Jaime Garvett,
En una situación fuera de lo usual para Estados Unidos en el mundo de la política internacional, el gobierno de Paraguay exigió a Washington celeridad para reemplazar al actual embajador Marc Ostfield, una crisis inédita que ha agriado los vínculos entre ambos gobiernos, presuntamente a causa del activismo del diplomático en la política local en Paraguay.
En el centro de la disputa del gobierno de La Asunción con el diplomático norteamericano, que justificó la inusual petición de apresurar su reemplazo, está un historial de “uso de herramientas administrativas enmarcadas en la legislación norteamericana”, para influir en la política local, según declaraciones del canciller paraguayo Rubén Ramírez.
Según Paraguay, desde el inicio de su gestión diplomática en 2022, el embajador Ostfield desplegó una serie de acciones para influenciar la política interna paraguaya, particularmente en temas electorales, un hecho calificado como interferencia extranjera en presunta violación de los límites establecidos por la Convención de Viena en lo concerniente al respeto de las leyes locales y la abstención de influir en asuntos internos.
El alto oficial de la administración del presidente Santiago Peña se refería a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra empresas y políticos paraguayos, como una de imponer cambios dentro de la política interna en Paraguay.
En una declaración oficial, el canciller Ramírez argumentó que pese a no tener la intención de juzgar el uso de herramientas administrativas que se enmarcan en la legislación norteamericana, como es el caso de las designaciones del Departamento del Tesoro; sin embargo, dijo que el gobierno paraguayo si cuestiona la forma como han sido comunicadas estas medidas administrativas por parte del embajador norteamericano en Paraguay.
“Desde el inicio de este gobierno, hemos transitado un período en el cual se construyó la confianza, por lo que recibimos con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas. Por eso, estamos solicitando al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, acelerar el proceso de salida del embajador y así evitar que la pérdida de confianza hacia una persona dañe la relación que mantenemos históricamente”, expresó el canciller en un comunicado.
¿Cuáles son las razones detrás de esta inusual situación de tensión diplomática entre Paraguay y Estados Unidos, que amenaza con afectar una alianza histórica binacional en acuerdos claves como el apoyo de La Asunción al gobierno de Taiwán, en lugar de China Continental, y el apoyo a intereses norteamericanos en muchos otros aspectos de la política internacional?
Una gestión polémica
El embajador Marc Osftfield fue nominado al cargo en junio de 2021 por la administración de Joe Biden como representante diplomático en Paraguay, su primer cargo como embajador. Después ser confirmado por el comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano en diciembre de 2021, Ostfield presentó cartas credenciales en marzo de 2022, ante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.
Ostfield sustituyó como embajador a Lee McCleeny, que sirvió en la posición durante tres años. La sede diplomática se encontraba bajo responsabilidad del encargado de negocios Joseph “Joe” Salazar.
Según un informe del historial de Ostfield filtrado desde la cancillería, las acciones controversiales del embajador Ostfield comenzaron pocos meses después de haber asumido el cargo.
Cuatro meses después de arribar a La Asunción, el 22 de julio de 2022, el diplomático convocó a su primera rueda de prensa para anunciar la designación del expresidente paraguayo Horacio Cartes, debido a “su participación en actos de corrupción significativos”.
Durante la conferencia de prensa, el diplomático adelantó que esta no sería “nuestra última designación en Paraguay”, una advertencia que fue recibida con preocupación en círculos políticos paraguayos.
Pocos días después, el 12 de agosto de 2022, Ostfield volvió a convocar a la prensa para informar la designación pública del entonces vicepresidente de la República y precandidato presidencial por el partido Asociación Nacional Republicana (ANR), mejor conocido como el Partido Colorado, Hugo Velásquez, a quien calificó de “significativamente corrupto”, razón por la cual su visa norteamericana fue cancelada.
La justificación de esta decisión, según el diplomático estadounidense, fue el supuesto “ofrecimiento de soborno a un funcionario público paraguayo y la injerencia en procesos públicos”.
Velásquez, que era precandidato presidencial por el oficialismo y mano derecha del presidente Mario Abdo Benítez, renunció a su cargo y declinó su candidatura presidencial, para defenderse de las acusaciones de Ostfield, de las cuales se declaró completamente inocente.
Pero para entonces, un nuevo candidato presidencial ya había sido nominado para sustituir a Velásquez, con el beneplácito del presidente Mario Abdo Benítez: Arnoldo Wiens.
Anuncios en la campaña
La siguiente intervención del diplomático se produjo cinco meses más tarde, el 26 de enero de 2023, a sólo tres meses de las elecciones presidenciales, cuando la campaña estaba en pleno auge.
En una nueva conferencia de prensa, el embajador Ostfield informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes y a varias empresas vinculadas al líder del Partido Colorado.
Según un reporte confidencial, el anuncio de esta sanción, “a pocas semanas de las elecciones presidenciales, tenía como propósito golpear al principal líder del Partido Colorado y de paso “dar una mano” a la oposición que de inmediato reaccionó pidiendo a la fiscalía general que investigara la designación del expresidente Cartes.
Las sanciones a Cartes y sus empresas por parte de la OFAC se produjeron poco tiempo después del triunfo de Cartes como presidente del Partido Colorado, con una gran ventaja sobre su competidor para esa posición, Mario Abdo Benítez, y del triunfo de Santiago Peña como candidato oficialista, que se impuso por amplio margen sobre el otro precandidato Arnoldo Wiens.
