SONIA SCHOTT,
Sea cual sea el desenlace del caso legal que le sigue el Departamento de Justicia al expresidente Donald Trump, el tema tendrá un gran impacto en las elecciones presidenciales de 2024.
Si los juicios continúan paralelamente a la campaña electoral, todos los principales temas políticos, como la economía, la inmigración, el derecho al aborto o el cambio climático, o en todo caso la dirección que tomara el país, serán dejados de lado.
Y es que todo el proceso comicial se centrará en una sola pregunta: ¿Será condenado Trump y qué impacto tendrá para la institucionalidad del país?
El momento en que sucede no es el mejor especialmente cuando hay tantos asuntos cruciales de política interna y externa que deben debatirse a fondo, pero es una consecuencia inevitable de la decisión de iniciar un juicio a un exmandatario.
Para el candidato Trump esta atención podría representar una ventaja, pero ciertamente no es lo mejor ni para el país ni para los votantes que esperan poder elegir en base a las políticas que el próximo inquilino de la Casa Blanca implementará y que afectarán sus vidas.
Trump ya ha sido acusado tres veces, pero los últimos cargos, anunciados la semana pasada por el fiscal especial, Jack Smith, son por mucho los más graves.
En su momento enfrentó cargos de juicio político derivadas del catastrófico asalto de sus partidarios al Capitolio, el 6 de enero de 2021 y que provocó la muerte de cinco personas.
En esa ocasión se evitó la impugnación después de que el Senado, controlado por los republicanos, votara en contra, aunque siete republicanos se situaron del lado demócrata.
Ahora, el fiscal especial presentó formalmente los mismos cargos después de una larga investigación que tuvo en cuenta todas las pruebas recopiladas por el comité del Congreso.
Smith ha dicho que “el ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense” y que fue alimentado por mentiras dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno, recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
La expresión favorita de Trump es que toda la investigación es una cacería de brujas del Departamento de Justicia, con el objetivo de socavar sus posibilidades de ganar, en 2024 pero ganar con ese argumento ante la Corte deberá presentar pruebas de interferencia política.
Otro de las causas que se debaten es si Trump tenía derecho, en base a la Primera Enmienda, de hablar públicamente como cualquier estadounidense sobre las elecciones y afirmar, incluso falsamente que hubo un fraude que determinó el resultado durante las elecciones y que él ganó,
El exfiscal general William Barr, quien fuera muy cercano a Trump durante su presidencia dijo recientemente que “es un «caso legítimo y no entra en conflicto con la Primera Enmienda» desarmando el criterio planteado por los defensores de Trump de que el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump no es válido porque sus declaraciones estaban protegidas por la Primera Enmienda.
“Y los otros elementos fueron la sustitución de paneles falsos que no estaban autorizados para alegar que tenían votos alternativos” precisó Barr.
En cuanto a los documentos clasificados encontrados en la residencia de Trump en Florida, su defensa esgrime que no había intención de dolo y que, en base a su posición de presidente saliente, tenía derecho a llevar registros de su tiempo en el cargo y que, en cualquier caso, ya habían sido desclasificados antes de dejar la Oficina Oval.
También es cierto que presidentes y vicepresidentes anteriores, han retenido documentos después de dejar el cargo y no se les siguió un juicio por ello.
El presidente Joe Biden, por ejemplo, descubrió que algunos documentos no habían sido devueltos luego de desempeñarse como vicepresidente durante los dos periodos de la administración de Barack Obama (2009-17).
De igual manera el vicepresidente de la administración Trump, Mike Pence, también incurrió en este error. Sin embargo el argumento hasta ahora ha sido que cuando se les solicitó, los devolvieron enseguida.
Pero mucho más allá de lo que prueben los juicios en contra o a favor del expresidente en realidad lo que esta en juego es restituir la confianza en las instituciones a pesar de aquellos que dicen que las representan.