos de los asistentes dijeron -según el CCDH- que un capitán había advertido de la presencia de grupos opositores como las Damas de Blanco y, por tanto, se habría ordenado la suspensión de esa actividad.
El informe dedica un amplio espacio al caso de una mujer que identifica como la disidente Lázara Eumelia Ayllón Reyes, miembro de esa organización, quien habría sido víctima de constantes presiones por parte de la Seguridad del Estado cubano.
“A todo ello se debe agregar que cada vez que se le ha puesto una multa [a Ayllón Reyes], ha tenido contacto con algún oficial de la policía política en diferentes lugares, en particular con uno que se hace llamar Walter y que exige de ella que trabaje para la policía política en contra de la disidente Martha Beatriz Roque Cabello”, se puede leer en el estudio.
Por otro lado, los hechos acaecidos durante el mes de febrero en Cuba no solo apuntan a un incremento en las violaciones con respecto a los disidentes, sino también hacia la población en general, y en particular a los trabajadores por cuenta propia, agregó el informe.
Otro aspecto que aborda la CCDH guarda relación con la crisis de alimentos y productos de aseo en la isla.
Sobre ese particular, la institución manifestó que la actual crisis en Cuba no solo es en las gasolineras, “haciendo largas colas para el combustible, también se aprecia en las estanterías vacías de comercios céntricos y de capital mixto como Agua y Jabón en la esquina de 23 y P, en el Vedado”.
Fuente: Diario las Américas