Los anuncios de Ostfield fueron interpretados como una toma de posición a favor del grupo del expresidente Mario Abdo Benítez, en las disputas internas del Partido Colorado que iban a definir el próximo liderazgo político en Paraguay.
Tras el anuncio de las sanciones contra Cartes, el embajador Ostfield convocó nuevamente a una conferencia de prensa a sólo un mes de los comicios presidenciales, para anunciar que el gobierno de Estados Unidos ampliaba a nueve el número de funcionarios y exfuncionarios paraguayos considerados como “significativamente corruptos”.
Entre ellos, fueron designados Edgar Malgarejo Ginar, expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac); Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario del Poder Judicial.
A pesar del anuncio de las sanciones y las denuncias de la embajada norteamericana en La Asunción, el partido Colorado y su candidato Santiago Peña obtuvieron una aplastante victoria en las elecciones generales de abril de 2023.
No sólo Peña se impuso con una notable mayoría de las preferencias del electorado como nuevo presidente de Paraguay, sino que el partido Colorado obtuvo la victoria en 15 de los 17 departamentos del país.
Nuevas filtraciones
Tras las elecciones presidenciales, el portavoz de la Casa Blanca Matthew Miller, remitió a través de la embajada en La Asunción las felicitaciones de Washington al nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, elogiando el proceso comicial en su conjunto.
Pero en octubre de 2023, una serie de documentos filtrados en el portal Disrtributed Denial of Secret, una nueva versión de Wikileaks, reveló una estrecha colaboración entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Saprelad) y el gobierno norteamericano.
Según algunos de los documentos filtrados, la Saprelad generó una serie de investigaciones acerca de los vínculos y actividades comerciales de las empresas del ex presidente Cartes, en ese momento presidente del partido Colorado, y padrino político del nuevo presidente Santiago Peña.
La filtración incluyó al menos 28 reportes de inteligencia financiera que totalizaron más de 1,600 páginas, entre los cuales destacó un informe “confidencial” enviado desde la Saprelad a las oficinas de Fincen, el organismo de investigación financiera del Departamento del Tesoro norteamericano.
Uno de los reportes, fechado el 1 de abril de 2022, había sido enviado a Fincen tres meses antes de que el gobierno norteamericano diera a conocer en Paraguay la lista de personas declaradas como “significativamente corruptas”.
Tanto el expresidente Mario Abdo Benítez como otras 8 personas responsables de elaborar los informes, resultaron imputados por la Fiscalía de Paraguay por delitos de filtración y producción de documentos con contenidos falsos, asociación criminal y otros delitos, según la acusación del caso, que argumentó que estos informes de Saprelad fueron elaborados con información presuntamente tergiversada.
Según fuentes del gobierno de Peña, el embajador norteamericano en Paraguay promovió la sanción de personas vinculadas al expresidente Cartes, y a él personalmente, pero pasó por alto otras denuncias que salpicaron al ex presidente Mario Abdo Benítez.
De acuerdo a estas denuncias, el embajador Ostfield ignoró evidencias que implicaban al expresidente Abdo en una serie de contratos que permitieron a sus empresas de asfalto facturar cerca de 100 millones de dólares gracias importaciones desde Rusia.
Las denuncias indicaron que aunque el mandatario no realizó contratos directos con el gobierno, presuntamente usó su influencia para presionar a las constructoras adjudicadas con licitaciones estatales para que adquirieran el asfalto necesario a través de las empresas del expresidente paraguayo.
Ninguno de los informes que la contraloría realizó sobre las declaraciones juradas del ex presidente Abdo tras dejar el cargo, fueron considerados en las decisiones anunciadas por la embajada norteamericana en La Asunción.
El expresidente Mario Abdo Benítez ha negado haber cometido irregularidad alguna durante su gestión como presidente de Paraguay entre 2018 y 2023.
La última de las conferencia de prensa convocada por el embajador Marc Ostfield tuvo lugar el pasado 6 de agosto de 2024, para anunciar la imposición de sanciones a la empresa tabacalera paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por brindar apoyo financiero al expresidente Horacio Cartes.
Luego de esta última conferencia de prensa, el gobierno de Santiago Peña reaccionó solicitando a la administración Biden acelerar la salida del embajador Ostfield a través de un comunicado emitido por la cancillería paraguaya, bajo el argumento de intromisión en los asuntos internos.
El canciller Rubén Ramírez Lezcano citó los primeros dos artículos de la Constitución de Paraguay, que señalan la condición de Paraguay como nación independiente y soberana, e indicó que la intervención directa o indirecta de cualquier gobierno extranjero en los asuntos internos del Paraguay compromete la soberanía y la independencia de la nación.
El documento del Departamento de Estado
La situación alcanzó un punto de no retorno en la relación del gobierno del presidente Santiago Peña y el embajador Marc Ostfield luego que se filtrara un documento interno de la embajada norteamericana enviada a Washington, presuntamente escrito por el propio diplomático, que revela las interioridades del manejo de las sanciones por parte de Ostfield.
El documento, que transcribimos en esta entrega, describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano.
“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.
“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kathia González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.
“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.
“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.
“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.