Cuando el presidente de Perú Pedro Castillo determinó “disolver el Congreso, crear un gobierno de emergencia nacional, convocar a elecciones de Congreso con poder constituyente, gobernar por decreto ley, toque de queda y reorganización del sistema judicial” se estaba proclamando dictador al arrogarse todo el poder del Estado, situación que motivó su destitución, detención, procesamiento y sucesión por su vicepresidenta Dina Boluarte. Seis presidentes en cuatro años muestran la crisis de gobernabilidad de Perú y prueban que el presidencialismo como sistema es obsoleto en Latinoamérica.
El 7 de diciembre el presidente constitucional de Perú se proclamaba dictador, horas antes de una sesión de Congreso cuya agenda era considerar su vacancia. La respuesta de las instituciones peruanas son demostración de la fortaleza de la democracia. El congreso peruano destituyó al presidente que había incurrido de manera pública y flagrante en violación del artículo 45 de la Constitución Política que dispone: “el poder el Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.
Los argumentos de Pedro Castillo en su discurso de 9.57 minutos, con el que rompió la democracia, son que “la mayoría congresal desacreditada” no lo dejaba gobernar para bien del pueblo, que la “prensa mercenaria, corrupta y cínica” lo acosa falsamente. Que “el Congreso ha destruido el Estado Derecho” e instalado una “dictadura congresal con el actual Tribunal Constitucional”, por lo que decidió “establecer un gobierno de excepción”.
Castillo llegó la presidencia obteniendo en primera vuelta el 18,92% de votos con una participación del 70,05% de votantes, esto es un neto del 13,25% de los votantes inscritos en un grupo de 20 candidatos presidenciales. En la segunda vuelta obtuvo el 50,13%, pero como los miembros del Congreso se eligen en la primera votación solo tenía 37 escaños en el Congreso, o sea el 28,46% del voto congresal. Un presidente con la primera minoría de votos, el 13,25% a nivel nacional, ante un Congreso integrado por parlamentarios de 9 frentes políticos que obtuvieron representación.
La proliferación de partidos políticos, de frentes y organizaciones que pueden participar en las elecciones ha traído consigo en Latinoamérica la destrucción de la base del sistema presidencialista en el que la legitimidad del presidente radica en el voto popular directo, pero que en función de la separación e independencia de poderes no puede gobernar sin la coordinación con el Poder Legislativo y bajo control del Poder Judicial. Con 20 candidatos en la primera vuelta y con un ganador con menos del 14% de apoyo, como en el caso de las elecciones de Perú 2021, es imposible esperar que el presiente tenga gobernabilidad porque la segunda vuelta resulta solo un desempate forzado.
El caso de Perú se viene repitiendo en casi toda Latinoamérica y es pretexto de la proliferación de dictaduras. Algunos casos, como las elecciones de Ecuador, en las que el hoy presidente Laso obtuvo el 27,91% en la primera vuelta, en las elecciones de Chile el hoy presidente Boric obtuvo el 25,83% de votos en la primera vuelta, en las elecciones de Colombia el hoy presidente Petro obtuvo el 40,34 % de votos con una participación del 54,98 % de los votantes inscritos. Y en otros casos como el de Nicaragua 2006 eligieron en primera vuelta a Daniel Ortega con el 38% de votos porque previamente habían reducido el porcentaje de votos necesarios para ganar la primera vuelta al 35%.
El presidencialismo en Latinoamérica está llevando a la presidencia de los países al candidato que obtiene la primera minoría que en el sistema no alcanza para tener gobernabilidad. Resultan presidentes de minoría y eso trae consigo la inestabilidad y el mal gobierno o la tentación de convertirse en dictadores concentrando todos los poderes o cambiándolos a su antojo -con asambleas constituyentes y referéndums- para poderlos controlar, como ya ha sucedido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en el Ecuador con Correa y en el reciente frustrado intento de Castillo en Perú.
Con decenas de partidos políticos y candidatos, con votaciones bajas y fraccionadas y sin tradición ni posibilidad de acuerdos entre el presidente elegido por minoría con oposiciones también fraccionadas que controlan el Poder legislativo, el presidencialismo es hoy receta segura de ingobernabilidad, esto es de incapacidad de gobernar. Este escenario es garantía de conflictos y de crisis como lo está probando Perú, que desde 2018 a la fecha, en cuatro años, tiene ya seis presidentes de la República y amenaza con tener más porque no posee los mecanismos para modificar la realidad.
En la situación actual, Dina Boluarte debería considerarse una presidenta de transición y liderar un gran acuerdo nacional para llevar al Perú a una reforma que avance al sistema parlamentario pleno o establezca condiciones para que el presidencialismo funcione. Está llegando el tiempo del parlamentarismo para fortalecer la democracia en Latinoamérica.