La Central Obrera Boliviana (COB), la principal entidad sindical de Bolivia, dio 72 horas a los líderes cívicos de Santa Cruz para que abandonaran el país como respuesta a un ultimátum similar que esos dirigentes dieron al Gobierno para atender sus demandas relacionadas a los resultados del censo que se efectuará en 2024.
El representante de la COB, Juan Carlos Huarachi, afín al Gobierno del presidente Luis Arce, manifestó este lunes en una conferencia de prensa que se sienten “indignados” y “ofendidos” con las resoluciones del cabildo cruceño del pasado domingo.
“Estamos aquí indignados con estos croatas yugoslavos que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes, nosotros somos los dueños, nosotros somos los que hemos construido Santa Cruz”, expresó Huarachi, sin decir nombres en particular.
Ese cabildo multitudinario resolvió el domingo dar 72 horas a otros departamentos para unirse al pedido de la mayor región de Bolivia que aún cumple una huelga indefinida de 24 días, también dio ese mismo plazo para que el decreto que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 sea una ley nacional y exigió la libertad de los detenidos en los conflictos.
Huarachi cuestionó una de las preguntas que se hizo en el cabildo en el que señalaron que se impulse una comisión constitucional para revisar el rol de Santa Cruz con el Estado boliviano.
“Si se creen tan bolivianos pelearemos verdaderamente por Bolivia y no pensaremos simplemente en un acto de separatismo, porque lo que nos está planteando es separatismo, la ultraderecha boliviana nos está planteando eso”, indicó Huarachi.
Agregó que no van a aceptar que Santa Cruz dé órdenes al país y pidió a otras federaciones y sectores sociales que se pronuncien en contra de esos “asesinos de la derecha”.
“No vamos a aceptar, reitero, más bien ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre hermanos bolivianos”, sostuvo Huarachi.
El representante de la COB cuestionó la huelga indefinida en Santa Cruz que ya se cumple esta medida de presión por 24 días consecutivos y sostuvo que todo es una “falacia” y un “instrumento” para el “separatismo”.
Uno de los pedidos históricos de Santa Cruz ha sido la autonomía administrativa, presente ahora en la Constitución de 2009, y que desde la llegada del líder opositor Luis Fernando Camacho a la Gobernación, ahora plantea el federalismo.
El representante sindical exigió al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado que “no haya impunidad” con los detenidos en el conflicto en Santa Cruz y más bien que se investigue quiénes son los autores intelectuales de, por ejemplo, la quema de una federación de campesinos.
Antecedentes
El pasado viernes, el presidente Arce anunció que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024 mientras que la asignación de recursos será hasta fines de ese mismo año con datos preliminares.
El cabildo del domingo también definió mantener la huelga indefinida a pesar de que el Gobierno ya determinó la nueva fecha del censo y piden que toda esa información sea reflejada en una ley y no un decreto en el que se mencione la redistribución de escaños parlamentarios, distribución de recursos “con los datos finales” del censo.
El Gobierno también apuntó que la asignación de escaños no es una competencia suya sino del Órgano Electoral, por lo que corresponderá a esa entidad hacer la asignación a ejecutar en 2025, año de los comicios presidenciales.
El censo que debía ser en noviembre de este año se postergó hasta 2024 con el argumento de que hay que “despolitizarlo” y tener más tiempo para socializarlo, lo cual generó el rechazo de Santa Cruz y otras regiones.
Con base en los datos del censo deben distribuirse los recursos fiscales a los nueve departamentos y también asignarse escaños en el Parlamento.
Hasta ahora este conflicto dejó cuatro muertos, decenas de heridos, al menos 15 aprehendidos por los actos violentos que enfrentan a quienes apoyan y rechazan la huelga.