La política de Estados Unidos hacia Venezuela se encuentra entrampada entre la defensa de la democracia y los intereses económicos de las compañías petroleras que hacen lobby en la Casa Blanca para que el gobierno de Joe Biden les permita seguir operando en el país sudamericano. La razón es muy sencilla. Empresas como la estadounidense Chevron y la española Repsol buscan recuperar con petróleo al menos una parte de los 750 millones de dólares y 200 millones de euros que les adeuda PDVSA, respectivamente. Este es el motivo por el cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) renovó este miércoles por seis meses más la licencia número 41 que le permite a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pese a que EE. UU. asumió el liderazgo de la presión internacional a Nicolás Maduro para que acepte su derrota en las elecciones, prometiendo una nueva ola de sanciones que en la práctica no pasa de confiscaciones de bienes y cancelaciones de visas, que al tratarse de penalizaciones individuales no causan en Miraflores el tsunami necesario para quebrar las bases del régimen.
A pesar de que la licencia de Chevron –que se renueva automáticamente cada seis meses si no hay una decisión en otro sentido– seguirá vigente por lo menos hasta abril de 2025 permitiendo a la compañía mantener operaciones limitadas en el país sin que esto se traduzca en regalías para el Estado venezolano, la cúpula chavista no desaprovecha la oportunidad para presentar este hecho como un triunfo ante la opinión pública. Y es que si bien la compañía puede extraer petróleo y sus derivados de territorio venezolano para exportarlo a Estados Unidos, así como comprar bienes o insumos relacionados para estas operaciones, tiene prohibido pagar impuestos, regalías y dividendos al régimen, así como vender crudo o sus derivados producidos por o a través de las empresas conjuntas a cualquier jurisdicción que no sea EE. UU.
Es importante recordar que Chevron –con un siglo de operaciones en Venezuela– es la única petrolera estadounidense que decidió quedarse en el país luego de que Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaran el territorio venezolano en 2007, tras no llegar a un acuerdo con el entonces gobierno de Hugo Chávez, que forzó a las trasnacionales a asociarse con PDVSA en empresas mixtas en las cuales la estatal venezolana siempre tendría que tener la mayoría accionaria. Solo Chevron aceptó los términos y terminó asociándose con PDVSA en cuatro proyectos: Petropiar, Petroboscán, Petroindependencia y Petroindependiente, siendo los dos primeros los más representativos para Chevron por tener 30 % y 39,2 %, respectivamente. Sin embargo, en el caso de Petroindependencia, la Asamblea Nacional chavista aprobó en julio una extensión de la actividad de Chevron en Venezuela hasta 2050 a través de esta empresa mixta.
De esta manera, Chevron se propone recuperar unos 750 millones de dólares en deudas impagas y dividendos que para finales de 2025 estima en 3000 millones de dólares mediante un acuerdo de canje de petróleo por deuda firmado con PDVSA en 2022, justo cuando Washington otorgó a Chevron la licencia recién renovada en el marco de los diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición que se iniciaron en México. ¿Y si se incluyó la prohibición de que Venezuela reciba impuestos, regalías y dividendos por estas operaciones, qué gana Maduro? Por un lado logra que el petróleo venezolano fluya hacia EE. UU. y por el otro obtiene beneficios para los trabajadores, lo que se traduce en capital político para mostrar una aparente recuperación económica mientras mantiene abierta la posibilidad de obtener ganancias a futuro.
Si bien la licencia le impide a Chevron cualquier expansión de las empresas conjuntas en nuevos campos en Venezuela más allá de lo que estaba vigente al 28 de enero de 2919, haber reactivado los cuatro proyectos existentes ya es suficiente ganancia tanto para el régimen como para la empresa energética, puesto que aporta importantes cifras a las metas de producción y exportación. Así, Chevron pasó de producir 160.000 barriles de petróleo por día en 2023 a unos 200.000 en 2024 y estima llegar a 250.000 barriles en 2025 con la perforación de 30 nuevos pozos en la zona de crudo pesado de la Faja del Orinoco.
Una presión poco efectiva
El lobby de Chevron para recuperar parte de la millonaria deuda con petróleo no es muy diferente del que hace la española Repsol, que junto con la italiana Eni, recibieron también autorización del gobierno estadounidense en 2022 para retomar sus operaciones en Venezuela. La defensa de la democracia y el respeto a la voluntad popular no es algo que quite el sueño a los directivos de estas compañías, que solo velan por sus intereses económicos. Sin embargo, la política exterior de la Administración Biden queda muy comprometida en la comunidad internacional al promover, por un lado, elevar la presión para que Maduro acepte su derrota, mientras por el otro cede al lobby de las petroleras y evita golpear a la dictadura chavista donde más le duele. Así lo destacó la internacionalista Giovanna Quina en una reciente entrevista con PanAm Post. “El lobby de estas petroleras no es poca cosa. Tienen mucho poder”.
“No podemos darnos por satisfechos con solamente declaraciones conjuntas. Debemos actuar conjuntamente. Esa es la única manera de cambiar los cálculos y la conducta de Maduro”, dijo el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la reunión ministerial sobre la urgente situación en Venezuela en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebró la semana pasada. Una declaración que, con la renovación de la licencia de Chevron, para muchos quedó en el papel o simplemente evidencia la hipocresía del gobierno estadounidense.