MIAMI.- La comunidad internacional ha tenido un rol clave en la lucha democrática de Venezuela, siendo EEUU un actor de peso. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el gobierno de Joe Biden ha insistido en que deben publicarse las actas de votación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro, que fue avalado también por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero esta reelección no ha sido verificada.
“Lo que estamos esperando es ver si Maduro hace lo correcto y divulga los resultados electorales para que el pueblo venezolano pueda comprobar si se cumplió su voluntad. Eso es lo que queremos ver y lo queremos ver ahora”, aseveró en una rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, el 10 de septiembre.
EEUU, que había advertido sobre el endurecimiento de medidas contra el régimen venezolano, anunció el 12 de septiembre sanciones para 16 funcionarios, civiles y militares, de la administración de Maduro. Dentro del grupo de sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, el secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio José Meneses, y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFAN), general en Jefe Domingo Hernández Lárez.
De acuerdo con el secretario de Estado, Antony Blinken, “en lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria”.Antes de estas sanciones, el 5 de septiembre, en rueda de prensa con medios internacionales, la líder opositora María Corina Machado demandó más esfuerzos por parte de los Estados Unidos en la lucha por el cambio político en Venezuela. A su juicio, debería “hacer mucho más”.
En conferencia por Zoom, Machado puntualizó: “La administración de Biden y los dos partidos en el Congreso tienen una oportunidad para demostrarle al mundo libre… Si un conflicto tan profundo y urgente que representa un riesgo para este hemisferio no puede resolverse, entonces es muy improbable que otros más lejanos puedan”.
El abogado Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, señala que María Corina Machado “debería plantear específicamente qué es lo que espera del gobierno estadounidense y explicar cómo eso puede contribuir tangiblemente para que los venezolanos puedan reconstruir su democracia”.
A su juicio, la solicitud de reconocimiento de Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela, es una medida fundamentalmente simbólica. De Alba refiere también la petición de Rafael de la Cruz, asesor de María Corina Machado, de cancelar las licencias petroleras.
“No queda claro cómo este aspecto puede contribuir a solventar la crisis y, más aún, si la consecuente profundización de una crisis económica en Venezuela no haría a más venezolanos dependientes del gobierno (régimen)”, indica Mariano de Alba.
El asesor de La Cruz en su planteamiento, durante una conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas en Nueva York, argumentó que cuando el régimen de Maduro se «ha sentado a negociar” ha sido «porque tiene una presión económica importante».En ese sentido, desde la oposición venezolana se insiste en el incremento de la presión por parte de EEUU para que se reconozca la voluntad popular de cambio en Venezuela.
Presión tangible
De Alba considera que el asunto es cómo ejercer una presión internacional efectiva y tangible que beneficie a los venezolanos dentro del país.“Debe tenerse en cuenta, además, que al final del día, la presión internacional incide. Pero, lo crucial son los esfuerzos que puedan hacer los venezolanos dentro del país”, apunta.
El abogado cree que, más que un reconocimiento de González Urrutia, los gobiernos occidentales deberían tratar de ayudar con dos tareas claras.
“Son importantes iniciativas que logren disminuir la disposición a reprimir por parte de organismos de seguridad del Estado, e incrementar sus canales de comunicación con figuras del gobierno de Maduro. Y, en la medida de ser posible, la Fuerza Armada para tratar de impulsar una negociación entre los actores venezolanos y llegar a acuerdos efectivos que permitan que el país pueda reconstruir su institucionalidad y se respeten todas las garantías democráticas que están siendo desconocidas”, sostiene.
Política doméstica de EEUU
El internacionalista Juan Francisco Contreras recuerda que la política de Estados Unidos se encuentra en plena campaña electoral y, por tanto, no cree que haya ninguna variación hasta que sea elegido el nuevo presidente el próximo mes de noviembre.
Para Mariano de Alba resulta evidente que, los gobiernos occidentales que quieren contribuir a una resolución de la crisis venezolana, deben replantearse lo que ha sido su estrategia durante casi 10 años, mientras se ha puesto énfasis y esperanza en la acción internacional sin resultados trascendentales
.“Por ahora, lo más factible es que de ganar Kamala Harris veamos una continuación de lo que ha sido la política exterior bajo Biden respecto a Venezuela. Si gana el expresidente Trump, pues hay incertidumbre, pero dos posibilidades: un regreso a la máxima presión de 2019 o una disposición a entenderse con el gobierno de Maduro y negociar acuerdos donde el vector principal es el interés estadounidense por el acceso a los recursos naturales venezolanos”, añade
.Juan Francisco Contreras coincide con María Corina Machado en que la situación de Venezuela podría activar una nueva ola migratoria y seguramente allí se evaluaría la posición de los aspirantes a la Casa Blanca sobre la migración.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor: la mayoría, más de 6,5 millones de personas, ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe.
“Creo que el asunto principal en este momento es la migración venezolana en Estados Unidos, con el partido Republicano, liderado por Trump, criticando lo que considera una política migratoria muy laxa por parte de Biden y el partido Demócrata tratando de contenerla y limitarla mediante acuerdos con otros países de la región y algunos acuerdos limitados con el gobierno de Maduro”, asevera Mariano de Alba.
De acuerdo con el internacionalista Contreras, quizás Estados Unidos no emita más sanciones económicas a Venezuela en el corto plazo hasta que se produzca la elección presidencial. Cree que este tipo de medidas serán postergadas, “a menos de que se produzca algún hecho importante”.
A su juicio, sí podrían engrosarse las sanciones particulares a funcionarios de la administración chavista.
“No hay por qué descartarlas, pero hay que reconocer que hasta ahora la efectividad de las sanciones ha sido muy limitada en el mejor de los casos. Asimismo, el gobierno (régimen) de Maduro tiene experiencia ya evadiendo las sanciones y tiene tiempo reduciendo sus vínculos y dependencia con occidente y acrecentándolos con países orientales”, argumenta de Alba.