El 28 de julio comienza el gobierno izquierdista de Pedro Castillo en Perú. No hay vuelta atrás. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió finalmente las impugnaciones presentadas por su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en las ajustadas elecciones del 6 de junio y lo declaró ganador con solo 44000 votos a favor.
“Echada la suerte, queda prepararse para lo que será un gobierno del excandidato del lápiz”, señaló en su editorial El Comercio. Allí el medio fija su posición y sentencia que el nuevo jefe del Estado alcanza el poder con el respaldo del partido Perú Libre, una “agrupación ideológicamente opuesta al manejo sensato y funcional de la economía, porque el socialismo que profesa ha sido una receta para el fracaso en más de un país y con propuestas nítidamente divorciadas del orden democrático y del Estado de derecho, porque durante la campaña habló de disolver el Congreso, desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo e insistir con cambiar la Constitución, mientras su plan de gobierno incluye leyes para regular los medios de comunicación”.
Con ese cóctel, que se suma a la costumbre de contradecirse y condicionar su radicalismo a la plaza que lo escucha, arribará Castillo a la Casa de Pizarro. La sociedad, los mercados y la oposición serán los primeros en sentir el trago amargo que se servirá en el país inca hasta el 2026.
Castillo no llegará solo. Vladimir Cerrón, el ideólogo del partido de Castillo lo acompañará. Eso ya dice mucho, cuando hoy este dirigente está sentenciado a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Consecuencias de haber sido hallado culpable en un caso de negociación incompatible, descubierto durante su gestión como gobernador de Junín y que está a la espera de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema.
Comienzo con promesas
También asume el cargo con moderaciones o eso intenta. Rechaza —ahora— a modelos de gobierno extranjeros, llama a la estabilidad jurídica y económica y a la unidad “pero los peruanos debemos mantenernos firmes en el “ver para creer”, apuntó El Comercio, porque “toda esta situación mantiene el país en la más completa incertidumbre. No se sabe hacia dónde irá el nuevo gobierno y la tensión se siente tanto en las calles como en la solidez de nuestra moneda”.
Y en medio de la escena, la oposición debe mostrarse firme desde el Parlamento y, al mismo tiempo, preservar (o conseguir) legitimidad. La defensa de la Constitución es la mejor carta para contener cualquier intención de vulnerar la democracia.
Eso significa, que Fuerza Popular, así como el resto de los partidos, tendrán ahora la misión de exigir que las autoridades elegidas rindan cuenta por sus acciones y los medios de comunicación la obligación de ser vigilantes y denunciar los excesos que el nuevo gobierno pueda cometer con estas promesas que removerán a la institucionalidad de la nación:
1. Economía de mercados
En primer lugar, Castillo propone la «economía popular con mercados». Esta táctica la desplegaron Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador bajo las directrices de un Estado planificador, empresario, industrializador y protector. Lo paradójico de su planteamiento radica en que desconoce lo que significa, por ejemplo, un monopolio.
Pese a su desconocimiento en el área impulsa con retórica la necesidad de «un Estado que genere recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos». En su discurso significa que los principales servicios como los corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, servicio de pensiones, entre otros, serán “recuperados y usufructuados en beneficio directo de todos los peruanos». También incluye la revisión de los contratos ley de concesionarias y la fundación de una línea aérea del Estado, entre otros.
2. Asamblea Nacional Constituyente
La creación de una Asamblea Nacional Constituyente estuvo entre las primeras propuestas de Castillo, en caso de elegirse presidente de Perú. Es algo que fue su bandera. Se convirtió prácticamente en un fetiche hablar de ello en cada discurso que hilaba frente a las cámaras o sus seguidores.
“Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria de una asamblea que elabore una nueva Constitución; en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales”, señaló Castillo en su propuesta.
De acuerdo con el Instituto Cato, América Latina es la región que por lejos ha tenido la mayor cantidad de Constituciones —casi 200—. Al poner la lupa en Perú, se conoció que la nación inca ha tenido 12 Cartas Magnas, por encima del promedio regional.
Ahora, Castillo toma esto como uno de los puntos álgidos de su próxima gestión y en lugar de enmendar la Constitución actual, quiere reescribir la Carta Magna desde cero. ¿La razón? en su opinión, las leyes fundamentales del Perú y el modelo económico que respaldan han beneficiado poco a la mayoría de los peruanos y mucho a los ricos y empresas multinacionales.
Con esta premisa que posiciona al sector privado como un enemigo, Castillo impulsa una asamblea “popular” y una serie de tácticas que desemboquen en la obtención de mayores poderes para un Ejecutivo que cree en el socialismo.
3. La nacionalización
“El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza”, propuso Castillo, quien desconoce que estatizar y nacionalizar es lo mismo, cuando se refiere al control de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos como el de Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco y Toquepala.
Esto es solo una muestra de lo que ha asomado en su plan de gobierno el dirigente de Perú Libre. Y es que, en realidad, Castillo propone abiertamente un estatismo retrógrado. Sin embargo, lo que despierta suspicacias es que no deja claro los métodos para llegar a este fin. En lugar de ello, titubea cuando le piden una mínima definición concreta sobre las herramientas que utilizaría para llevar a cabo su absurdo socialismo.
4. Medios con mordaza
Una ley de medios es su último plan más vociferado desde que se publicaron interceptaciones telefónicas legales de funcionarios de Perú Libre acusados por un presunto caso de “financiamiento ilegal” a la campaña electoral del profesor rural.
La investigación dirigida por el Ministerio Público sostiene que el exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como militantes del partido obtenían dinero ilícito para “financiar la campaña política de turno en esta gestión 2019-2022″. Pero la versión de Castillo es que «la televisión dice porquerías y cosas basura».
5. Persecución
La Fiscalía de Perú anunció una investigación contra el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y los periodistas Phillip Butters, Enrique Adolfo Luna Victoria Muñoz y Beto Ortiz, por presuntamente impulsar el rechazo a los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 6 de junio.
Los supuestos delitos atribuidos son “conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública», según la disposición de la Fiscalía divulgada por La Gaceta de la Iberosfera.
En este documento, se indica que los investigados “estarían utilizando» medios de comunicación «incitando a que se rechacen los resultados electorales del 6 de junio de 2021, tratando de debilitar a las instituciones electorales y haciendo incluso llamados a dar un golpe de Estado”
Fuente: PanamPost