Los comunistas y hasta los diputados de Convergencia Social, partido del presidente chileno, Gabriel Boric, traicionan al mandatario en el Congreso rechazando y absteniéndose en la votación de los proyectos legislativos que pretendan proteger a los Carabineros de Chile para frustrar un cambio en el manejo del discurso repulsivo de la izquierda contra la institución policial a pesar del aumento de los asesinatos de los funcionarios policiales en el primer año de gobierno.
Si bien la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Nain-Retamal, que establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial y aumenta penas a quienes atenten en contra de ellos, la bancada izquierdista aliada de Boric en el Congreso maniobró para sabotear la modificación al Código Penal que eximiría de responsabilidad criminal a los policías cuando actúen en determinas circunstancias al reunir 24 votos en contra – entre seis comunistas, 15 diputados del Frente Amplio, dos independientes y un socialista- y 13 abstenciones – diez del Frente Amplio, dos del Partido por la Democracia y un socialista-.
Entre obstáculos
Con esa misma tendencia, los comunistas que traicionan a Boric esquivaron la norma prohíbe ordenar medidas cautelares sobre la libertad de un policía imputado con cuatro votos en contra y 28 abstenciones.
También objetaron la propuesta que establece la prisión preventiva para los imputados por atentados contra la vida o la integridad física de miembros de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería al contabilizar 23 votos en contra y 11 abstenciones y la – condena a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado a quien de muerte a un funcionario policial que se encuentre en ejercicio de sus funciones con cuatro en contra y 28 abstenciones.
“El presidente tiene obstáculos para alinear al PC y los partidos del Frente Amplio, incluido el suyo, Convergencia Social, con el nuevo rumbo que pretende imprimir a su gobierno” indica ExAnte tras señalar que la votación equivale a un test de liderazgo para Boric sin resultado positivo.
Es contradictorio cuando el jefe de Estado cambió las bases de las licitaciones de los contratos de servicios de educación previsional, formación sindical y programa de diálogo sobre la reconversión laboral para beneficiar con millonarios aportes estatales a la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) de la Central Única de Trabajadores (CUT) dirigida por militantes del Partido Comunista.
Sin convicciones pero con estrategia
La primera comunista en asumir la presión es la vocera de gobierno de Boric, Camila Vallejo, quien al intentar explicar el giro del rechazo a Carabineros al respaldo en el parlamento dijo que “el país ha cambiado, el Congreso es otro y hoy nos toca gobernar”.
Su discurso deja implícito que “no hay una convicción en el cambio de rumbo gubernamental, sino que se sostienen en una coyuntura, circunscrita a los tiempos y no a un tema de principios” apunta el medio.
No es novedad. Los comunistas que traicionan a Boric caminan en medio de la tensión con estrategia. Se ve. Se nota sin ninguna dificultad cuando a pesar de negar su voto para las iniciativas legales en el Congreso, a través de redes sociales divulgan su supuesto compromiso con “una vida de bien, una vida segura” con el cual invitan a votar por sus candidatos a consejeros constitucionales que serán electos el próximo 8 de mayo.
¿Quién puede creerle al Partido Comunista? Ahora andan enfocados en la seguridad, antes continuaban la refundación e instaban a la violencia. En política cuando la voltereta es sin reconocer responsabilidades es puro oportunismo falso” señala en Twitter, Bernardo Fontaine.
Los desafíos de Boric
No hay dudas después de la votación en el Congreso de la Ley Naim que Boric tiene dificultades para alinear al PC y los partidos del Frente Amplio, incluido el suyo, Convergencia Social, en torno al nuevo manejo que pretende de los asuntos de seguridad. De hecho, la diputada Lorena Fries, quien forma parte de las filas de Convergencia Social plantea la posibilidad de solicitar la intervención del Tribunal Constitucional si se aprueba la normativa en el Senado en los mismos términos que aprobó la Cámara.
El resultado de diferencias como esta ya pesa. El plan de seguridad para combatir la delincuencia que prometió cuando asumió el poder hace un año tiene 95 % de retraso. Solo dos de las 24 medidas que presentó el mandatario en junio de 2022 están en ejecución. Esto representa tan solo el 8% del grueso de iniciativas. Mientras tanto, 15 de esas mismas disposiciones, equivalentes al 63% del programa, ni siquiera se han iniciado. El resto, que corresponden a tres iniciativas, están en proceso de ejecución.
Al balance recopilado por Ideas País se suman las medidas que no han terminado de despegar durante su gestión que forman parte de sus 755 compromisos gubernamentales adquiridos. Al desmenuzar el avance de cada uno de los planes a implementar, el estudio muestra también que 45,2 % de lo planificado —es decir, 343 medidas— no ha siquiera iniciado, mientras 38 % está en proceso. Solo un escaso 7,8 % ha sido el total global de objetivos alcanzados por el mandatario, mientras 12 % de estos proyectos están aún en trámites.