“Chile despertó”, vociferan los progres australes desde el triunfo del presidente izquierdista Gabriel Boric, pero en realidad entró en una pesadilla con el aumento de la delincuencia en sus cuatro meses de gobierno. Los robos violentos y homicidios disparan las estadísticas de inseguridad en el país.
Un balance del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros revela que las encerronas (robos de vehículos con violencia) ascendieron a 5095 casos entre marzo (mes de la toma de posesión de Boric) y julio de este año. La cifra representa 3096 ilícitos más en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando sólo se registraron 1999 delitos por esta causa, lo que equivale a un aumento de 60,7 %.
Las cifras de homicidios también son trágicas, considerando que entre marzo y junio del año pasado se contabilizaron 293, pero durante la gestión de Boric ya hay 449 muertes violentas registradas. Esto significa un incremento de 34,7 %. Las comunas de San Bernardo, Cerro Navia, Pudahuel y La Pintana de la Región Metropolitana de Santiago son las más afectadas. Cada semana los detenidos en flagrancia oscilan entre 130 a 160, y de ellos 95 % son hombres de nacionalidad chilena.
“Esto es una escalada donde hay un cambio en el modus operandi de la delincuencia que ahora muestra un alto poder de fuego”, afirma la exsubsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Katherine Martorell, en entrevista con PanAm Post, quien reconoce que “lamentablemente Chile arrastra un periodo donde no se avanzó en legislación como herramienta para un control adecuado del crimen organizado”, pero subraya que “el gobierno actual y su coalición contribuyeron al avance de la delincuencia al votar en contra de todos los proyectos en esta materia”.
Un bumerán
Gabriel Boric paga las consecuencias de sus actos como diputado. Según Martorell “ahora repite los proyectos que en su minuto rechazó porque tiene conciencia de lo que significa la delincuencia que antes no conocía y lo ha obligado a cambiar de postura. La macrozona sur es una muestra. Después de no implementar el Estado de Excepción durante 51 días se vieron obligados a hacerlo”.
“Chile corre la misma suerte de inseguridad de la región en este momento porque Chile siempre tomó decisiones rápidas como Estado en materia de delincuencia sin ideologías, pero ahora se le entregó a la delincuencia un espacio que genera estragos y no hay una actuación decidida y fuerte que permita parar de seguir el camino de los países vecinos”.
Evasión y burocracia
Desde La Moneda evaden el panorama. Para la ministra del Interior, Izkia Siches “los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía». Incluso, ironiza sobre los cuestionamientos atribuyéndole amnesia a los congresistas que exigen soluciones alegando que “a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero”.
Su posición escandalizó al Congreso y la alta funcionaria debió recular. Hasta pedir disculpas. Con una data que la desmiente y emplaza a actuar, anunció que solicitó la creación del Ministerio de Seguridad Pública.
Esta iniciativa no es nueva. Duerme en el Congreso desde hace una década ante el rechazo de las plenarias a generar más burocracia. Además, la inexistencia de la cartera no impidió que Chile figurara como una de las naciones más seguras de la región.
El anuncio para Martorell sólo es “un intento para mostrar algo de gestión en materia de seguridad” cuando el desafío de Boric y Siches es devolver la confianza a la ciudadanía sobre Carabineros, institución que ambos vapulearon durante el estallido social y que ahora necesitan para frenar la ola de delitos.
“La reforma de Carabineros comenzó y avanzó 30 % en el gobierno anterior, pero en este no hay avances en la reforma, estatutos ni el rol de las policías que ya han comenzaron a solicitar sus retiros ante la falta de respaldo y confianza en sus acciones desde el gobierno. Hoy el carabinero tiene temor de usar su arma de servicio en legítima defensa porque puede ser castigado él y no el delincuente”.
Falta “actitud para enviar las señales correctas de confianza a las instituciones” de lo contrario Boric “vivirá en una encrucijada por disolver a Carabineros como prometió”.
Otro país
Sin contundencia para detener la criminalidad, Chile pierde con velocidad los títulos que ostentó en América Latina en las últimas dos décadas. Ya no tiene la economía con mejor pronóstico ni estabilidad política y social de la región. La desaceleración de su aparato productivo es una realidad que confirma el Banco Central en el reporte del Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) de junio, que sólo arrojó una expansión de 3,7 %, que representa la mitad del registro de marzo (6,4 %), abril (6,9 %) y mayo (6,4 %).
Si a ellos se agrega que en el último sondeo de Criteria el 89 % de los encuestados expresó que hay un “alto nivel de violencia”, cobra sentido la conclusión del senador Jaime Quintana: «La seguridad no es un tema de derecha sino un derecho para todas las personas, como un mínimo necesario para desarrollar cualquier proyecto de vida. A fin de cuentas, la seguridad pública no es una burbuja, sino que se interrelaciona con todos los contextos posibles de una sociedad como la nuestra que, además, se encuentra viviendo su propia crisis de identidad”. ¿Quién puede discutirlo?
Fuente: Panampost