WASHINGTON- Como parte de su cuestionada política exterior de flexibilización con los regímenes dictatoriales, el gobierno de Joe Biden favorece hoy la destartalada industria petrolera en Venezuela, controlada y destruida por la corrupción y la incapacidad del desgobierno de Nicolás Maduro.
La «mano suave» y «gentil» de Biden y la extrema izquierda en Washington le permite al narcorégimen venezolano recuperar canales para vender su crudo y retomar sociedades con empresas extranjeras, pero en realidad el gran problema es la depauperación en la que se encuentra este sector durante décadas de generalizada corrupción, acciones contraproducentes, abandono e incapacidad de un sistema socialista de producción y centralización impuesto por Hugo Chávez y agudizado bajo el mandato actual.
Gracias al levantamiento de restricciones a la narcodictadura venezolana, Maduro firmó a finales del año pasado contratos con la francesa Maurel & Prom y la española Repsol para la explotación de petróleo y gas, pero estos convenios son apensas para amortizar la deuda con estas compañías, según expertos. Esta es la misma estrategia que utilizaba el dictador fallecido Fidel Castro con las deudas por impagos que acumulaba año tras año y de la que pagaba siempre una ínfima parte. Maduro, discípulo fiel del Partido Comunista de Cuba, fue entrenado y adoctrinado en la isla.
La deuda total de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), controlada por Maduro, con sus socios y contratistas está estimada en unos 15.000 millones de dólares.
Los pasivos de PDVSA con Maurel & Prom rondan los 900 millones de dólares y con Repsol, los 340 millones, según datos proporcionados por estas empresas.
Los nuevos contratos le dan oxígeno al régimen para reinvertir en proyectos conjuntos y generar ingresos por recaudación de impuestos, como afirma Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.
Los beneficios podrían distribuirse «un tercio (en deuda), un tercio (en reinversión) y un tercio (en impuestos)», proyectó Monaldi.
La estadounidense Chevron reanudó operaciones en Venezuela en junio pasado, tras recibir el aval del gobierno de Joe Biden. El país sudamericano suscribió igualmente en diciembre un acuerdo con Shell para producir y exportar gas junto a Trinidad y Tobago.
¿Podrá realmente crecer la producción de crudo en Venezuela?
Venezuela, que producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, vio caer su producción por debajo del medio millón en enero de 2021. La cifra cerró en 800.000 bd en 2023, de acuerdo con informe de la OPEP.
PDVSA apuesta por «un incremento acelerado» en 2024, pero las previsiones de expertos plantean que la flexibilización de las sanciones tendrán un impacto modesto, debido al gran deterioro de la infraestructura petrolera en Venezuela.
Los contratos firmados podrían llevar la oferta venezolana a los 900.000 bd o, en un escenario favorable, el millón que el gobierno del presidente Nicolás Maduro promete año tras año y que no cumple.
Maurel & Prom proyectó que podría producir en Venezuela entre 20.000 y 24.000 barriles diarios en 2024.
Repsol, por su parte, dijo que espera «un aumento sustancial», pero sin dar cifras.
Expertos calculan que los convenios con Repsol y Chevron podrían aportar unos 100.000 bd a la producción venezolana.
«Todo eso, obviamente, dependerá de que siga la licencia general (otorgada por Estados Unidos para la explotación de petróleo y gas en Venezuela pese a las sanciones) y que obviamente siga todo funcionando», agregó Monaldi.
Sin embargo, en EEUU se abre cada vez más la probabilidad de un triunfo electoral del expresidente Donald Trump, el principal artífice de ahogar al régimen de Maduro para que soltara el poder.
Si Trump llega a la Presidencia este año es sumamente predecible que estos acuerdo y contratos, junto a la flexibilización de medidas caerán al vacío. A diferencia de Biden y la extrema izquierda, el exmandatario cree en que el cierre de los financiamientos extranjeros a las dictaduras provocará el fin de estos desgobierno autoritarios en América Latina y en Centroamérica, como el caso de Nicaragüa.
Pero definitivamente, la falta de liderazgo en la Casa Blanca ha favorecido de forma directa a Maduro.
Biden oxigena la narcodictadura de Maduro
Los ingresos de PDVSA se duplicaron en un año, de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones de dólares en 2023, según datos revelados por el régimen. Sin embargo, la cifra es bastante inferior a las estimaciones independientes, en torno a unos 10.000 millones de dólares.
En 2024, le entrarían al narcorégimen unos 16.000 millones de dólares, según los cálculos de Monaldi a través de entidades independientes. El dato representa un incremento sustancial para pagar deuda y generar ingresos.
Economistas coinciden que el aumento de la renta petrolera no se traducirá nunca en una mejoría para el pueblo venezolano, sino por el contrario en más control y mayor poder para reprimir y perpetuarse en el poder, como ha ocurrido hasta ahora con los gobiernos de izquierda en Washington que sólo han fortalecido las dictaduras en la región mientras la inmensa mayoría de la población se hunde en la miseria, la inflación y la insalubridad.
Los venezolanos enfrentan una inflación crónica, así como una constante depreciación de la moneda local.
¿Qué pasa si se revierte la flexibilización?
Estados Unidos levantó el embargo hasta abril tras un acuerdo en octubre entre el gobierno de Maduro y la oposición sobre las supuestas «elecciones» presidenciales este año, que no son más que otra fachada y otro elemento disociador que permite a la narcodictadura venezolana continuar en Miraflores.
Para que en Venezuela se produxcan 2 millones de bd, un millón menos que hace 25 años atrás, se necesita una inversión aproximada de más de 100.000 millones de dólares durante siete años para recuperar la deteriorada infraestructura de la industria venezolana, destruida con la llegada de Chávez y rematada por Maduro.
Según informes de expertos, la petrolera PDVSA «no tiene un centavo para invertir», por lo que depende, como ocurre en Cuba, de socios extranjeros, en medio de una quiebra casi total junto a la implosión de su capacidad productiva.
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