El régimen venezolano rechaza investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad, indicó la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en un documento desclasificado que podría allanar el camino para más acciones judiciales.
El tribunal con sede en La Haya (Holanda) abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos del régimen de Nicolás Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017.
La antigua fiscal general de la CPI Fatou Bensouda dijo en diciembre de 2020 que existía «base razonable» para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.
Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio pero hecho público el martes, llegó a la «conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos».
Las autoridades venezolanas solo han presentado un «altamente limitado» número de cargos criminales vinculados a esas protestas en las que murieron alrededor de 100 personas, indicó el informe de la fiscalía.
«Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales», criticó.
Bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto.
Esto podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
En base a sus indagaciones, la CPI asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución, señaló el informe.
El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
Venezuela rechazó las acusaciones como una «farsa».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de un chico de 20 años en Caracas en 2017 tras el impacto de un bote de gas lacrimógeno.
Un policía venezolano fue condenado a 25 años de cárcel también en mayo por la muerte de un joven manifestante durante una manifestación contra Maduro en 2017.
Un pocos más del informe
La CPI concluyó hoy que «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017».
El informe definitivo fue presentado por Fatou Bensouda, exfiscal de la CPI . El proceso fue abierto a raíz de las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista en protestas callejeras y en las cárceles. En los reclamos se reúnieron testimonios y evidencias del uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos en desacuerdo con la dictadura.
El diario ABC, cita el documento con las observaciones de Bensouda y destaca que, entre «los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela «el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma»
Entretanto la fiscal subrayó que «los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles» para un proceso de acuerdo con el artículo 17(1)(a)-(d) del Estatuto. En este sentido, Fatou Bensouda señala que la investigación de la CPI vendría dada por la «inacción» del Estado venezolano ante los hechos denunciados.
ABC, sostiene que, tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, «le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional».
Las tacticas dilatorias del régimen de Nicolás Maduro, ejercidas a traves del fiscal Tarek William Saab, para retrasar el proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en ese país, parece que tuvieron un efecto momentaneo. Expertos juristas estiman que para este jueves la Corte Penal Internacional (CPI) anuncie la apertura de la Investigación formal.
La defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju publicó un video en el que asegura que se espera la decisión de la CPI para abrir el caso que estudie los crimenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
Por su parte, los especialistas de la ONG Acceso a la Justicia consideran que la última respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI) a los recursos dilatorios de Tarek William Saab evidenciaría que se cumple el requisito de complementariedad para una posterior investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En esta respuesta se confirma que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI.
En su cuenta en Twitter aseguran que la Fiscalía de la CPI, en efecto, considera que existe inacción de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.
Destacan que es la primera información que da la Fiscalía de la CPI sobre este punto. «Ya anteriormente señaló que en Venezuela autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad»
Fuente: Diario las Américas
Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio pero hecho público el martes, llegó a la «conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos».
Las autoridades venezolanas solo han presentado un «altamente limitado» número de cargos criminales vinculados a esas protestas en las que murieron alrededor de 100 personas, indicó el informe de la fiscalía.
«Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales», criticó.
Bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto.
Esto podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
En base a sus indagaciones, la CPI asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución, señaló el informe.
El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
Venezuela rechazó las acusaciones como una «farsa».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de un chico de 20 años en Caracas en 2017 tras el impacto de un bote de gas lacrimógeno.
Un policía venezolano fue condenado a 25 años de cárcel también en mayo por la muerte de un joven manifestante durante una manifestación contra Maduro en 2017.
Un pocos más del informe
La CPI concluyó hoy que «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017».
El informe definitivo fue presentado por Fatou Bensouda, exfiscal de la CPI . El proceso fue abierto a raíz de las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista en protestas callejeras y en las cárceles. En los reclamos se reúnieron testimonios y evidencias del uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos en desacuerdo con la dictadura.
El diario ABC, cita el documento con las observaciones de Bensouda y destaca que, entre «los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela «el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma»
Entretanto la fiscal subrayó que «los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles» para un proceso de acuerdo con el artículo 17(1)(a)-(d) del Estatuto. En este sentido, Fatou Bensouda señala que la investigación de la CPI vendría dada por la «inacción» del Estado venezolano ante los hechos denunciados.
ABC, sostiene que, tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, «le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional».
Las tacticas dilatorias del régimen de Nicolás Maduro, ejercidas a traves del fiscal Tarek William Saab, para retrasar el proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en ese país, parece que tuvieron un efecto momentaneo. Expertos juristas estiman que para este jueves la Corte Penal Internacional (CPI) anuncie la apertura de la Investigación formal.
La defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju publicó un video en el que asegura que se espera la decisión de la CPI para abrir el caso que estudie los crimenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
Por su parte, los especialistas de la ONG Acceso a la Justicia consideran que la última respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI) a los recursos dilatorios de Tarek William Saab evidenciaría que se cumple el requisito de complementariedad para una posterior investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En esta respuesta se confirma que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI.
En su cuenta en Twitter aseguran que la Fiscalía de la CPI, en efecto, considera que existe inacción de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.
Destacan que es la primera información que da la Fiscalía de la CPI sobre este punto. «Ya anteriormente señaló que en Venezuela autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad»
Fuente: Diario las Américas