La estadía del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, hasta julio de 2026 en el Palacio de Gobierno, se ve amenazada por las peticiones de renuncia que emergen de distintos sectores. Sin rodeos, el defensor del Pueblo del país inca, Walter Gutiérrez, lo exhorta a abandonar el cargo por la «ineficacia» de su gestión, irrespeto a los valores democráticos y presuntas omisiones ligadas con actos de corrupción.
Para el alto funcionario, “el presidente Castillo ha demostrado que no es un extremista, no es de izquierda extrema sino de ineficiencia extrema”, así lo expuso en una entrevista con CNN.
Con tres gabinetes fallidos en seis meses considera que “se puede activar el artículo 100 de la Constitución, es decir, un juicio político” porque Castillo está lejos de los “estándares mínimos de integridad para elegir a sus colabores, a sus ministros”.
La cuenta en Twitter de la Defensoría replica sus declaraciones, donde además estima que “la velocidad con la que el presidente se deslegitima es la velocidad con la que se va legitimando su salida, sea por la vía que se tome…».
Un paso al costado
“El presidente Castillo no está a la altura del cargo. Es hora de que el mandatario evalúe con honestidad dar un paso al costado”, sostiene El Comercio en su último editorial, alegando que “este diario puede no comulgar con las posiciones políticas que se vierten con regularidad desde el gobierno”.
El medio –el más influyente del país– no aboga por una salida que fuerce las costuras de la ya maltrecha institucionalidad democrática sino “por una dimisión que le ahorre al país el desgastante proceso de una vacancia presidencial (un procedimiento que ha sido, además, sumamente manoseado en los últimos años)”.
Sería una “salida menos traumática para los peruanos” y una oportunidad para reducir “el afán de protagonismo de algunos representantes de la oposición más preocupados en alimentar su propia narrativa de fraude (como Keiko Fujimori), antes que en ser un contrapeso responsable a las ambiciones y desvaríos del presidente”.
Razones para que esto prospere hay. El “aprendizaje gubernamental” mantiene una vertiginosa e imparable precarización de instituciones como la presidencia, la policía, el ministerio de Justicia y un largo etcétera.
Incluso, el mensaje de Pedro Castillo donde culpó al Congreso por la caída de su tren Ejecutivo dejó claro que el mandatario es “incapaz de reconocer errores y enmendar el rumbo. Una extraña mezcla de ignorancia, cinismo y soberbia se lo impide”.
Una sustituta en jaque
Si este escenario de El Comercio se concretara, a la vicepresidente Dina Boluarte, integrante de todos los precarios gabinetes desde julio, le correspondería sustituir a Castillo.
Sin embargo, su presencia, actos y palabras, mes a mes, han convalidado todos los errores y omisiones de Pedro Castillo. Además, ella prometió renunciar si el presidente era vacado y “debería cumplir su promesa aun si la caída del mandatario es por mano propia”.
Entonces, correspondería una transición que desemboque de inmediato en un nuevo proceso electoral, considerando que la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, “no ha dado la talla”.
Pedro Castillo parece negado a ceder a las peticiones de renuncia. A través de su cuenta de Twitter divulgó un comunicado para ratificar su «firme compromiso con los grandes problemas del Perú».
Está “próximo a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos”, pero el tiempo pasa y juega en su contra con fuerza después de ordenar la destitución del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien lo había denunciado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
La presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, ya lo instó a convocar una reunión de urgencia del Consejo de Estado ante la necesidad de que “los máximos representantes de los Poderes del Estado” se unan para aportar en la “búsqueda de medidas consensuadas en situaciones de emergencia o inestabilidad en el país”.
Fuente: PanamPost