Es un caso en el que el gobierno se opone a los grupos de inmigrantes que sostienen que la ley federal es más indulgente con las 400.000 personas amparadas por el TPS. Muchos han vivido en Estados Unidos durante muchos años, han tenido hijos que son ciudadanos estadounidenses y han echado raíces en este país, dicen sus defensores.
El Departamento de Justicia dice que es una posición que ha sido sostenida durante 30 años por gobiernos de ambos partidos.
El presidente Joe Biden es partidario de cambiar la ley para que los beneficiarios del TPS y otros inmigrantes puedan naturalizarse. La iniciativa de ley que permitiría ajustar el estatus migratorio de las personas que están aquí por razones humanitarias ha sido aprobada por la Cámara, pero sus posibilidades de aprobación en el Senado no son buenas.
El juez Brett Kavanaugh dijo que el tribunal debería ser “cuidadoso en cuanto a jugar con los estatutos de inmigración tal como están escritos”, especialmente cuando el Congreso podría actuar. “Pero a manera de panorama general, ¿por qué deberíamos intervenir aquí cuando el Congreso está muy centrado en la inmigración?”, preguntó Kavanaugh.
El caso gira en torno a si las personas que entraron en el país ilegalmente y recibieron TPS fueron alguna vez “admitidas” en Estados Unidos como lo estipula la ley de inmigración.
El juez Clarence Thomas dijo que “claramente no fueron admitidos en las fronteras”. Entonces, ¿es una ficción? ¿Es metafísica? ¿Qué es? No lo sé”.
El caso que aborda el tribunal involucra a una pareja originaria de El Salvador que ha estado en el país desde finales de la década de 1990. En 2001, Estados Unidos concedió a los inmigrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país tras una serie de terremotos en su país.
Las personas de otros 10 países cuentan con una protección similar; a decir: Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.
Fuente: Diario las Américas