¿Qué tan probable es que la violencia repunte y vuelva a cimbrar a los salvadoreños?
A raíz de una crisis política que sacude al país desde hace unos días -luego de que el presidente Nayib Bukele se enfrentó al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo que le permitiría impulsar su plan de seguridad- la pregunta tiene en vilo a quienes consideran que mantener la reducción en la cifra de homicidios en uno de los países más violentos del mundo depende de un acuerdo entre los poderes del Estado.
El tema de la seguridad ha sido una prioridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y la disminución de las muertes coincide con su entrada al poder en junio pasado.
A pocos días de asumir, Bukele anunció su Plan Control Territorial para hacer frente a la violencia generada por las maras o pandillas, integradas por al menos 65.000 miembros que operan en barrios y comunidades populosas para realizar actividades de narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En pocos meses, dijo el gobierno, el plan iba viento en popa. Aunque el Ejecutivo se resiste a revelar detalles de éste argumentando que la difusión de información podría vulnerarlo, se informó que gracias al despliegue de policías y militares en diversas zonas del país se “recuperaron” territorios en los 17 municipios con mayor criminalidad, se tomó el control de las cárceles con gran influencia de las pandillas y se interrumpió el financiamiento al crimen organizado. Asimismo, se invirtió en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Cuando Bukele fue juramentado se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
Enero cerró como el mes menos sangriento desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, con un registro de 119 homicidios, un promedio de 3,8 diarios. Soyapango, uno de los municipios más populosos, con gran presencia de pandilleros y con altos índice de criminalidad en los últimos años, no registró ningún homicidio en el mes pasado.
Para el consultor en Seguridad Ciudadana y Tácticas Policiales, Luis Contreras, dijo a la AP que lo que ocurre en Soyapango “se conoce en seguridad como desplazamiento del delito” y podría obedecer a que las pandillas hayan migrado a otras zonas “o estén acorralados” por la presencia permanente de las fuerzas de seguridad.
“Sin lugar a duda hay una disminución en los homicidios, pero también en los delitos contra el patrimonio y esto es por la efectividad de la operatividad que existe de la policía y las fuerzas armadas”, agregó por su parte Ricardo Sosa, un criminólogo especialista en temas de seguridad y pandillas.
La presencia del ejército en el Congreso recibió un sinnúmero de críticas dentro y fuera del país, y la misma semana la Corte Suprema le ordenó a Bukele que dejara de utilizar a las fuerzas armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
El mandatario dijo que acataría la orden.
Lo que el gobierno ha dicho sobre el préstamo -para combatir la inseguridad- es que requiere 575,2 millones de dólares para la implementación de las tres primeras fases de su plan entre 2019 y 2021. El dinero vendría del Fondo General de la nación, contribuciones especiales, donaciones y prestamos de organismos financieros internacionales.
La Comisión de Hacienda ya había avalado autorizar al gobierno para negociar un préstamo 109 millones de dólares, pero después la cúpula de los dos partidos mayoritarios -la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- anunciaron que retiraban su apoyo debido a que necesitaban más información de cómo se usaría el dinero. Y entonces la confrontación estalló.
Ahora, que los planes de seguridad del gobierno estarían el riesgo sin la aprobación que pide el mandatario, la pregunta es si esto afectará las cifras de violencia que venían a la baja.
Fuente: Diario las Américas
A pocos días de asumir, Bukele anunció su Plan Control Territorial para hacer frente a la violencia generada por las maras o pandillas, integradas por al menos 65.000 miembros que operan en barrios y comunidades populosas para realizar actividades de narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En pocos meses, dijo el gobierno, el plan iba viento en popa. Aunque el Ejecutivo se resiste a revelar detalles de éste argumentando que la difusión de información podría vulnerarlo, se informó que gracias al despliegue de policías y militares en diversas zonas del país se “recuperaron” territorios en los 17 municipios con mayor criminalidad, se tomó el control de las cárceles con gran influencia de las pandillas y se interrumpió el financiamiento al crimen organizado. Asimismo, se invirtió en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Cuando Bukele fue juramentado se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
Enero cerró como el mes menos sangriento desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, con un registro de 119 homicidios, un promedio de 3,8 diarios. Soyapango, uno de los municipios más populosos, con gran presencia de pandilleros y con altos índice de criminalidad en los últimos años, no registró ningún homicidio en el mes pasado.
Para el consultor en Seguridad Ciudadana y Tácticas Policiales, Luis Contreras, dijo a la AP que lo que ocurre en Soyapango “se conoce en seguridad como desplazamiento del delito” y podría obedecer a que las pandillas hayan migrado a otras zonas “o estén acorralados” por la presencia permanente de las fuerzas de seguridad.
“Sin lugar a duda hay una disminución en los homicidios, pero también en los delitos contra el patrimonio y esto es por la efectividad de la operatividad que existe de la policía y las fuerzas armadas”, agregó por su parte Ricardo Sosa, un criminólogo especialista en temas de seguridad y pandillas.
La presencia del ejército en el Congreso recibió un sinnúmero de críticas dentro y fuera del país, y la misma semana la Corte Suprema le ordenó a Bukele que dejara de utilizar a las fuerzas armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
El mandatario dijo que acataría la orden.
Lo que el gobierno ha dicho sobre el préstamo -para combatir la inseguridad- es que requiere 575,2 millones de dólares para la implementación de las tres primeras fases de su plan entre 2019 y 2021. El dinero vendría del Fondo General de la nación, contribuciones especiales, donaciones y prestamos de organismos financieros internacionales.
La Comisión de Hacienda ya había avalado autorizar al gobierno para negociar un préstamo 109 millones de dólares, pero después la cúpula de los dos partidos mayoritarios -la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- anunciaron que retiraban su apoyo debido a que necesitaban más información de cómo se usaría el dinero. Y entonces la confrontación estalló.
Ahora, que los planes de seguridad del gobierno estarían el riesgo sin la aprobación que pide el mandatario, la pregunta es si esto afectará las cifras de violencia que venían a la baja.
Fuente: Diario las Américas