JORGE BUXADÉ,
La avalancha inmigratoria en toda España ha alcanzado sobradamente unos números que justifican lo que venimos señalando desde hace años: estamos ante una invasión inmigratoria. Ya no es que lo diga tal o cual líder político, más o menos sensibilizado por la protección de la comunidad nacional. Es un hecho que ni toda la propaganda de los medios en favorecimiento de los procesos internacionales de inmigración forzada y subvencionada puede ocultar.
Sánchez y Marlaska, para evitar el estallido social en las islas Canarias, trasladan, a costa de los impuestos de todos los españoles, a miles de inmigrantes que han arribado a España de forma ilegal a diversos puntos de la geografía española. El problema es gravísimo desde cualquier punto de vista, si bien el menos relevante es el relativo a las cuestiones competenciales y presupuestarias, que es donde se suele enredar el Partido Popular y sus voceros.
Podría escribir cientos de líneas, pero el modo periodístico obliga a la contención así que me limitaré a señalar tres cuestiones esencialísimas que están poniendo en peligro bienes que merecen especial protección: el control en frontera, la seguridad en las calles, y la necesaria homogeneidad social y cultural de la comunidad nacional. Quizás mañana señalamos otras tantas.
Primero, España no ha traspuesto la llamada Directiva de retorno —deberes que no hizo el Gobierno de Rajoy contra quien ya la Comisión Europea en 2016 inició un procedimiento contradictorio, reiniciado contra el Gobierno Sánchez en 2022—. Tanto monta Rajoy que Sánchez en cuestiones inmigratorias, dada su sumisión a la Agenda globalista 2030. Es extraordinariamente importante ya que, por ejemplo, la Directiva de Retorno habilita en su artículo 15 que el internamiento de extranjeros incursos en procedimientos de expulsión y/o pendientes de su ejecución pueda prolongarse hasta 18 meses. Sánchez los deja libres en cuatro horas a pesar de que sabemos todos que han entrado ilegalmente y que carecen de derecho alguno a permanecer en territorio europeo.
Segundo, España no ha traspuesto tampoco correctamente ni ha aprobado una lista de países seguros. La Unión Europea, en la Directiva 2013/32/CE, considera país de origen seguro aquel en que puede demostrarse que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado. Esta lista es esencial ya que, de acuerdo con la Ley de asilo, y la Directiva de asilo, permite de conformidad con el artículo 20 de la Ley de asilo 12/2009 no admitir a trámite las peticiones de asilo, que es el subterfugio que los inmigrantes ilegales, con la colaboración de las ONG, están utilizando para evitar la expulsión, consolidarse en España, y luego obtener —aunque finalmente se deniegue el asilo— permiso de residencia por arraigo; figura sustancialmente injusta y que es el desastre definitivo de nuestra política inmigratoria.
La práctica totalidad de los Estados de la Unión tienen sus listas de países seguros. Es obligado incluir como países seguros a Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, Kosovo (aunque no lo hayamos reconocido como tal), Georgia, Turquía, Ghana, Senegal, Argelia, Marruecos, Túnez, al menos. Si el Gobierno no lo hace, si no lo hizo el de Rajoy, es por su clara complicidad con el fraude en que se ha convertido el sistema de asilo.
Tercero, y por lo mismo, tampoco la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, no ha sido correctamente traspuesta de forma que España no está procediendo al internamiento preventivo de aquellos que llegan ilegalmente y solicitan protección internacional. La Directiva permite, y podríamos casi añadir que obliga por razones de orden público, acordar el internamiento del que llega a España y pide asilo o protección subsidiaria, para emplear el tiempo del internamiento de forma urgente, ágil y eficaz (exige dotación de medios materiales y personales) a discernir si el solicitante tiene o no derecho: verificar su identidad o nacionalidad, si hay riesgo para la seguridad nacional o el orden público, si procede de un país seguro, si tiene alguna prueba de ser beneficiario de protección.
Tres cosas solo. Para empezar. El Partido Popular calla porque está en falso. Todo debió hacerlo el Gobierno de Rajoy. No hizo nada. Se había comprometido a cumplir la Agenda 2030 y a desmoronar nuestras fronteras. Tampoco Sánchez, para quien España no es nada. Pero nosotros sí creemos que es algo digno de proteger y conservar.
Ojalá estas líneas llegaran a todos aquellos que sufren las consecuencias. Podrían identificar al responsable y pedirle cuentas.