La sala constitucional de la Corte Suprema condenó este martes al gobierno de Costa Rica por abstenerse de levantar los bloqueos de carreteras de las últimas semanas, en las que manifestantes protestaron contra una propuesta de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El tribunal acogió por unanimidad un recurso de habeas corpus contra el Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública (policía) por no remover a quienes impedían la circulación en por al menos 40 tramos de carreteras en todo el país.
Según la sentencia de la sala constitucional, las manifestaciones convocadas por el autodenominado Movimiento Rescate Nacional buscaron entorpecer la infraestructura vial del país y el acceso a los puertos marítimos.
Según la sentencia de la sala constitucional, las manifestaciones convocadas por el autodenominado Movimiento Rescate Nacional buscaron entorpecer la infraestructura vial del país y el acceso a los puertos marítimos.
«No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión, pues su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público», manifestó el juez Paul Rueda Leal, autor del fallo.
Los bloqueos de carreteras estallaron el miércoles 30 de setiembre en rechazo a una propuesta del gobierno de negociar un acuerdo con el FMI, que fue criticada por el énfasis en el incremento temporal de impuestos en lugar de reducir gastos.
Aunque la propuesta fue retirada el 4 de octubre, el movimiento mantuvo la movilización.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dijo tras conocer el fallo que el gobierno ha actuado «con diligencia» frente a los bloqueos y defendió el trabajo de los policías y destacó que ha privilegiado la vía del diálogo con los manifestantes.
«Desde el 30 de septiembre, en que comenzó este movimiento, hasta el día de ayer (lunes), se han realizado 115 intervenciones para levantar otros tantos puntos de bloqueo. Hay 100 policías heridos, golpeados, lesionados en esos esfuerzos», dijo Prieto en un comunicado.
El mismo movimiento organizó este lunes una marcha en la capital que terminó en un violento enfrentamiento con la policía frente a Casa Presidencial, que culminó con el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
El mandatario costarricense Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa (parlament), Eduardo Cruickshank, convocaron este domingo a un diálogo nacional que comenzará el próximo sábado en busca de un acuerdo para enfrentar la crisis fiscal del país.
El país cerró 2019 con un déficit fiscal de 6% del PIB, que amenaza con alcanzar 9,7% del PIB como consecuencia de las medidas de contención por la pandemia de covid-19.
Fuente: Diario las Américas
Los bloqueos de carreteras estallaron el miércoles 30 de setiembre en rechazo a una propuesta del gobierno de negociar un acuerdo con el FMI, que fue criticada por el énfasis en el incremento temporal de impuestos en lugar de reducir gastos.
Aunque la propuesta fue retirada el 4 de octubre, el movimiento mantuvo la movilización.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dijo tras conocer el fallo que el gobierno ha actuado «con diligencia» frente a los bloqueos y defendió el trabajo de los policías y destacó que ha privilegiado la vía del diálogo con los manifestantes.
«Desde el 30 de septiembre, en que comenzó este movimiento, hasta el día de ayer (lunes), se han realizado 115 intervenciones para levantar otros tantos puntos de bloqueo. Hay 100 policías heridos, golpeados, lesionados en esos esfuerzos», dijo Prieto en un comunicado.
El mismo movimiento organizó este lunes una marcha en la capital que terminó en un violento enfrentamiento con la policía frente a Casa Presidencial, que culminó con el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
El mandatario costarricense Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa (parlament), Eduardo Cruickshank, convocaron este domingo a un diálogo nacional que comenzará el próximo sábado en busca de un acuerdo para enfrentar la crisis fiscal del país.
El país cerró 2019 con un déficit fiscal de 6% del PIB, que amenaza con alcanzar 9,7% del PIB como consecuencia de las medidas de contención por la pandemia de covid-19.
Fuente: Diario las Américas