Crimen organizado, política no

La derrota asestada por el crimen a las Fuerzas Armadas la noche del martes al miércoles y el fracaso político del debate sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, obligan una conclusión demoledora: el crimen sí está organizado, la política no y, al centro del fuego cruzado entre impunidad e ineptitud, la ciudadanía padece las consecuencias.
En la incapacidad del conjunto de la clase política para diseñar, acordar, instrumentar y asumir una política pública en materia de seguridad, el crimen organizado ha encontrado y aprovechado una ventana de oportunidad para expandir y diversificar su actividad, mostrar don de empresa, crear base social, reemplazar al Estado en varios regiones, competir hasta la muerte entre sí e incorporar socios, aliados o cómplices justamente en la clase política.
Si la ciudadanía no se benefició de la alternancia, el crimen sí.
Lo ocurrido esta semana en el campo criminal y político fue elocuente, puso en evidencia la terrible situación que atraviesa el país en materia de (in)seguridad pública y cómo la democracia y el Estado de derecho se vulneran.
En horas, el crimen organizado fue capaz de colocar contra la pared de manera simultánea a dos gobiernos estatales, arrasar con bienes públicos y privados, sembrar miedo en la ciudadanía, driblar a las fuerzas federales y salir impune. En días, la clase política –el presidente de la República a la cabeza– fue incapaz de escapar del desencuentro que profundiza las diferencias y de actuar no en función de su interés, sino del ciudadano. Otra vez, como a todo lo largo de este siglo, el crimen organizado le está ganando la partida a la política desorganizada.
Con tal de evadir la política, el Ejecutivo no duda en anunciar decisiones unilaterales y arbitrarias, al punto de deformar la máxima juarista que tanto le gusta, reduciéndola a un mal chiste: “por encima de la ley, sólo el decreto presidencial”. Con tal de ejercer la flojera política, el Legislativo –en la vertiente del bloque opositor– no retira la moratoria constitucional, se escandaliza por decisiones que exigen parlamentar y legislar, pero sostiene el cobro puntual de la dieta. Y, con tal de no ser el poder que pague los platos rotos por otros, el Judicial hace de la indecisión o la doblez su más firme postura.
Los poderes de la Unión sí saben para quién trabajan y el crimen les agradece infinitamente su incapacidad. (Por cierto, ojalá el morenista exgobernante de Baja California, Jaime Bonilla, no olvide agradecerle de algún modo al magistrado electoral José Luis Vargas, el haberlo sentado de nuevo en el Senado. El escaño no importa mucho, pero el fuero sí. Podría enviar con su agradecimiento a Amador Rodríguez Lozano, bueno para lubricar el entendimiento político.) Son los poderes de la Unión jugando a ver quién carga el costo de la ineptitud: uno, ejecutando sin preguntar; otro en huelga legislativa; y uno más eludiendo resolver litigios.
A su vez y peor aún, el gobierno y el partido en el poder juegan con la oposición a denunciar el golpe de Estado, achacando al contrario la tentación de llevarlo. De ese tamaño, la irresponsabilidad.
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Mientras el crimen organizado sigue activo en lo suyo, la clase dirigente se mueve y se mueve sin desplazarse del punto muerto donde se encuentra.
Bien sabe el Ejecutivo que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional contradice lo establecido en la Constitución. Tan lo sabe que, desde junio del año pasado –cuando la Guardia apenas cumplía un bienio–, anunció la intención de reformar o, si se quiere, contrarreformar la Constitución para llevar a cabo aquella operación. Empero, al carecer de la mayoría parlamentaria requerida y de la disposición para dialogar y acordar con la oposición, el mandatario se sacó de la manga el anuncio del decreto con que supuestamente realizará el ajuste y, por lo visto, titubea.
Sin embargo, si una corporación recién creada como la Guardia exige un ajuste de ese calado no queda más que pensar dos cuestiones. Fue mal diseñada de origen o se adscribió a la Secretaría de Seguridad nomás para taparle el ojo al macho y luego colocarla, como ahora se quiere, bajo el mando y la férula de la Defensa.
Lo que sea, el mandatario considera innecesario explicar los motivos del traslado y el encuadramiento del ajuste en la estrategia de seguridad y, así, ni manera de respaldar la decisión. Si no es eso, es peor: es un pretexto para justificar el fracaso en esa materia y endosarlo a los militares, la oposición o quien se deje.
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Complementa la actitud presidencial, la postura de la oposición.
En bloque o por separado, los opositores se tiran de los cabellos ante la militarización de la seguridad como si no estuviera militarizada desde hace años. (El cinismo de Acción Nacional en esa actitud es proverbial, aunque no se ha atrevido hacer una colecta para pagar a los abogados de Genaro García Luna.) Repudian la intención presidencial de trasladar la Guardia a la Defensa mediante un decreto, pero no ofrecen retirar la moratoria constitucional y muchos menos se declaran dispuestos a parlamentar y legislar. No actúan, nomás se quejan y acusan. Se oponen sin proponer.
Sin decirlo, el Ejecutivo y el Legislativo coinciden en echar al Judicial los problemas que son incapaces de resolver o no quieren atender. Y este último no duda en apilar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o amparos, dejando reinar a la falta de certeza jurídica
La fiesta de la irresponsabilidad continúa y el crimen la anima echando tiros no al aire.
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Es la política desorganizada el mejor respaldo del crimen organizado.