La reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta cierra el primer capítulo de una larga batalla contra la corrupción que una importante porción de la sociedad argentina libra hace tiempo sin grandes resultados, hasta hoy. Porque resulta importante recordar que esta denuncia data del año 2004. Casi 20 años tuvieron que pasar para lograr una reacción judicial.
Durante los últimos tres años Cristina Kirchner fue sometida a juicio tras ser acusada de liderar una organización delictiva dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo. Se le imputaron varios cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Los mencionados delitos prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión. Tras la suma de ambos el fiscal pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la actual vicepresidente argentina.
La causa
Se la acusó de favorecer con 51 licitaciones de obra pública al empresario Lázaro Báez, un exempleado bancario, amigo de Néstor Kirchner (de quien se sospecha ha sido su testaferro), que actualmente posee una fortuna expresada en millones de dólares y que fue procesado por lavado de activos, cargo que también recayó sobre sus hijos, directores de varias de sus empresas. Según la acusación de la justicia argentina, Báez acumuló, en menos de 20 años, 293 propiedades en todo el país y 25 estancias que totalizan 415.000 hectáreas de tierras, muchas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, lugar de donde es oriundo Néstor Kirchner. «El grupo que lidera Báez compró el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires» dijo el fiscal Luciani en su exposición, antes de pedir su condena. Los datos aportados por la causa indican que el monto con el cual Lázaro Báez fue beneficiado asciende a 46.000 millones de pesos y el escándalo adicional es que esas obras, pagadas en su totalidad y por adelantado, nunca fueron terminadas.
La corrupción y la utilización del estado para beneficio particular es una constante del último siglo en la Argentina. Si bien la Unión Cívica Radical, fuerza política de gran peso en las primeras décadas del Siglo XX, dio impulso a un proceso de ampliación del estado, fue Juan Domingo Perón quien modificó definitivamente las políticas públicas hasta otorgarle al país un perfil fuertemente asistencialista con marcada injerencia del estado en la vida de los ciudadanos. Ese proceso, que tuvo su auge a partir de 1930, no se detendría nunca más. Y el estado grande siempre es una buena noticia para la arbitrariedad del burócrata. De esa manera, comenzó la decadencia argentina que, a partir de entonces, desanduvo el camino de crecimiento, desarrollo y educación que había transformado a la Argentina en uno de los países más desarrollados del planeta.
Un hecho histórico inédito
La Argentina se enfrenta a un hecho histórico e inédito de enorme gravedad institucional: tener una funcionaria condenada por la Justicia en ejercicio de la vicepresidencia de la nación. Por supuesto, se trata del comienzo; quedan aún dos instancias de apelación más de las que seguramente Cristina Kirchner hará uso. Pero también es cierto que habrá un antes y un después del martes 6 de diciembre de 2022 en la República Argentina. Hasta esa fecha, salvo casos aislados, poder político e impunidad habían sido sinónimos. La reciente condena puede significar una bisagra.
Mientras tanto y cuando las pruebas de la corrupción abruman, el peronismo como fuerza política aún gravitante en la realidad argentina, atraviesa un momento por lo menos incómodo. Cristina Kirchner, a pesar de las denuncias que acumula y de su descrédito personal, sigue siendo la figura partidaria más convocante. Las encuestas le reconocen entre 20 y 30% de intención de voto, no necesariamente «transferibles» por lo que su partido está obligado a reconocer su liderazgo y guardar para ella una candidatura de cara a las elecciones del año próximo. Sin embargo, la vicepresidente, apenas conocido el fallo, anunció que abandonará la carrera por cargos electivos. Eso pone a su fuerza política en una dura encrucijada. Y ante la posibilidad concreta de una diáspora de sus votantes.
La situación de Alberto Fernández
Mientras tanto, el presidente de la nación, Alberto Fernández, padece una suerte de ambivalencia entre apartarse de la funcionaria condenada y continuar rindiéndole fidelidad. En la tarde anterior a la lectura del veredicto habló por cadena nacional; criticó con dureza a la justicia y sembró un manto de sospechas sobre su independencia. Para el caso, se trata del mismo reclamo que le hizo la ciudadanía a ese otro poder del estado en tiempos de kirchnerismo fuerte.
Sin duda, la justicia argentina no ha sido indiferente a los vaivenes de la política. «Tiempista» se le suele decir porque avanza o «duerme» expedientes al son del momento político que el país atraviesa. Pero su manifiesta debilidad para enfrentar los embates externos o inclusive, en algún caso, hasta su falta de independencia, no convierten en inocente a Cristina Kirchner ni invalidan las pruebas en su contra. Es probable, los hechos lo demuestran, que esta condena no hubiese sido posible cuando su peso político era gravitante; sin embargo, ninguno de estos condicionantes la hacen menos culpable.
Cristina Kirchner ha sido condenada por corrupción. El proceso seguirá el curso legal de apelaciones. Falta mucho para que la última palabra sea dicha. Sin embargo, el país ha encontrado una senda imprescindible y la población entiende que la República Argentina es un poco mejor a partir de ahora.