Hablar de los pobres, humildes y necesitados en Venezuela como consecuencia del régimen de Nicolás Maduro sirve para reunir recursos a la oposición. Y muchos. El Gobierno interino ha tenido acceso a fondos de la nación congelados en el exterior, créditos, donaciones y subvenciones para atender a la ciudadanía. El provecho que saca el régimen del «pueblo» ya no es una novedad. Lo cierto es que tanto el chavismo como la oposición han encontrado la manera de lucrarse de la miseria del venezolano.
De esa manera, el interinato ya ha administrado 245 millones de dólares de los 342 millones que forman parte de los fondos congelados en Estados Unidos, como muestra de que “hay un sistema de beneficio, de usufructo, de la pobreza del venezolano como rehén del chavismo y también como rehén de la posición, donde ambos se benefician de ese sistema”, afirmó Erik Del Bufalo, doctor en Filosofía de la Universidad de Paris X en entrevista con PanAm Post.
“La meta en sí misma es ser opositor y no llegar necesariamente al Estado, porque Venezuela es un Estado que implicará un gran esfuerzo de reconstrucción, genio, modelo político y formación y en la composición de la mayoría de los partidos hay mediocridad».
A su juicio, «están muy acomodados en sus nichos de oposición y han conseguido desde ahí una manera de lucrarse, vendiendo la miseria de quienes están en el país” y “el apoyo de factores internacionales les otorga un poder de facto para hablar en nombre de la clase o dirigencia opositora”.
Es una situación a la medida que “se equipara a lo que hace el chavismo desde el poder. Secuestra el poder sin importarle nada el dolor ajeno, el dolor de los ciudadanos que padecen las consecuencias del régimen desde hace más de 20 años”, aseguró Del Bufalo.
¿Alguien en una democracia legítima y verdadera votaría por ellos? es una interrogante que se hace el doctor en Filosofía. “Les toca aprovecharse de que son oposición, porque además nadie ha votado por ellos, su voto se venció hace un año, pero ellos se autolegitiman como la oposición” y el “chavismo se presta porque le conviene”, sostiene al respecto.
Administración sin fiscalización
Las circunstancias políticas en Venezuela facilitan los ilícitos porque “un poder sin supervisión y que esté cerca del dinero va a corromperse inmediatamente”. No hay cómo impedirlo, menos cuando “el poder por sí mismo corrompe y el poder absoluto, absolutamente. Es una verdad general” que, a juicio del profesor de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, resume lo que ocurre en la nación suramericana.
En las democracias funcionales es otra la historia. En ellas hay contrapesos, contraloría e instituciones que velan por las cuentas del poder y de quienes lo ostentan, pero en los sistemas socialistas abunda la omisión.
De hecho, “ya no se puede hablar de gobierno legítimo o de transición porque no fue un gobierno de nada y porque no tiene supervisión ni contraloría, entonces es muy fácil que hagan lo que quieran”.
Quizá ello explica la renuncia del procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, quien dejó su cargo el año pasado ante la polémica por la aprobación de 20 millones de dólares para el “fondo de litigio” durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) “para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero.
Realidad con pruebas
Los hechos hablan por sí solos. Media docena de escándalos de presunta corrupción rodean la gestión de Guaidó desde 2019 y hasta ahora no existe ninguna investigación parlamentaria conclusiva. Tampoco diputados sancionados políticamente.
La falta de transparencia, la resistencia a sancionar a colaboradores señalados de irregularidades y la baja disposición a rendir cuentas son tres rasgos inocultables de su interinato.
Él viajó dentro y fuera de Venezuela, designó representantes diplomáticos en el exterior e instaló una oficina de despacho en Caracas. Sin embargo, en su discurso del 15 de enero de 2020, que anunció como su presentación de Memoria y Cuenta, no dijo cómo sufragó esos gastos, sino los calificó como “trabajo voluntario”.
A partir de abril del año pasado dispuso de un presupuesto de 80 millones de dólares distribuidos en siete partidas específicas, autorizadas por la Asamblea Nacional legítima y el Departamento del Tesoro estadounidense. Seis meses han pasado desde el 15 de enero de 2021 y aún no se sabe nada de la ejecución de ese dinero.
Problema de humanidad
En lo descrito hay además “un problema de calidad humana, de decencia de las personas” que en medio de la estructura de la política venezolana donde no hay controles para ninguno de los sectores —chavismo y oposición— se acrecienta, se profundiza.
Todo en el país está hecho para el pillaje. La Constitución de Chávez fundó la sociedad donde “el pillo es premiado, el trabajador castigado y el ciudadano llevado a la miseria”, sostiene Del Bufalo.
La ausencia de medios independientes y la mordaza a la opinión pública lo fomenta y abre un panorama de oportunidades para estas prácticas que avivan el pesimismo colectivo, considerando que “el circulo vicioso es muy difícil de romper”.
Y todo ello no es más que el resultado de la degradación política venezolana, estancada en disputas mezquinas, lejos de un verdadero debate de ideas.
La éxodo venezolano también ha servido para mover fondos desde el exterior. Por ejemplo, la semana pasada un conjunto de países hizo una serie de donaciones para los migrantes, las cuales sumaron más de 1500 millones de dólares, en un evento organizado por Canadá. Aunque no está claro cómo se administrarán estos recursos, Juan Guaidó agradeció al país receptor y los donantes por la solidaridad.
Resulta obvio que la política implique la adquisición de espacios de poder para impulsar propuestas y soluciones al servicio de la ciudadanía, pero se cae en la baja política y la politiquería cuando sólo se gestionan intereses contradictorios, incluso turbios, sin nexos con las necesidades emergentes, tan distorsionados que no persiguen el bien común. Ahí está Venezuela.
Fuente: PanamPost