Costa Rica cumple tres semanas de cierre de fronteras y mandó policías como nunca antes a vigilar su frontera norte; ordenó cancelar cualquier estatus migratorio a los millares de nicaragüenses que salgan a su país; instaló una base aérea en las barbas del territorio de su vecina Nicaragua y suspendió hasta nuevo aviso la recepción de solicitudes de refugio.
El coronavirus ha cerrado la ruta de escape de los perseguidos de Daniel Ortega. Dos años después de la detonación de la agitación social y la represión gubernamental, la vecina Costa Rica da un giro de 180 grados en la política migratoria que hasta marzo dio acogida a 350.000 nicaragüenses, el 7% de la población costarricense. El pequeño país centroamericano conocido por recibir más migrantes de los que expulsa fue un remanso para 77.000 solicitantes de refugio procedentes de Nicaragua desde 2018, pero la epidemia del COVID-19 ha cambiado el mundo para todos.
Ahora el gobierno de Costa Rica trata de blindar sus 309 kilómetros de frontera con Nicaragua. Insiste hasta a la saciedad a los residentes nicaragüenses que no vayan a su país; que no podrán volver, al menos dentro de los márgenes de legalidad que aún quedan. En tres semanas, la Policía ha rechazado a 5.357 extranjeros en la frontera norte, el doble de la cantidad rechazada en las nueve semanas anteriores. Todo vale para consolidar un “cerco sanitario”, ha dicho la vicepresidenta Epsy Campbell, a cargo de los operativos migratorios.
Al Gobierno de Costa Rica, con 577 casos de COVID-19 hasta este domingo y tres fallecidos, les preocupa la manera en el gobierno de Ortega responde a la epidemia, aunque se han cuidado de decirlo públicamente. “El tema migratorio es de altísima vigilancia y preocupación”, dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, la entidad estatal que administra todas las clínicas y hospitales del país. Fuera de micrófonos, otras autoridades suenan alarmadas por los llamados gubernamentales a las aglomeraciones públicas, por mantener las lecciones y por invitar al turismo a disfrutar esta época, en paralelo a la desaparición pública del presidente Ortega por casi un mes.
Lo resumió el viernes la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, al hablar de Nicaragua. “Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas; nos preocupan las pruebas, el rastreo de contactos, la notificación de casos”. En Costa Rica crece el temor a un contagio masivo y silencioso en suelo nicaragüense, y a una posible propagación sobre la población costarricense. La inquietud cunde en sectores opuestos a recibir migración, pero también en los que han apoyado las políticas de acogida, a pesar de esporádicos llamados a evitar brotes de xenofobia.
La tensión no es solo sanitaria; la economía también juega en contra. La epidemia del coronavirus destruirá miles de empleos y agravará la debilidad de las finanzas públicas, lo que reduce a mínimos la posibilidad de los migrantes de conseguir un trabajo o ayudas. “En esta semana estamos comiendo las verduras que nos regaló un señor campesino porque ya los restaurantes ya no le compran, pero no sé qué vamos a hacer después. Lo seguro es que a Nicaragua no vamos, pero sé de otros que sí tuvieron que volver”, contó a EL PAÍS E. M., un profesor de Managua que llegó en octubre de 2018 con sus dos hijos adolescentes.
La Policía costarricense también ha reforzado la vigilancia en la frontera sur, con Panamá, por donde desde 2016 entran miles de migrantes africanos y haitianos que cruzan Centroamérica por tierra hasta Estados Unidos. Un acuerdo para trasladar de manera controlada 2.600 de ellos fracasó porque Nicaragua también aumentó la presencia militar en su frontera; las autoridades migratorias costarricenses tampoco quisieron arriesgarse a aglomeraciones de migrantes en su territorio y avisó a Panamá, en la última semana de marzo, que no recibiría más.