Ni una letra incluye el nuevo acuerdo constitucional en Chile sobre cuánto serán las remuneraciones de los expertos que participarán ni sobre el reglamento que se adoptará, el rol de universidades, municipios y los plazos del Servicio Electoral (Servel) para convocar a la ciudadanía a las urnas.
Las negociaciones entre las fuerzas políticas quedaron cortas a pesar de haber extendido las discusiones durante tres meses para llegar un consenso. Un reporte de ExAnte revela que “hay detalles que quedaron abiertos”.
La subsanación se espera que ocurra en la redacción de la reforma que habilitará la nueva vía constitucional tras su discusión en el Congreso y Senado pero no hay certeza de que ocurra.
Hasta ahora sólo trasciende que el grupo de expertos elaborará un anteproyecto no vinculante, que servirá como insumo principal del ente constituyente, mientras el medio divulga que permanece en un punto ciego lo siguiente:
Pagos en duda
El contenido del “Acuerdo por Chile” -como bautizaron el pacto- se divulgó a la opinión pública sin especificar si los 24 expertos que participarán en la redacción de la nueva Carta Magna, los 14 miembros que conformarán el Comité Técnico de Admisibilidad y los 50 integrantes electos percibirán algún pago. A la Comisión Constitución de la Cámara de Diputados le corresponderá zanjar este punto tras el debate que propició el presidente de la plenaria, Vlado Mirosevic al señalar que “servirán a Chile por compromiso sin recibir remuneraciones”.
Sin reglas claras
Si la anterior Convención Constitucional demoró dos meses y medio para concretar un reglamento general -lo cual alargó a un año la redacción del proyecto que debía terminar en un máximo de nueve meses- ahora las opciones son utilizar el mismo del Senado para evitar retrasos.
Expresidentes en jaque
El arribo de los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera como parte del grupo de expertos que acompañará el nuevo proceso constitucional es un punto en discusión en el limbo ante la oposición a algunos partidos a esta posibilidad por tender a “polarizar” el proceso. Según ExAnte el “Acuerdo por Chile” solo se estipuló que no podrían ser parte de la Comisión quienes tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular.
Universidades y municipios sin espacio
Ni las asociaciones de municipalidades que expusieron sus opiniones respecto del nuevo proceso constitucional durante las negociaciones ni las representaciones de las universidades tienen garantía de que contarán con un espacio en el proceso.
Elecciones con plazos en contra
El acuerdo de los partidos contempla que las elecciones para escoger a los 50 miembros de la constituyente serían en abril y el plebiscito de salida en noviembre pero el Servicio Electoral ya notificó que estos comicios pueden ejecutarse en mayo y diciembre de 2023 alegando que se requieren 140 días para definir el registro electoral, desde que la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso sea firmada por el presidente, Gabriel Boric.