Si el 2021 representó el año de la esperanza en Cuba, tras las históricas movilizaciones del 11-J, y el 2022 entraña la desembocadura natural de esa tendencia, con unas protestas por servicios básicos que no cesaron -pese a la criminal represión-, el 2023 cierra en medio de una gigantesca crisis económica que ha llevado al directorio de la Revolución a optar por el cambio de timón más agresivo experimentado en la nación hispanoamericana desde la era del infausto «período especial», a finales de los ochenta.
Pese a que hablar de la situación promedio de los cubanos es contar una historia de tragedias que se extiende ya por más de seis décadas, el año que recién culmina ha dejado un retroceso absoluto en las condiciones de vida de los pobladores de la isla.
Para más señas, al día de hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) estima que el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema, con lo que este grupo social habría crecido un 13% durante 2023.
Tras el fracaso de los vaivenes de las políticas económicas del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, la tiranía ha decidido que pondrá fin a los subsidios universales hasta ahora aplicados en la nación hispana. Estos se han hechomundialmente conocidos por contemplar incluso la utilización de una tarjeta que prevé el reparto de alimentos cada cierto tiempo a los cubanos, mediante la famosa «libreta de racionamiento» vigente desde 1963.
Así, Díaz-Canel y los suyos han anunciado al país que en lo inmediato Cuba será sometida a un duro programa de ajustes que contempla las subidas de las tarifas de la electricidad, el combustible, el agua potable y otros servicios públicos, dejando atrás la era de las subvenciones.
Previamente la dictadura ha achacado la carestía de bienes y servicios generalizada a la que está sometida la isla a problemas de productividad de la economía local, pero también -para variar- a la imposibilidad de tener euros suficientes para importar la gran cantidad de productos que requiere el mercado local para abastecerse; todo ello en medio de los típicos reclamos contra el supuesto «bloqueo económico» que mantiene Estados Unidos sobre el régimen desde hace décadas.
«No es justo que reciban lo mismo los que mucho tienen que los que muy poco tienen. Hoy nosotros le subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero«, dijo recientemente el primer ministro cubano Manuel Marrero sobre el plan de choque que está por venir.
Actualmente el salario mínimo mensual oficial en Cuba es de poco más de 7,40 euros, en un contexto en el que la dictadura ha admitido la contracción del PIB de la isla durante 2023. La inflación, un flagelo que pulveriza los ya de por sí escasos recursos con los que cuentan los cubanos, se ha ubicado en torno al 30% al cierre de 2023.
En medio de todo ello la situación en materia de Derechos Humanos en el país sigue deteriorándose. La oenegé Prisoners Defenders cifró a finales de noviembre el número de presos políticos en 1.062, con una tendencia mostrada por la dictadura a encarcelar a un promedio de 15 personas nuevas durante cada mes.
Dentro de ese grupo de prisioneros hay al menos 34 que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad, ratificándose además la tendencia de la tiranía a ejecutar juicios sumarios en los que varios detenidos son agrupados en un mismo «caso», para despacharlos mediante mecanismos de «justicia» exprés.
A más de 200 de estos presos se les han impuesto penas mayores a los 10 años de cárcel, argumentándose buena parte de las veces que estaban incursos en el delito de «sedición».
Las cuentas del OCDH arrojan que desde 2018 la maquinaria represora castrista ha apresado a cerca 11.000 cubanos de manera arbitraria.